Lasso enredado (+Audio)

Aunque son muchos en Ecuador los que desean un juicio político contra el presidente conservador y millonario banquero Guillermo Lasso, aun debe pasar bastante agua bajo el molino para que su destitución sea una realidad y de ello depende mucho la actitud de los miembros de la Asamblea Nacional (AN).

Esta es la primera vez que un mandatario sería enjuiciado en el Parlamento con base en la Constitución elaborada por la AN Constituyente, que se instaló en Montecristi (Manabí), y rige desde octubre de 2008.
 

La Carta Magna vigente contempla el juicio político en el artículo 129. Establece que la AN podrá proceder al enjuiciamiento del presidente o el vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Determina tres causales: Por delitos contra la seguridad del Estado; de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
 

El pasado martes, y por 88 votos a favor, de 116 presentes, 23 en contra y 5 abstenciones, se aprobó en la Asamblea la moción presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (Unes), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-17).
 

Según la denuncia de Veloz, el mandatario “conocía y sabía de la estructura de corrupción en FLOPEC EP”, la empresa estatal encargada del transporte de petróleo y aun así no dio por terminado, precisó, un contrato que perjudicaba al país en más de 6,1000 000 de dólares, a pesar de las advertencias que le hiciera el exgerente de esa compañía Jhonny Estupiñán.
 

En un ambiente que muchos catalogan en Ecuador como tenso, pues Lasso puede ser también destituido por otras muy poderosas razones, una de las  pruebas presentada fue un informe emitido por la Contraloría en noviembre de 2021, en la que se consigna un examen especial realizado a las operaciones de Flopec con navieras internacionales y agentes o empresas que ejecutan operaciones de compraventas demandadas por sus clientes en el extranjero.
 

Se trata del esquema conocido como “fletamiento por tiempo” , que consiste en arrendar buques tanqueros para el movimiento de petróleo y derivados, que no forman parte de la flota propia de la Flopec.
 

Aunque esta situación ya era objeto de crítica durante el gobierno de su antecesor Lenin Moreno, también en la mira de la justicia por presunta corrupción, la responsabilidad recae ahora en Lasso, quien conocía de antemano la situación en la Flopec.
 

De acuerdo con Veloz, el dignatario, junto a su delegado Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”. Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.
 

El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la AN, Virgilio Saquicela, “continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político”, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.
 

En la sesión sobre un eventual enjuiciamiento intervinieron 22 asambleístas, quienes expusieron sus posturas a favor y en contra del futuro del mandatario, fundador del banco Guayaquil, y cuya fortuna personal al asumir la presidencia hace dos años ascendía a 40 000 000 de dólares.
 

Mencionado en la algarabía de los Panamá Papers, por posesión de empresas que operaban en el extranjero y de las cuales aseguró se deshizo antes de asumir la primera magistratura, Lasso estuvo vinculado en enero pasado a una supuesta red de corrupción liderada por su cuñado Danilo Carrera, esposo de su hermana, y otros funcionarios receptores de coimas de proveedores del Estado.

Para el excandidato presidencial de la Unes Andres Arauz, Carrera  es el testaferro de Lasso e instó al legislativo a activar el artículo 129.2 de la Constitución, el cual viabilizaría otro enjuiciamiento político en su contra por actos de corrupción en lo que fue llamado el escándalo Gran Padrino.

A pesar de las peripecias del dignatario para tapar las eventuales relaciones familiares con Gran Padrino, el presidente de la AN y legisladores de la Unes pidieron a la Fiscalía la apertura de una investigación ante las revelaciones, pero se desconoce el resultado de tales trámites, si llegaron a hacerse.

En aquel momento, el diputado andino Virgilio Hernández denunció la tibieza de las autoridades en las investigaciones, pues no hubo detenciones ni allanamientos ni actos urgentes de prisión preventiva.

Hernández opinó que ¨se ve la corrupción al más alto nivel y  toda la estructura del Estado se presta para que hagan grandes negocios para los pequeños grupos económicos, mientras problemas como la inseguridad y el desempleo se agravan en el país¨.

Analistas precisan en estos días que hay otras causales, no contempladas en la Constitución pero si por una concepción moral, para que Lasso sea destituido, entre ellas el abandono social existente en el país, la inseguridad ciudadana, la desatención en los centros penitenciarios, el narcotráfico, el éxodo migratorio por falta de oportunidades.

Solo durante el mes de abril, nueve personas fueron asesinadas durante un ataque en un puerto pesquero, además de un motín carcelario y explosiones en la ciudad de Guayaquil, hechos que alimentan la sensación de inseguridad cotidiana. 

Para un gobierno de derecha, el aumento exponencial de la violencia es un problema que mina las bases de su legitimidad, especialmente cuando la "mano dura" fue una promesa electoral.

Queriendo dar muestras de que su gobierno aun es poderoso, la semana pasada, Lasso  firmó el decreto ejecutivo 730, que autoriza a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones contra el terrorismo y hacer uso de todas las herramientas a su disposición para enfrentar la incontrolable violencia.

Sin embargo, tal medida causó más temor a una población convencida de que la violencia no puede ser combatida con las armas, ya que el resultado podría ser una guerra internas donde las víctimas serían civiles inocentes.

Hubo voces políticas que denunciaron una trama para destruir los movimientos políticos y sociales.

En un comunicado, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) apunta a criminalizar las movilizaciones indígenas y declararlas como "terroristas", tal como las calificó el gobierno durante las protestas de junio del pasado año contra sus medidas económicas neoliberales.

La Conaie precisó hace unos días que habrá una insurrección popular si la AN no depone al mandatario en un presunto juicio. O sea, el juzgamiento pasará a las calles, con el estruendo social con fatales desenlaces.

Observadores estiman que es muy posible que Estados Unidos ya esté preparando un escenario si Lasso es destituido, con lo que trataría de evitar un llamado a elecciones generales con posible victoria de la izquierda.

En la primera quincena del pasado mes, el vicepresidente ecuatoriano Alfredo Borrero viajó a Washington, sin que informara el motivo de sus reuniones con funcionarios de la administración de Joseph Biden.

No puede descartarse entonces que ya esté en preparación el escenario de una transición presidencial sin adelanto de comicios que acabarían con el período neoliberal reiniciado con Lenin Moreno y en pleno auge con Lasso.

Para la aprobación de la moción de censura se requerirán los votos favorables de al menos las dos terceras partes de los miembros de la AN, o sea, 92 votos.

Según la Ley, la votación para el juicio político a Lasso podría darse en unos 10 días.