México: entre el dolor y la esperanza

La desaparición de 43 jóvenes estudiantes en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, desde hace más de un mes, puso al desnudo la complicidad de las autoridades locales con grupos de la mafia organizada y las fuerzas del orden, un trío que siembra el terror en la mayoría de los estados de ese país norteño.

El rapto de los jóvenes normalistas ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando irrumpieron en Iguala en ómnibus, con el fin de protestar contra los malos manejos del alcalde municipal de Ayotnizapa,  José Luis Abarca Velásquez y su mujer. Ambos están prófugos de la justicia, mientras que el gobernador de Guerrero fue sustituido en el cargo, lo cual para una mayoría resulta insuficiente ante los trágicos acontecimientos.

La realidad es dolorosa, no solo para los familiares de los jóvenes, en su mayoría campesinos que pretendían ser maestros para mejorar la economía y servir a su comunidad, dada la precaria situación de los productores agrícolas en ese país, luego de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

En la búsqueda de los presuntos raptados por la policía por supuestas órdenes del Alcalde, y entregados luego a los mafiosos, - siempre según versiones de prensa- participan miles de personas, mientras la sociedad en su conjunto, en un gesto que rebasa a Guerrero, exige que se devuelva a los normalistas con vida.

El día del incidente, el ómnibus donde viajaban los futuros maestros que iban a Iguala fue tiroteado y, en el momento, quedaron sin vida seis personas, de ellos tres estudiantes y otras tres que nada tenían que ver con la movilización, 26 heridos y los 43 desaparecidos.

Ni siquiera la entrevista de cinco horas que sostuvieron los parientes de los desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto sofocó la ansiedad y la impotencia de estos humildes mexicanos, quienes al final del encuentro manifestaron a la prensa su insatisfacción por la respuesta gubernamental.

Este lunes, en una acción sin precedentes, 85 instituciones civiles encabezadas por el Consejo Estatal de Organizaciones de la Ciudad de México (CEO-CDMX) protagonizaron en Iguala la marcha 43 x 43, ni un desaparecido más, en solidaridad con la población de ese Estado situado en el noroeste del país.

Iguala es el punto de partida, pero según los organizadores de esta manifestación que irá incrementándose según pase por los 31 estados de la nación, el próximo domingo llegarán al Zócalo capitalino para presentar a Peña Nieto una propuesta ciudadana para la reforma del Estado, ahora –según analistas- dominado por las diferentes mafias y paramilitares, en contubernio con las autoridades del gobierno en sus diferentes niveles.

La convocatoria divulgada indica que la marcha "es parte del reclamo social por la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, una exigencia porque los presenten vivos y un apremio para que haya justicia".

El dirigente del CEO-CDMX, José Alcaraz, refirió a los periodistas que este movimiento “constituye un llamado de atención a la sociedad civil para organizarse y todos juntos generar un movimiento que obligue al Gobierno a darnos la paz y tranquilidad que nos debe hasta ahora".

Para Carlos Eduardo Pérez Ventura, otro de los líderes de la protesta ciudadana, la caminata por el país solo es el inicio de una acción superior para que la ciudadanía construya un México en paz, un deseo patentizado por el pueblo tras la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

La búsqueda de los 43 jóvenes destapó la Caja de Pandora en el municipio de Ayotzinapa, donde aparecieron decenas de fosas comunes con cadáveres hasta ahora sin identificar, lo que alienta la esperanza, en especial entre los familiares de las víctimas, de que no los hayan asesinado.

Las movilizaciones populares de este mes continuarán el próximo miércoles, en lo que constituye la tercera jornada nacional de protesta por el caso Iguala, a lo que se une un paro del sector de la educación y otra marcha en la capital mexicana.

Los estudiantes y profesores de la Asamblea Universitaria acordaron que realizarán una detención de las actividades docentes por 72 horas como otra acción colectiva en la jornada que se realiza en México en exigencia a la devolución de los jóvenes normalistas con vida, algo que algunos expertos consideran imposible debido al tiempo transcurrido desde la detención.

A estas protestas se suman las previstas para el 20 y el 30 de este mes, en que millares de estudiantes normalistas tomarán las calles donde existe este tipo de escuela formadora de maestros, mientras que los venideros 12, 13 y 14 de diciembre hay una convocatoria a una huelga general nacional.

Hasta ahora, las investigaciones oficiales carecen de  resultados, pues no existen pistas de los muchachos, aun cuando hay unos 10 mil efectivos federales que tratan de localizar su paradero por tierra y agua, apoyados por helicópteros.

De acuerdo con sus declaraciones, los padres y otros familiares de los chicos –a quienes el alcalde de Iguala calificó en su momento de terroristas- se niegan a participar en otra reunión con las autoridades nacionales mientras no haya pruebas concretas sobre el paradero de sus hijos.

La situación en México es tensa debido a la incapacidad del gobierno federal encabezado por Peña Nieto para evitar o resolver sucesos como este, que son cotidianos en el país, pero que permanecen ocultos en gran medida.

En su artículo “Querer tapar el sol con un dedo”, el  especialista Miguel Ángel Ferrer cuestiona el rol del gobierno mexicano.

En el análisis publicado en Rebelión, Ferrer señala: “Nadie ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de la República, ni la Policía Federal, ni el Cisén (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), ni la inteligencia militar, ni las célebres orejas de Gobernación, ni los soplones y madrinas a sueldo del gobierno, ni las diversas corporaciones policiacas del Distrito Federal, ni sus equivalentes de los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán, ni la nueva Gendarmería Nacional.

“Es tan inmenso el grado de ineptitud de todas esas dependencias gubernamentales, que hay lugar para la sospecha. ¿Es pura ineptitud, pura incapacidad? ¿Son igualmente torpes todos los funcionarios que en ellas trabajan? ¿No hay en México ni un solo buen policía? ¿No hay en todo el país siquiera un buen investigador, un solo buen criminalista? Parece absurdo que hasta los buenos soplones estén escaseando.”

En un intento por calmar el ánimo de la ciudadanía, que en buena medida se siente defraudada por la actitud gubernamental –tal es la autoridad de los grupos mafiosos en el Estado mexicano-, el gobierno detuvo a unos 50 policías considerados corruptos de los municipios de Iguala y Cocula, además de algunos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos que domina esa región.

Para analistas, como Ferrer, el gobierno federal, a estas alturas, ya debió solicitar la colaboración de expertos internacionales en la búsqueda de desaparecidos, incluso con entidades de Estados Unidos, como el Buró Federal de Investigaciones, con el que tiene firmados convenios, y la Agencia Central de Inteligencia, con una Estación en ese país.  “¿Es pura ineptitud o se trata de una gran operación de encubrimiento? Y si es encubrimiento, ¿quiénes son los encubridores? ¿Los jefes o los subalternos?”, se pregunta.

En México, según la ONU, el 95% de los delitos cometidos quedan impunes. Y entre esos delitos están la desaparición forzosa de personas, feminicidios, asesinatos cometidos por los grupos mafiosos que operan en el territorio nacional, y las autoridades locales, que o bien actúan contra determinados grupos de la sociedad o permiten las atrocidades.

En el periódico La Jornada Veracruz, el periodista Arsinoé Orihuela Ochoa  escribió que “la ecuación es más o menos la misma: allí donde comienza la vida de la empresa criminal, acaba el poder del Estado. En este sentido, el Estado es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, con base en las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad e ilegalidad”.

Fue el Estado, refiere Orihuela Ochoa en su análisis sobre la desaparición de los estudiantes normalistas por los que lucha el pueblo mexicano en su afán porque aparezcan con vida.