Los niños que viajan solos

La noticia aparece en los titulares de los grandes diarios norteamericanos. El presidente Barack Obama solicitó al Congreso más de 3 700 millones de dólares para enfrentar la crisis humanitaria de los niños que llegan sin sus familiares a territorio norteamericano.

Según datos oficiales, más de 53 000 infantes cruzan las fronteras sin acompañamiento; la mayoría con el objetivo de reencontrarse con sus padres. Unido a esta solicitud, rechazada por algunos senadores, el presidente pidió la revisión de las normas actuales para dar más autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin de acelerar la deportación de los niños centroamericanos.

La ley estadounidense prohíbe deportar a los pequeños inmigrantes luego de su llegada al país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con este, por lo que no puede hacerlo con los que provienen de Guatemala, Honduras o El Salvador. El problema no radica solo en el estatus migratorio de los menores que viajan solos, sino en los numerosos riesgos y peligros que enfrentan, como la trata, la explotación y el abuso.

Los que cruzan ilegalmente a Estados Unidos en cualquier época del año han recorrido cientos de kilómetros sin protección alguna. Largas caminatas, bajo sol o lluvia, dejan en sus cuerpos las marcas de la desesperación y el agobio.

Puede ser la historia de Kevin, muchacho de 14 años que realizó un incierto viaje con la esperanza de llegar a Nueva York y ayudar económicamente a su madre que quedó en Honduras, o de Olga y Freddy, de nueve años, quienes trataron desesperadamente de llegar a Minnesota, en tren desde México, para reunirse con sus familiares. Ellos son protagonistas del documental Cuál es el camino a casa, de la cineasta Rebecca Camissa, que ha recibido nominaciones al Oscar. En sus historias se refleja el tormento que sufren miles como ellos cada año.

Un informe de la UNICEF denominado Travesía, Migración e Infancia señala: “Las niñas y los niños afectados por la migración con frecuencia se encuentran desprotegidos. Por una parte, se ven separados de sus familias, y por otra, si no cuentan con documentos de identidad, no pueden gozar cabalmente de derechos sociales y humanos que el Estado debe brindar. Asimismo, el estatus migratorio del niño o de sus padres también puede vulnerar el derecho a la protección ya que es muy común que las personas que no tienen permisos migratorios en regla sean privadas de protección y asistencia social”.

Pablo Cervantes, uno de los médicos encargados de la atención a los infantes que se encuentran recluidos en el albergue de Nogales, comentó a la prensa: “Si es verano, generalmente llegan deshidratados con gastroenteritis porque acostumbran tomar agua en riachuelos, en arroyos o donde pueden, pero todo el año nos llegan con ampollas en los pies. Me han llegado muchos con agotamiento físico por las caminatas de más de cinco días, además traen dermatitis por contacto, cuando se raspan con espinas de cactus hacen dermatitis en brazos y en el rostro”.

La senadora mexicana Gabriela Cuevas, al analizar este asunto durante la Asamblea de la edición 130 de la Unión interparlamentaria (UIP), en Ginebra, argumentó: “Hay numerosas razones y motivos por los que migran los niños, niñas y adolescentes: desde factores individuales y familiares hasta comunitarios, nacionales y globales. Hay quienes migran para acceder a una mejor educación o mejores oportunidades laborales, de salud y de vida; otros lo hacen para reunirse con sus familiares y muchos más se ven obligados a migrar para escapar de la violencia familiar, los conflictos sociales, las guerras y la pobreza.

”Los niños, niñas y adolescentes pueden ver violentados sus derechos, no sólo al ser detenidos por las autoridades migratorias, sino también durante su travesía para llegar al país de destino, o bien durante los procesos de repatriación o de retorno a los lugares de origen.

”En general, pueden ser víctimas de violencia motivada por su condición migratoria irregular, son vulnerables ante la xenofobia, la discriminación y el acoso policíaco, y también están expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida y su desarrollo, como la explotación y los abusos sexuales, el reclutamiento en fuerzas armadas, el trabajo infantil y la privación de la libertad”.

Lo expresado por la senadora Cuevas se manifiesta en centros de detención como el de Nogales, Arizona, un horrible sitio que apenas deja espacio para la sonrisa infantil. Allí, todo es llanto y abandono. Los detenidos esperan hasta que sus familiares pasen a recogerlos para enfrentarse después a un proceso de deportación. Incluso, algunos duermen en contenedores de plástico arropados con una manta térmica.                   

Recientemente, un adolescente de 17 años cruzó a nado el Río Bravo en busca del sueño americano. Lo detuvo la Patrulla Fronteriza y fue enviado a una celda que contemplaba temperaturas de 15 grados bajo cero, con más de un centenar de menores hacinados en el piso. “Les dicen las hieleras”, comentó.

Las cifras de los vejámenes sufridos por los niños en su intento de reencuentro con sus padres o al huir de ambientes de violencia familiar, pobreza y hambruna extremas constituyen un bochorno a la altura del siglo XXI y a la vez alertan sobre la necesidad de buscar todas las vías posibles para protegerlos. Una solución que, más allá de fondos presupuestarios, requiere de humanismo y sensibilidad; sentimientos que escasean muchas veces cuando el dinero sobra.