El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habían sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a “consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico”.
La decisión, anunciada por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comité de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre.
Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas y orquestadas por la secretaría general de la OEA, que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.
Una eventual segunda vuelta se realizaría el 29 de noviembre y una toma de posesión de las nuevas autoridades en diciembre.
El ente comicial justificó la modificación, por tercera vez, de la realización de las elecciones debido a la crisis sanitaria agravada por la pandemia de la Covid-19 en el país. La fecha original estaba prevista para el 3 de mayo, se pospuso para el 2 de agosto y luego para el 6 de septiembre, antes de la decisión ahora de realizarlas el 18 de octubre de este año.
Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estaounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.
Sin embargo, las movilizaciones de los sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien públicamente contra la mala gestión del Gobierno, el que prácticamente ha dejado abandonada a la población frente a la pandemia, señala el analista Eduardo Paz Rada.
Un nuevo golpe llevaría a una situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de 30 personas y quedaron heridas cerca de un millar. A partir de ese momento se produjo también la persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.
La crisis económica ha dejado sin trabajo a más del 20% de la población económicamente activa, la recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión pública y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos médicos y en las empresas estatales Entel e YPFB, entre otros.
Paz Rada señala que el discurso de ministros, autoridades y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas eran “ignorantes” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad.
Más aún, la propia autoproclamada presidenta, Jeannine Áñez, tiene coronavirus y gobierna desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas autoridades tienen pruebas de contagio, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención especializada, de las que carece la población
La autoridad electoral afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales.
La decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y ultraderecha. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población “no sienta peligro”. Los que sienten peligro de ser expulsados por el voto son los golpistas.
El depuesto presidente Evo Morales, habló de un “nuevo golpe a la democracia” y dijo que la postergación de la fecha de elecciones, ilegal e inconstitucional, solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual”.
Añadió que el único órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, escribió Morales en Twitter donde reafirmó que el anuncio del TSE fue unilateral. Denunció que el gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sin embargo, desde hace varios días, varias organizaciones políticas alertan que son argucias para prolongar la permanencia en el poder de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y evitar un eventual regreso al gobierno del MAS con el candidato Luis Arce.
Mientras, las organizaciones populares coordinadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que reúne a campesinos, indígenas, mujeres y vecinos de los barrios marginales de las grandes ciudades, se movilizan y luchan por la supervivencia cotidiana, la recuperación de la democracia y la realización inmediata de los comicios.
Diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y de JUNTOS, la presidenta de facto Jeannine Áñez y Samuel Doria Medina.
Luis Arce hizo referencias a una encuesta interna del MAS que le daba una importante ventaja electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han comenzado una acción con el objetivo de que el TSE anule la personería jurídica del MAS y no participe de los comicios después que no pudieron sustentar y comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando ganó las elecciones Evo Morales en primera vuelta.
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