Mazazo contra fondos buitres

Argentina dio un mazazo a los fondos buitres (especulativos) defendidos por el juez Thomas Griesa, al presentar en el Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de Pagos, como alternativa al sistema judicial de Estados Unidos, que impide a los tenedores de bonos de deuda reestructurada el cobro de depósitos situados por Buenos Aires en bancos norteños.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de pago soberano que, si es aprobada, pondrá fin al litigio creado por la actitud de Griesa en Nueva York, quien falló a favor de los fondos buitres para que obtuvieran ganancias sobre la deuda de hasta un tres mil por ciento, en tanto impidió el cobro a los bonistas que aceptaron las condiciones de pago reestructurado ofrecido por la nación suramericana.

Este magistrado, que defiende los intereses del gran capital financiero, incluso bloqueó el dinero depositado por Argentina para pagarles a los bonistas que concordaron con la reestructuración del pago.

Es evidente que Griesa busca —en contubernio con los grandes centros de poder económico— declarar a Argentina en default —imposibilidad de pagos— para declararla en crisis financiera y obligarla a contraer otra deuda que colocaría al país en una debacle similar a la de 2001, cuando la economía quebró y arrastró a la miseria a millones de personas.

De ser aprobada, la ley acabaría con la dependencia del gobierno argentino de los bancos estadounidenses, como el Bank of New York y el Citibank, que actúan como agentes fiduciarios mediante los cuales Argentina paga sus compromisos.

Ahora, esa obligación llegaría a su fin, pues el anteproyecto de ley propone eliminar a esos entes y emplear en su lugar a Nación Fideicomiso en el Banco Central, en Buenos Aires, para ejecutar sus desembolsos.

Fernández explicó en una transmisión televisiva especial, que este proyecto legislativo propicia el pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina, que contempla la creación de instrumentos legales para el cobro de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos.

La nueva ley, si es sancionada, incluirá —según consta en sus 14 artículos— a los bonistas que no participaron en los canjes de 2005 y 2010, parte de los cuales se encuentran litigando contra Argentina en los tribunales de Nueva York.

La mandataria explicó que los conocidos como  fondos buitre, si lo desean tendrán las mismas condiciones de los tenedores de títulos reestructurados, los cuales aceptaron una quita del 70 por ciento, aunque obtienen una ganancia superior al 300 por ciento. Se trata, precisó, del “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, con la creación de instrumentos legales para el cobro de los servicios.

A partir de la aprobación de la Ley de Pagos, el Banco Central creará una nueva cuenta fiduciaria que administrará, explicó, los fondos depositados para el pago de deuda.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ARGENTINA

En conferencia de prensa, este miércoles, el ministro de Economía, Axel Kicillof, subrayó que "el principal propósito de la ley es el pago soberano local ante las dificultades que presentó el sistema judicial norteamericano para realizar los cobros en Nueva York".

Kicillof, acompañado de Fernández, solicitó a políticos de la oposición que eviten la creación de confusiones, pues, aclaró, no se trata de “un cambio de jurisdicción y mucho menos de un cambio de jurisdicción compulsivo”.

El Ministro indicó que el anteproyecto de ley está basado en consideraciones históricas y económicas, y su envío al Congreso está vinculado a “la envergadura del conflicto que ha planteado el sistema jurídico norteamericano para el cobro, no el pago, de los bonistas” e insistió en que el objetivo de la norma es que “la Argentina pueda seguir pagando y los bonistas puedan seguir cobrando”.

Kicillof recordó que la deuda que ahora paga el gobierno es resultado del default en 2001 y destacó que los bonos comprados por los fondos buitre fueron emitidos en 1994. Explicó que estos “son bonos heredados de la convertibilidad, que luego entraron al Megacanje, cuya máxima expresión fue la crisis de 2001”.

También el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó que Argentina siempre mantuvo el interés de pagar esa antigua deuda y acordó el cumplimiento de sus compromisos con el 93 por ciento de los acreedores, menos con los fondos buitre, negados a participar en la reestructuración de los pagos para obtener un tres mil por ciento de ganancias.

Recordó que el juez Greisa y los fondos especulativos, junto a grupos financieros de Estados Unidos, estipularon, sin fundamento, dada la reiterada decisión de Argentina de honrar sus compromisos, la “cesación de pago selectiva”, lo que el ejecutivo en Buenos Aires consideró extorsión y ataque contra su soberanía financiera.

 Griesa, según Capitanich, “es un ariete para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda” pública argentina. “Cuando hablan de desacato e incumplimiento, no advierten que Argentina es un país soberano y tiene inmunidad soberana”.

Destacó que “lo que Argentina hace es lisa y llanamente ratificar su condición de país soberano y establecer mecanismos para garantizar el pago” de la deuda reestructurada.

ARGENTINA DENUNCIA A ESTADOS UNIDOS EN LA HAYA

La denuncia presentada por Argentina ante la Corte Internacional de La Haya el pasado 7 de julio aún no ha recibido respuesta de Washington, informó el canciller Héctor Timerman el martes último. “Es —afirmó— una demanda contra los Estados Unidos” y no “una acción contra los fondos buitre, ni una instancia de apelación a decisiones judiciales de autoridades de ese país”.

“La Argentina, aclaró, está dispuesta como siempre a negociar, en forma pacífica e igualitaria, la resolución a un caso fruto de la controversia entre los Estados Unidos y la Argentina”.

“Estados Unidos debe hacerse responsable por los actos ilegales del juez Thomas Griesa”, afirmó el canciller, quien consideró “arbitrarias, incluso en contra de la voluntad política” las interpretaciones del magistrado. La demanda se basa en “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de Argentina por parte de la justicia estadounidense”.

La apelación del gobierno de Fernández a la Corte Internacional de La Haya fue advertida por Buenos Aires a fines el pasado 26 de junio, en medio de su litigio con los fondos buitre y a partir del fallo de Griesa.

El texto presentado indica que “la responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”.

El documento recuerda que, “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, que el gobierno nacional somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución.

Desde que se inició la controversia en Nueva York, grandes organizaciones económicas, sociales y populares, gobiernos y partidos de diversas partes del planeta expresan su solidaridad con el Gobierno argentino y las inteligentes medidas que adopta en defensa no solo de su soberanía, sino d la de todos los países, que en más de una ocasión han visto explotar sus economías debido a decisiones de la llamada justicia en Estados Unidos.

Lo que ocurre ahora con Argentina puede ocurrir mañana con cualquier otra nación —de hecho ya hubo varios sucesos similares— por lo que esta situación debe reafirmar el derecho de los gobiernos a defender su soberanía de la voracidad de los fondos buitre, indican especialistas internacionales.