Aunque tenía muchos inconvenientes en el camino, el referendo revocatorio que ratificó al presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra que México hace historia al poder cambiar a quien mal gobierne. Pero es solo, empero, una expresión más de las reformas en pauta, la de energía y la electoral, entre otras, las cuales darán un vuelco a la democracia participativa.
El resultado —unos 16 millones de votantes— pudo ser mejor, pero los factores negativos plantados por el Instituto Nacional Electoral (INE), un evidente títere de los partidos tradicionales, trabajaron —y así lo denunciaron las autoridades nacionales—, a favor de la derecha al impedir la votación reguladora.
El INE, que cuenta con un alto presupuesto, instaló sólo la tercera parte de las casillas requeridas y en lugares alejados de los votantes; apenas hicieron promoción de los comicios aunque la Constitución Nacional lo obliga a ello; y escogió el Domingo de Ramos, inicio de la llamada Semana Santa, cuando la mayoría de los mexicanos acostumbran vacacionar o se dedican a la práctica religiosa. El INE pudo determinar una fecha más adecuada, por lo que su propósito de evitar el sufragio quedó en evidencia.
Analistas consideran que si 56 465 casillas captaron 16 millones 500 votos, de haberse instalado las 150 684 —cifra empleada en la elección presidencial de 2018— hubieran atraído 44 millones de votos.
Aun con esos imponderables en contra, el ejercicio del pasado domingo fortaleció la democracia participativa en una nación de poco más de 126 000 000 de habitantes, acostumbrados a votar por candidatos impuestos por partidos políticos considerados corruptos que actúan a favor de la clase parasitaria.
El disgusto popular por la actitud del INE se ha expresado mediante los sindicatos y movimientos sociales y pueblos indígenas, a los que no se tomaron en cuenta para el sufragio. Aun así, López Obrador ganó el revocatorio, aunque por las cifras no es vinculante, pero gobernará hasta 2024 con una cartera repleta de cambios y reformas políticas.
Tras el revocatorio presidencial, los mexicanos participarán en la votación de otras reformas en sectores fundamentales. (Tomada de Telesur)
Al meditar sobre la votación, el presidente, beneficiado por más de 15 000 000 de boletas, destacó que “la gente actuó con mucha responsabilidad (…). Estamos ante un hecho histórico, inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, que siga o se vaya, reafirmando que es el pueblo el que manda (…) y ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa, sino de democracia participativa”.
LO QUE SE VIENE AHORA
Llamado AMLO (acrónimo de su nombre) por la población, el mandatario tabasqueño tiene importantes estrategias para que cuando traspase su cargo México sea diferente, transparente y democrático en el plano político, que es una de sus grandes preocupaciones hasta ahora.
En estos momentos, el gobierno libra una batalla en el Congreso Nacional para que sea aprobada la reforma constitucional en materia eléctrica, la cual pondera el rol de la empresa estatal Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, contra la apropiación de ese producto básico por empresas trasnacionales, en especial de Estados Unidos (EE.UU.).
La reforma eléctrica, en discusión en el Congreso Nacional, pondera las empresas mexicanas del sector. (Tomada de Telesur)
En una de sus acápites, la ley enviada por AMLO al Legislativo determina que el Estado mexicano contará con el 54 % de la propiedad sobre el crudo y la empresa privada el 46 por ciento.
Considerada la reforma más debatida en la historia parlamentaria local, la oposición política mayormente representada por los conservadores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional, desencadenó una defensa cerrada de empresas extranjeras que controlan el sector eléctrico.
El izquierdista partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por AMLO, denunció que trasnacionales de energía y empresarios mexicanos contrarios al Gobierno financian y apoyan a actores independientes que operan desde distintos espacios para bloquear la reforma eléctrica o limitar su alcance.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora en George Mason University, reveló en la revista El Cotidiano las relaciones de analistas, consultorías y hasta medios de comunicación con la reforma de 2013 del exmandatario Enrique Peña Nieto, que entregó ese recurso a empresas extranjeras.
Correa-Cabrera citó a grandes grupos de poder económico y político como BlackRock, Vanguard, IMCO o México Evalúa, a los que no conviene la aprobación de la reforma y actúan formal o informalmente como cabilderos de trasnacionales y empresarios mexicanos.
Amén de los resultados legislativos, una reciente encuesta de una empresa privada revela que el 80 % de los consultados considera que la reforma eléctrica constituye un avance económico y social para el país.
Sondeos anteriores indican igualmente que es minoritaria la oposición de la ciudadanía a la reforma eléctrica: apenas el 22 %. De modo que en este caso particular la proporción entre apoyo y rechazo es de 4 a 1.
El mandatario tiene previsto el futuro escenario de las reformas. Si pierde en el Congreso Nacional la iniciativa de la electricidad, de inmediato enviará a los legisladores una propuesta para reformar la Ley Minera para proteger el litio y no entregarlo ni a particulares ni a extranjeros, como desea la oposición, según anunció en una reciente conferencia de prensa matutina.
En el caso de ese mineral llamado “del futuro” no hacen falta —como en la reforma eléctrica— las dos terceras partes, sino mayoría simple.
Para el gobierno resultó favorable la decisión de la Suprema Corte de Justicia de reconocer la constitucionalidad de esta reforma, ya que colabora mucho al futuro desarrollo de hidroeléctricas y energía limpia y barata, sin aumentar las tarifas de la electricidad.
Economistas consideran que el litio debe pertenecer al Estado, ya que es un elemento natural estratégico para el desarrollo independiente de los países.
REFORMA ELECTORAL
El reciente revocatorio presidencial demostró la necesidad —ya advertida por AMLO— de una reforma electoral, que permita cambios en el INE, un ente cuyos miembros son señalados como peones de los partidos conservadores y las grandes empresas capitalistas, incluyendo las extranjeras.
El presidente informó en uno de sus diarios encuentros matinales con la prensa, que si se aprueba su iniciativa de reforma electoral el pueblo será el que elija a los consejeros del INE, y a los integrantes del Tribunal Electoral para que sea constituido, precisó, un consejo confiable.
En opinión de AMLO, los actuales miembros del ente que organiza los comicios mexicanos representan grupos de interés creados. Serán cambiados, afirmó, por auténticos y verdaderos ciudadanos.
Una de las novedades de la reforma electoral, ahora en análisis, sería la introducción del voto electrónico que, se espera, pueda efectuarse cuando haya los necesarios cambios en el INE y otras instancias.
México, guiado por AMLO, está escribiendo una nueva historia. Un legado que impedirá que políticos como los que le antecedieron en las últimas décadas jamás pongan sus pies en el Palacio Nacional.
El pueblo acabó el pasado domingo con la impunidad y tiene como arma de defensa el revocatorio que evita, si fuera necesario, sexenios perdidos en la vida política mexicana. Como ocurrió hasta ahora.
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