Moreno hunde a Ecuador cada vez más

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno reforzó, una vez más sin pudor alguno ante la tragedia originada en su país por el COVID-19, el sistema neoliberal en una nación que tenía 38 571 personas contagiadas y 5 453 fallecidos hasta el día 30 de mayo. Nada detiene a este impostor que ganó las elecciones gracias al apoyo de la izquierda.

Tampoco al pueblo lo paraliza la pandemia y de nuevo se unió en las calles de 18 ciudades para dar una contundente respuesta al último paquete de reformas económicas destinadas a aplastar aun más a los pobres, ya atenazados por el dolor de perder a sus seres queridos por falta de respaldo oficial.

Los movilizados buscaron las maneras para protegerse de la COVID-19, en lo que se considera una heroicidad al defender sus derechos en medio de un contagio masivo de la enfermedad.

Moreno, quien cumplió tres años al frente del gobierno el pasado 24 de mayo gracias al partido de izquierda Alianza País fundado por el expresidente Rafael Correa y al cual reconocía como propio, dio un vuelco de 180 grados a la derecha cuando inició una agenda de corte liberal con la que no coinciden las principales agremiaciones políticas y sociales ecuatorianas.

Este individuo, que fue vicepresidente de Correa durante seis años, demostró, según coinciden analistas de América Latina, que era un político disfrazado de una ideología que evidentemente nunca practicó. Aunque hizo un buen trabajo a favor de las personas discapacitadas como él durante ese tiempo, en la actualidad este grupo social de impedidos físicos es ahora uno de los más perjudicados por su actitud a favor del capitalismo interno y foráneo.

Una de sus primeras disposiciones fue la destrucción de su Ejecutivo, integrado por figuras de Revolución Ciudadana —entre ellos su vice Jorge Glas, en prisión por presunta corrupción— y lanzó una guerra judicial contra los principales líderes progresistas de Ecuador, entre ellos Correa, condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Al mejor estilo de las guerras sucias libradas por jueces y magistrados de Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, para desprestigiar y sacar de circulación a líderes de izquierda, este aliado de Estados Unidos (EE.UU.) en Suramérica sustituyó a sus antiguos compañeros de Alianza País por personeros de la derecha, a quienes entregó distintos cargos. Moreno devino la cabeza de un régimen de crueldad, tras el cual asomó la traición.

El mandatario se dio un autogolpe “blando”, un concepto creado por el politólogo estadounidense Gene Sharp que lo desarrolló para brindar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de su país alternativas a la ocupación militar, que en determinados contextos tenían un costo muy elevado ante la opinión pública internacional.

Eliminó a sus enemigos de clase e impuso una política económica solo conocida durante los anteriores gobiernos unidos a la Casa Blanca y todos disueltos por la voluntad popular que los sacó del Palacio de Quemado bajo la ley de la protesta pública.

Uno de los asuntos que indigna a la población ecuatoriana es que, siguiendo instrucciones de la oligarquía nacional, el mandatario destruyó la estructura de institucionalidad integracionista formada durante la década de gobierno de Correa, quien trató de crear una nueva sociedad en el país, dándole oportunidad a la gente más humilde. En 10 años fueron construidas por el Estado igual número de universidades.

Moreno acabó con todo. Tanto es su entreguismo a la Casa Blanca que cerró en Quito la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) —en cuya creación participó— y literalmente sacó del país a la delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que inició conversaciones de paz en esa nación con el gobierno de Iván Duque.

Luego no renovó los contratos de colaboración médica que había firmado con Cuba. En estos momentos muchos se preguntan cuánto hubiera ayudado la presencia de los sanitarios cubanos en el perdido combate que su régimen libra contra la COVID-19.

Desde que asumió, Moreno —quien es acusado de corrupción por la compra de una residencia a una de sus hijas en Cataluña, España— hizo una declaración de intenciones cuando introdujo una serie de reformas económicas que atentan contra la clase trabajadora, entre ellas la flexibilización de la legislación laboral, beneficios fiscales para grandes empresas, limitación de la inversión pública a un 3 % anual y la exoneración de pago por la salida de divisas a multinacionales extranjeras.

Este señor, que evidentemente carece de escrúpulos, aprovechó la situación que se vive en la nación meridiana del mundo para, creyendo que la gente no rompería la cuarentena por la pandemia, dictar un nuevo grupo de medidas en busca de resucitar, a su manera, la descompuesta economía nacional endeudada, además, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Creyó que la enfermedad sería su escudo de protección contra la ira popular.

Ocurrió lo contrario. El pasado día 19 informó sobre 8 000 nuevos despidos y reducción de salarios en el sector público y la liquidación de siete empresas del Estado, entre ellas ferrocarriles, correos, la aerolínea TAME y otros medios públicos

Aun en medio de la pandemia, con los cadáveres de contagiados por la COVID-19 en las calles por carencia de vehículos para recogerlos, y colapsado el servicio médico, el régimen de derecha se atrevió a reducir el 25 % del salario de los trabajadores de la educación, con lo cual lanzó otro zarpazo a ese sector cuya estabilidad laboral está en riesgo.

El escándalo de lo ocurrido en Guayaquil por la inoperancia gubernamental es tan grave que la vicedefensora del Pueblo, Zaira Rovira Jurado, solicitó que se declare la vulneración de parte del Estado ecuatoriano y varias entidades del Ejecutivo, de “los derechos constitucionales a la dignidad humana (…) y seguridad jurídica de las familias que aún no pueden localizar los restos de sus parientes”.

MORENO SIGUE SU LLAMADO PLAN DE AUSTERIDAD

Durante un pronunciamiento televisivo el pasado marzo, el jefe de Estado destacó un nuevo plan de austeridad.

Anunció que decretaba una reforma laboral, el despido de 23 000 trabajadores del Estado, la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para empleados públicos y la eliminación de los subsidios a los combustibles.

“Se elimina la Secretaría de Juventudes, cuatro Agencias de Regulación y Control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos”, indicó entonces.

Reiteró que se mantendrán las medidas económicas tomadas en el año 2019 y argumentó que “los servidores públicos aportarán de forma temporal un pequeño porcentaje de su salario”.

Con el anuncio del pasado 19 de mayo de otro grupo de reformas, Moreno se expuso de nuevo a la ira pública. En octubre, las organizaciones políticas y sociales de Ecuador realizaron un paro general de 11 días, tras los cuales el dignatario se vio obligado a derogar sus planes.

En esta nueva arremetida advirtió que reformulará la deuda externa con organizaciones financieras internacionales, que ofrecen, dijo, “mejores tasas y condiciones” por un monto de 2 000 millones de dólares.

Anunció el incremento de las retenciones en las fuentes de impuestos a la renta en 0.75 por ciento, entre los que se incluyen el sector bancario, petrolero y telecomunicaciones.

El recorte de gasto público asciende a más de 4 000 millones de dólares, de los cuales 980 000 000 corresponden al pago de salarios de funcionarios; 400 000 000 a bienes y servicios; y 1 300 000 000 a gasto de capital.

Pero la respuesta de distintos sectores sociales no se hizo esperar. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), una de las organizaciones que convocó a las marchas, se pronunció en su cuenta de Twitter, en la que advirtió que en 18 ciudades protestaron “en contra de los despidos y las leyes del atraco y la esclavitud”. Su reprobación era, aseguró, también contra el recorte del presupuesto de la Educación, la defensa de la Seguridad Social y la Salud.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) denunció que la privatización de empresas públicas y el pago de la deuda que contrajo con el FMI “atenaza más el presupuesto nacional y no puede quedar sin respuesta”.

También la Unión Nacional de Educadores (UNE) cuestionó la eliminación de los subsidios en la gasolina y el diésel mediante la implementación del sistema de bandas de precios que impuso el Estado en octubre del pasado año.

El presidente de la UNE en Pichincha, una de las ciudades más importantes del país, recordó que el precio del combustible se fijó en base al del petróleo. “Ahora no se siente porque el diesel está en baja, pero cuando suba elevará el precio de la gasolina, y en cadena sube todo lo demás”, advirtió.

Al reciente “paquetazo” gubernamental también se opusieron las organizaciones indígenas, que salieron en protesta pública con los nasobucos puestos como medio de protección. “Va a haber un estallido social de gran magnitud en cualquier momento”, indicó el dirigente indígena Leónidas Iza.

La “larga noche neoliberal”, como calificó Correa los años de los regímenes antidemocráticos, regresó a Ecuador andando en un sillón de ruedas.