Lasso en cuerda floja

Luego de dos fracasados intentos, una campaña electoral superpotenciada, y tras seis meses de gobierno, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, famoso en el medio bancario mundial, enfrenta hoy una acusación por su presunta participación en los llamados Papeles de Pandora, amén de otras situaciones internas adversas.

Lasso, 65 años, del partido derechista Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) sustituyó en abril de este año a Lenín Moreno, un neoliberal disfrazado de progresista que condujo a Ecuador y su pueblo a una pésima situación económica agravada por la pandemia de la COVID-19, que deja en esa nación hasta ahora más de 511 546 contagiados y de 32 827 fallecidos.

Autoridades de salud pública confirmaron esta semana un aumento en los casos a nivel nacional que, según estiman, está relacionado con los mayores de 18 años pendientes de vacunación.

Sin embargo, el derechista presidente centra ahora sus preocupaciones en una acusación periodística que puede concluir con la impugnación de su cargo, si así lo decide la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

Su plan de “enderezar el país” en los primeros 100 días referenciales de su administración ya fracasó, dada su carencia de rigor para presentar proyectos de ley o manejo de plazos y términos, indican fuentes políticas.

Lasso es uno de los tres mandatarios latinoamericanos —junto a los de Panamá y Chile— mencionados en el escándalo denominado Papeles de Pandora. O sea, es muy posible que el multimillonario banquero hiciera operaciones fantasmas en paraísos fiscales —14 empresas propias de las cuales solo reconoce tres, pues cerró 11 antes de asumir— lo que puede conducirlo a un juicio político por, entre otros cargos, inmoralidad y falta de ética.

En la investigación participaron 600 periodistas de 117 países como miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los profesionales trabajaron en simultáneo para denunciar la trama internacional de evasión fiscal y otros delitos que engloba a millonarias figuras políticas y de otros sectores, como la cultura y el deporte.

De acuerdo con el ICIJ quedaron al descubierto “los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y cargos públicos, 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes…”. Indica también que “bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo”.

Ante tamaña acusación, el dignatario ecuatoriano se defiende con una débil respuesta de liquidación de activos, pero sin convencer a la población y a los opositores, ya que es considerada una escaramuza para eludir responsabilidades, salvar el cargo y el dinero.

Lasso es propietario del Banco de Guayaquil, y también del Banco Banisi, que pertenece en documentos a una empresa llamada Banisi Holding S.A.

Lo que queda claro, hasta ahora, es que la denuncia periodística creó una fisura que podría amenazar algunas de las líneas actuales de su régimen conservador, como querer gravar con impuestos a un segmento de la economía o solicitar los llamados aportes solidarios a figuras, que como él, poseen las mayores fortunas en un país donde 32 de cada 100 personas sobrevive con 2.80 dólares (moneda nacional) al día, indican referencias oficiales.

A pesar de sus justificaciones, para analistas, se compruebe o no la culpabilidad del presidente, el solo hecho de ser nombrado en torno a las empresas offshore (o extraterritoriales) y las operaciones financieras hechas en paraísos fiscales resulta una inmoralidad.

El ICIJ puso al desnudo —luego de la pesquisa— un retrato oculto de los movimientos realizados por el mandatario y con ello su eventual contribución a activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas en países extranjeros. Se le comprobó, según esa fuente, una transferencia de acciones y activos de entidades panameñas a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Distintas fuentes políticas consideran que es una burla al pueblo que un dignatario no honre su impuestos en montos y condiciones reales, mientras exigen pagos de altos gravámenes a empleados públicos y empresas privadas. La indignación ante tamaña inmoralidad es ahora pasto suave para que las oposiciones suenen las campanas de la impugnación al dignatario.

INVESTIGACIONES A LAS PUERTAS

La Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional ecuatoriana ya abrió una indagación sobre la denuncia periodística y visitará al dignatario en Carondelet, mientras diputados de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), de tendencia correísta, plantearon una investigación de los Papeles de Pandora en la Comisión Legislativa de Transparencia.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, requirió al dignatario que informe de manera documentada si en la actualidad mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el gran reporte del ICIJ.

El pasado jueves, los legisladores de la UNES pidieron al pleno de la Asamblea la inclusión de un proyecto de resolución que instale a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, como receptora del caso Papeles de Pandora y solicite las comparecencias e información que considere necesarios.

Además, exigen que concluido ese periodo elabore un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea debatido ante el pleno de la Asamblea Nacional, conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El asambleísta Ronny Aleaga, de la UNES, afirmó que el mandatario trata de dar respuestas al pueblo, pero en definitiva, consideró, creó más dudas, pues aunque dice que se deshizo de las acciones en las empresas offshore, no sabe cómo lo hizo y qué destino tuvo hizo ese dinero; si las vendió o hizo una donación y si pagó tributos por esos movimientos financieros.

La situación de Lasso es complicada, pues tiene en su contra a la Asamblea Nacional, donde CREO cuenta con 18 curules y junto a los 19 de su aliado, el Partido Social Cristiano, suma 37, contra los 48 en posesión del movimiento correísta.

En las últimas horas, la alianza progresista denominada Grupo de Puebla también exigió el esclarecimiento del papel jugado por mandatarios —en funciones o no— en el escándalo financiero.

Los miembros de esa agrupación señalaron que ese dinero y sus gravámenes “les pertenecen a los excluidos de nuestras desiguales sociedades”.
El pronunciamiento está firmado por miembros del Grupo, entre ellos los exmandatarios Dilma Rousseff (Brasil), Ernesto Samper (Colombia) y Fernando Lugo (Paraguay), entre otros.

GENOCIDIO EN LAS CÁRCELES

Uno de los problemas más graves que deberá enfrentar Lasso, si continúa en el cargo, es la precaria situación de las cárceles, donde hasta febrero pasado había 38 693 personas privadas de libertad, aunque la capacidad del sistema es para 29 897.

Esa es una de las razones del motín ocurrido este mes en el Centro de Privación de Libertad de Guayas No. 1, donde murieron 116 detenidos y 80 resultaron heridos, aunque este 2021 suman 230 los masacrados en otros penales.

Aunque los detonantes de estos sucesos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Liberad (SNAI), son enfrentamientos entre bandas delictivas para tener el control del tráfico de drogas, otras voces insisten en que corresponde al actual régimen un examen a fondo de las condiciones carcelarias.

Organizaciones ecuatorianas y regionales reclaman que el Estado implemente acciones para prevenir nuevos motines y masacres.

La Alianza Contra las Prisiones en Ecuador advirtió que el Estado retrata la situación únicamente como “guerra de bandas para alejar a la política pública de las causas estructurales y sistémicas de la violencia”, como la precariedad de la vida en las prisiones, el aislamiento de las familias y la corrupción de la administración, entre otras.

En Ecuador hay identificados al menos seis grupos que se disputan el control de los centros carcelarios del país: Los Choneros, Pipos, Tiguerones, Chone Killers, Lagartos y Los Lobos, los cuales, según se estima, responden a organizaciones delictivas internacionales asentadas en México.

Empero, Lasso le echó más leña al fuego. Ante la situación en Guayas, decretó estado de excepción por 60 días en el sistema carcelario del país, con el que se autoriza a las Fuerzas Armadas a participar, junto a la Policía Nacional y al SNAI, a restablecer el orden en las prisiones.

La situación interna es compleja para el presidente que tanto insistió en “un cambio radical para el país durante su campaña electoral”. Habrá que ver cuál será su derrotero personal y político con dos complejas situaciones gravitando sobre su cabeza. Y lo más importante: si podrá resolverlos.