Ley estrella en apagón

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, procedente de una familia de políticos de alto rango —desde hace dos siglos— surfista de fama, adicto a las drogas en su juventud y con suficiente dinero para alejarse del olor de la pobreza, intentó un golpe neoliberal contra la clase trabajadora, pero el renacido movimiento popular le ganó una batalla que cambia el juego a su régimen derechista.

Lacalle Pou, que quería ser biológico marino, cambió su destino siguiendo el de su padre y se convirtió en abogado. Al igual que su progenitor ganó la presidencia de la República (en segunda convocatoria) y ahora sigue los postulados del antiquísimo Partido Nacional (PN).

Casado y con tres hijos, residente en un barrio privado, es hijo de María Julia Pou, exsenadora que entre 2000 y 2005 creó dentro del PN el sector que le permitió a su hijo ser diputado por primera vez cuando solo tenía 26 años.

Su bisabuelo paterno, Luis Alberto de Herrera, fue uno de los caudillos más importantes del PN en la primera mitad del siglo XX e inició el camino político familiar que luego continuó su nieto Luis Alberto Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou, que entre 1990 y 1995 también gobernó Uruguay.

A pesar de este palmarés, perdió las elecciones contra el FA en 2014, y debió esperar otros cuatro años para, por votación mínima, ganarle al Frente Amplio (FA) luego de tres mandatos consecutivos, quizás por falta de liderazgo izquierdista o desgaste del proceso que al final comandó el ex guerrillero octagenario Jose “Pepe” Mujica.

Con un ajustado triunfo, Lacalle Pou formó una alianza multicolor —en solitario el PN nunca hubiese ganado— en la que muestra un balanceado equipo de técnicos y políticos, con propuestas, dijo, para mejorar el gasto estatal, mejorar la seguridad y la educación.

Trató de resolver las críticas recibidas por el PN y su rezago en temas de género, y eligió como compañera de fórmula a Beatriz Argimón, una exdiputada y reconocida feminista con varios éxitos en la integración de las mujeres.

La alianza que apoya al mandatario, integrada desde la socialdemocracia hasta la ultraderecha y de diversa trayectoria (uno con casi dos siglos de fundado hasta otro con apenas ocho meses de vida) recorrió gran parte del país de tres millones de habitantes, en especial fuera de Montevideo, la capital. La izquierda, en cambio, conservó su electorado más fiel en la capital nacional.

El pueblo uruguayo demostró, al observar el derrotero gubernamental, su alto nivel de organización y de preparación política, y, por ende, no piensa dejarse avasallar por las políticas neoliberales que intenta implantar el presidente.

LE TUMBARON LA CARETA

La política doméstica presidencial y sus ministros trataron de implantar casi a la fuerza la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por la coalición gubernamental con un formato exprés. Esa regulación es el eje central del movimiento del actual gobierno para reducir el Estado al mínimo.

Aprobada por el Senado, el mandatario creía que transitaría con comodidad por el Congreso, sin considerar el poder del movimiento ciudadano para derogarla. La Ley fue cuestionada por los sindicatos y movimientos sociales desde que se conoció. Entre sus puntos más cuestionados están la severa limitación al derecho a la huelga, ampliación de penas a los menores de edad, y la flexibilización del uso de la fuerza policial (otorgando potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”), así como la extensión de la “legítima defensa”. Pero también la precarización en el acceso a la vivienda, cambios negativos en institucionalidad educativa y reforma del mercado de combustibles.

Es aquí donde comienza a complicarse la gobernanza del exsurfista, defensor de la economía de mercado, y que practica una retrógrada diplomacia internacional, al estilo de los peores años de la guerra fría. Este aliado del ala más reaccionaria del PN ni siquiera invitó a su asunción a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos son socialistas.

Para quien se considera con suficiente fortaleza y apoyo de Estados Unidos (EE.UU.) el tiro se le fue por la culata en su última estrategia.

A lo interno, el presidente vio que su ley, destinada a implantar el más feroz neoliberalismo, podría convertirse en una caricatura de la original, debido al mecanismo ciudadano creado para modificarla, la Comisión Pro Referendo..

Las leyes locales indican que se precisaría el 25 % del padrón electoral, unas 675 000 personas, para forzar la convocatoria de una consulta popular para una ley con esas características.

A pesar del desfavorable contexto de la pandemia de la COVID-19 y el silencio obligado de la campaña por los medios, la meta trazada por la izquierda superó en 100 000 las firmas, que sumaron 800 000 para habilitar el referendo contra, al menos, 135 artículos de la LUC.

Las maniobras del oficialismo llegaron al extremo de negar la extensión del plazo para la presentación de las signaturas. El gobierno se negó a discutir con sus opositores para silenciarlos.

La superación en un 25 % de las firmas necesarias entregadas al órgano legislativo permitirá que este se pronuncie en 130 días sobre la fecha de la consulta popular.

Para analistas, la victoria de los partidos políticos opositores y los movimientos sociales puede interpretarse como un cambio en la coyuntura política, pues ahora el gobierno de Lacalle está a la defensiva, mientras la izquierda se levanta, reordenando el juego político.

Ahora comienza en Uruguay un año de debate sobre el destino de la LUC. El ánimo político del país es diferente. Cuando haya el cambio a la supuesta normalidad ya no será el enfrentamiento entre un gobierno prepotente y una oposición en desventaja, sino reorganizada y victoriosa.

La LUC, considerada ahora una ley zombie en términos políticos, fue promovida y aprobada en julio de 2020 por la mayoría derechista en el parlamento uruguayo, bajo el liderazgo del PN.

Esa legislación ampara las privatizaciones en el sector público y entre sus disposiciones está el apoyo económico al sector privado, en tanto confiere mayores facultades a las fuerzas policiales.

Aunque no reconozca su debilitamiento en la contienda legislativa, el gobierno —según fuentes sindicales— debe encontrar una solución rápida para darle un sustento digno a más de 100 000 personas empobrecidas al perder sus empleos durante la pandemia de la COVID-19, que deja 6000 fallecidos.

El régimen derechista conoce lo que se le viene encima, si considera la reciente celebración de un paro nacional con movilizaciones populares frente al Palacio Legislativo, en exigencia de una audiencia con el mandatario para analizar temas sobre el trabajo, ingresos del personal y los presupuestos.

La agenda de lucha permanente comenzó el pasado 20 de julio en numerosas comunidades y ciudades uruguayas.

El presidente de la asociación de funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (AUTE), Grabriel Soto, manifestó que las acciones se realizan en medio de “hostigamiento, persecución y enchastre” hacia dirigentes y organizaciones sociales.

El secretario general del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Marcelo Abdala, también consideró que “la izquierda política y social retoma la iniciativa y la ofensiva mientras que el gobierno y la coalición quedan a la defensiva”.

Sin embargo, la demanda interna continúa sofocada: en medio de la pandemia, impusieron un aumento de alrededor del 10 % a las tarifas de los servicios de electricidad, agua y teléfono y se redujo el reembolso del IVA del 4 % para los pagos con tarjeta, lo que afecta a las personas de bajos ingresos.

Millares de trabajadores se suman al seguro del paro porque sus empresas cerraron o lo están haciendo. Para observadores, es una situación caótica que el gobierno intenta ocultar, mientras critica —como hizo en la reciente VI Cumbre de la Celac— a Cuba y a Venezuela.

El parlamentario izquierdista Gerardo Núñez indicó desde su cuenta en Twitter que es una gran hipocresía del presidente condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra del bloqueo genocida de EE.UU. en la Isla desde hace seis décadas.

El diputado del FA indicó que la postura de Lacalle Pou en México sigue el juego a una agenda regional dictada por la Casa Blanca para tratar de desestabilizar a Cuba y otras naciones.

Las verdades de Cuba, indicó, fueron defendidas por su presidente Miguel Díaz-Canel, quien desenmascaró al mandatario uruguayo en las falacias y mentiras dichas en la cita, convocada para lograr consensos y no dividir a los países. Los gobiernos de derecha, como el de Lacalle Pou pretenden ocultar sus problemas internos atacando a Cuba. De ahí, precisó, las protestas de ciudadanos y organizaciones uruguayas en contra de sus pronunciamientos.
Lacalle Pou, con su porte altanero y europeizante, debe resolver los problemas más evidentes, entre ellos la seguridad (hay al menos un muerto cada día) y la economía (el país tiene un déficit fiscal equivalente a casi el 5 % del Producto Interno Bruto, más alto incluso que en la peor crisis financiera de su historia, y un desempleo que ronda el 9 por ciento).

También el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay informó que 3907 personas están en situación de calle, lo que equivale a un aumento del 16 % en comparación con el 2020.

Mides reveló que un 20 % más ha acudido a los refugios nocturnos, mientras que el 4 % permanece a la intemperie.

La diputada por el Partido Comunista, Micaela Melgar, denunció la carencia de políticas sociales inclusivas, “cada vez más gente termina en la calle con este gobierno, y se necesitan políticas para frenar esta crisis social”.

Lacalle Pou está metido en un callejón. A lo mejor busca una salida similar a su apellido.