El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso inicia su segundo año de gobierno con un país inmerso en una crisis generalizada, acrecentada ahora por el paro nacional indefinido convocado por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al que se unen otras fuerzas sociales que buscan respuestas a sus demandas.
En un ambiente caldeado por las manifestaciones públicas reprimidas por organismos militares, continúan los bloqueos de carreteras, la paralización de los transportistas de cargas pesadas, escuelas cerradas, estudiantes en las calles. El mandatario se vio forzado a un llamado al diálogo con las organizaciones rebeldes, que todavía no tenía respuesta este viernes último.
Como en otras ocasiones, Lasso indicó que delegados de la iglesia Católica, Naciones Unidas y universidades están en disposición de mediar con los grupos movilizados, en aras de encontrar, dijo, una solución pacífica, aunque también advirtió que mantendrá la actuación de los organismos represivos.
Sin embargo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, líder de la confederación y de las movilizaciones, respondió que el Ejecutivo ¨no ofrece garantías para entablar tratativas porque en el último año no atendió las demandas de la población indígena¨.
- Consulte además: Crisis en Ecuador (+Audio)
A principios de esta semana, Iza fue detenido durante 24 horas y luego puesto en libertad condicional, bajo medidas cautelares. Tras ser liberado, gracias a la presión popular, declaró que su aprehensión fue un acto de persecución política. "Nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de forma ilegal. Nos podrán detener físicamente, pero jamás a nuestras ideas, ni muestro espíritu, tampoco nuestra dignidad. Querrán matarnos, pero no matarán nuestros sueños".
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, llama a la ciudadanía al paro nacional contra el mandatario Guillermo Lasso (Foto: Tomada de El Universo)
En diciembre último, luego del inicio de conversaciones fallidas con el movimiento indígena, Lasso tildó de "anarquista" al titular de la Conaie y afirmó que lo enfrentaría "con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública"; y añadió que "quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí afectada por la pandemia", deben terminar "con sus huesos en la cárcel¨.
DEMANDAS INDÍGENAS
La Conaie presentó al mandatario un pliego de diez demandas, desde hace casi un año, de cuyo cumplimiento depende el retorno a la normalidad del llamado país meridiano del mundo.
Los planteamientos son: Reducción y no más subida del precio de los combustibles; Moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 000 000 de familias; Precios justos en los productos del campo; Empleo y derechos laborales; Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera; Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, entre otros; Suspensión de la privatización de los sectores estratégicos: Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; Salud y educación; Acciones y políticas públicas efectivas para frenar violencia urbana y rural.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) se movilizó esta última semana en las 24 provincias del país para denunciar al gobierno ante la demora en la implementación de la equiparación salarial y la normativa que la refrenda, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Al paro indefinido también se unieron la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que hizo un llamado a sus miembros para fortalecer la protesta en los distintos territorios de la nación, además de centenares de transportistas de carga pesada.
Los transportistas de carga pesada mantienen bloqueadas las principales vías de acceso a Quito, la capital.(Foto: Tomada de Rebelión)
En este contexto –luego del reciente escándalo de las cinco masacres en cárceles ecuatorianas con saldo de 280 prisioneros fallecidos- el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos pedidos para destituir a Lasso y uno contra su vicepresidente, Alfredo Borrero.
El secretario general del CNE, Santiago Vallejo, informó el pasado martes a medios de prensa el inicio del plazo de dos semanas del cual dispone el Pleno de esa autoridad para decidir si entrega los formularios de recolección de firmas para validar el proceso presentado por la Coordinadora Popular por la Revocatoria (CPR) contra las dos autoridades.
Ambos están acusados por incumplimiento del plan de gobierno presentado a principios de su mandato. La CPR afirmó que tanto Lasso como Borrero prometieron, juraron y luego mintieron a los ecuatorianos, según confirma el informe de su primer año de gestión, rendido al Congreso Nacional el pasado 24 de mayo.
Lasso, un político del derechista Partido Social Cristiano (PDC) y banquero millonario, trató de engañar a la ciudadanía ecuatoriana con un discurso populista, aprovechando además el fracaso de la gobernanza del mandatario Lenin Moreno, un traidor a la Revolución Ciudadana que implantó el neoliberalismo y se vendió a la oligarquía local. Pero el relevo de Moreno hasta ahora hace lo contrario a lo prometido en su campaña electoral.
Ofreció no aumentar impuestos, y lo hizo. Dijo que mejoraría el sistema de entrega de cupos para la educación superior, pero en mayo pasado el secretario de Educación Superior confirmo que 85 000 jóvenes no podrían acceder a una universidad o un instituto superior este año.
El presidente dijo que garantizaría derechos a las mujeres y vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación para establecer plazos tan reducidos que dificultan el acceso a un aborto a las víctimas.
En su accidentado primer año gubernamental, donde apareció vinculado al escándalo de los Papeles de Panamá, demostró incapacidad para establecer acuerdos políticos en la Asamblea Nacional y en especial con el PDC que lo elevó al Palacio de Carondolet.
Los índices de inseguridad y violencia son altos en la actualidad: entre enero y mayo de 2022 se contabilizaron 1 490 crímenes violentos (asesinato, homicidio, feminicidio y sicariato). Eso significa que cada día, en promedio, 14 personas fallecen de manera violenta en la nación suramericana.
El mandatario ha decretado estados de excepción en las provincias más conflictivas, donde han ocurrido sucesos nunca antes visto en ese país, como explosiones de coches bombas, denuncias de extorsión y amenazas de muerte y atentados a propietarios de locales comerciales en zonas fronterizas con Colombia.
Quito, la capital, es escenario de balaceras y aumentaron allí un 28% los crímenes violentos respecto al 2021, y los asaltos se han duplicado.
El gobierno carece de respuestas para frenar los ataques contra la ciudadanía, pero ese es otro de sus problemas, pues también hay una crisis profunda en el sistema de salud pública y de educación.
Agobiante es para la población el tema sanitario. Luego de anotarse un éxito en el proceso de vacunación contra la COVID-19, el deterioro en la atención de los hospitales públicos es evidente: despidos de médicos que dirigieron esos centros durante la pandemia y denuncias por carencia de medicina e insumos, lo que impide cirugías a niños o falta de atención a enfermos de cáncer. En un solo hospital hay una lista de 847 pacientes en espera de ser atendidos.
Los defensores del medio ambiente tampoco dan tregua a Lasso, a quien señalan por irrespetar la Constitución Nacional que garantiza derechos a la naturaleza. El jefe de gobierno prometió, por el contrario, ¨extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, sin otras consideraciones.
Y aunque los indicadores económicos son esperanzadores, ya que se proyecta por el Banco Central un crecimiento de 2,8% para este año, seis de cada 10 ecuatorianos trabajan sin pago de horas extras.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas el 32,5 % de los ecuatorianos tiene "empleo adecuado" y 23,9 % es subempleado; mientras que la pobreza a nivel nacional llega al 27,7 % y la pobreza extrema a 10,5 por ciento.
En su evidente desacierto político, el mandatario acusa casi de continuo al líder del PSC y antiguo aliado Jaime Nebot, al expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana y antecesor de Moreno, y a Iza, de fomentar un golpe de Estado en su contra.
Iza, la figura más importante del movimiento indígena, fue detenido durante 24 horas esta semana, pero una jueza decretó su libertad por falta de pruebas.
Ecuador posee 17 093 159 habitantes, de los cuales más de un 1 300 000 son indígenas organizados en 14 nacionalidades. El 71,9% de la población es mestiza (mezcla de amerindios y blancos), y el 7,4% montubio, nombre que recibe el campesino de la costa ecuatoriana.
Esta puja entre el Ejecutivo y distintos sectores ciudadanos puede terminar con distintos derroteros. Es posible que Lasso, que siempre anda en medio de complejas situaciones, intente apagar el fuego con alguna medida coyuntural, solo para apaciguar los ánimos.
O que, como prometió Iza, Ecuador mantenga su paro indefinido y el Ejecutivo tenga que ceder en alguno de los diez puntos planteados por la Conaie. Pero entonces el sistema neoliberal impuesto por la derecha sufriría daños en su imagen que debilitarían aun más al jefe de gobierno, sostenido, según analistas, por finos lazos.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.