Un año después de su asunción como presidente de Ecuador, el banquero millonario Guillermo Lasso se encuentra en un escenario político considerado endeble al mantener diferencias de peso con la Asamblea Nacional (AN), la cual rechazó y archivó su ley de Inversiones, por 30 000 millones de dólares para la supuesta creación de empleos y reactivar la economía, bastante diezmada.
Lasso, del partido Movimiento CREO (Creando Oportunidades), mayor accionista del banco Guayaquil, economista neoliberal, trató de endulzar el paso de la iniciativa con la promesa de generar millones de puestos de trabajo para revitalizar los índices del país. Sin embargo, el proyecto, cuyo nombre es Ley de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, encontró el valladar de la desconfianza de representantes de la oposición, movimientos sociales, organizaciones indígenas y sindicatos, quienes temían que, de aprobarse, fomentaría la venta de empresas públicas para favorecer al sector privado.
Sus detractores argumentaron que se trataba de una “ley privatizadora”, que “no atraía inversiones, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente”, además, “podría afectar los intereses ciudadanos”.
Es en este contexto —que actores políticos encuentran difícil de solucionar— que varios medios de prensa ecuatorianos sacaron a relucir la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional que faculta al presidente de la República a disolver la AN, o permite a esta destituir al mandatario (artículos 148 y 130 respectivamente).
Empero, los últimos movimientos en el Ejecutivo descartan ese mecanismo, al menos por el momento.
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El vocero presidencial, Carlos Jijón, ya pidió su renuncia y afirmó que, sin descartar la posibilidad, por ahora no se utilizará tal recurso. Tras destacar que el gobierno tiene suficientes herramientas para cumplir su rol, Jijón precisó: “…la muerte cruzada es una herramienta constitucional de última instancia”.
EL PLAN DE LASSO
El plan de captación de inversiones propuesto por el dignatario, en minoría en la Asamblea, recibió el rechazo de 87 miembros de agrupaciones de oposición. O sea, casi el doble de los 44 favorables y las tres abstenciones.
El mandatario ecuatoriano jura a los nuevos ministros de Gobierno y del Interior, luego de la renuncia de quienes no están de acuerdo con sus políticas. (Tomado del Telegrafo de Ecuador)
La Asamblea archivó la propuesta, en tanto se anotaron un tanto los curules ocupados por miembros de Unión por la Esperanza (Unes), identificados con el expresidente progresista Rafael Correa y primera fuerza en el órgano legislativo junto al movimiento indigenista plurinacional Pachakutik y la Izquierda Democrática, vinculada a la socialdemocracia.
Este fue un duro golpe a la gestión oficialista, mientras distintos actores políticos buscan normalizar las relaciones entre los dos poderes pues, en la actualidad, el presidente tiene un poderoso muro incapaz de burlar para ejecutar su plan de gobierno.
El pasado martes, durante su programa radiotelevisivo Encontrémonos por la Ciudadanía, el mandatario tocó el tema y desafió a la legisladores, e indicó que los obviará, aunque fueron electos en comicios generales.
“Debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la AN, porque es evidente que lo que ellos quieren es acorralar al Ejecutivo nacional, lo cual sienta un precedente negativo en las relaciones que deben prevalecer entre los dos poderes”, afirmó.
Para ejecutar su programa, Lasso indicó que acudirá a decretos ejecutivos, reglamentos y hasta una eventual consulta popular, que, tal como andan las cosas, no sería bien acogida por la ciudadanía. Insistió en distintos caminos para burlar las negativas parlamentarias y mencionó como uno de los más relevantes un referendo en el que, precisó, ya está trabajando para someter a consideración del pueblo que lo que la AN rechazó o no ha tratado en los últimos diez meses.
Según el dignatario —involucrado en el escándalo de los Papeles de Pandora hace unos meses sin que se conozca alguna investigación al respecto—hay varias ideas negadas por los asambleístas, entre ellas las relacionadas con comunicación, educación superior, seguridad y una económica urgente, elevadas desde finales del año pasado.
CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD
No es la primera vez que Lasso se enfrenta a los asambleístas y pierde terreno debido a las diferentes visiones de país. Una discrepancia a la que el mandatario debió adaptarse fue la aprobación del aborto cuando se trate de violación de la víctima. En desacuerdo con la decisión, dada su vocación católica y familiar, tragó en seco y dijo que esa era una decisión adoptada y, por tanto, debía acatarla.
Como resultado de la votación contra la llamada Ley de Inversiones, y ante un futuro sin posibilidades de cambios al respecto en las relaciones entre poderes, el pasado miércoles el mandatario adoptó medidas relacionadas con su gabinete, pues dos de sus miembros renunciaron a sus respectivos cargos.
Ese día posesionó a los nuevos integrantes de su Ejecutivo, tras escindir la cartera de gobierno en dos ministerios por la salida voluntaria de la titular Alexandra Vela.
El mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo N.° 381 para crear el Ministerio de Gobierno y Gestión de la Política y el Ministerio del Interior. Cada uno funcionará de manera independiente y cumplirá temas específicos.
El nuevo titular de Gobierno es el exasambleísta Francisco Jiménez. Su intención es buscar la colaboración conjunta del Ejecutivo y el Legislativo para conseguir la estabilidad política ahora inexistente.
En opinión de Jiménez, abogado de Guayaquil, hombre de confianza de Lasso y exasambleísta de su partido político CREO: “…hay que establecer un diálogo con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas”. Su rol será el de dialogar con las bancadas legislativas para, ratificó: “tender puentes con las organizaciones políticas”.
El ministerio de Gobierno se encargará de las tareas de gestión política y de relación del gobierno central con los Autónomos Descentralizados, la AN y las demás instituciones del Estado. El del Interior, para el que fue nombrado el excomandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, garantizará la seguridad ciudadana —en uno de sus peores momentos— y la convivencia social pacífica. Además deberá ejercer la rectoría de la política pública de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Quedó claro que los 60 días bajo régimen de excepción dejaron pocos resultados.
Carrillo es un experto en temas de inseguridad. En su etapa como director general de Operaciones de la Policía dirigió la represión contra el pueblo para restablecer el orden en las protestas de octubre de 2019. Desde su cartera de Estado afrontará las situaciones de inseguridad que se generen por la guerra entre bandas narco-delictivas, que a finales de 2021 causaron una crisis en el sistema penitenciario con saldo de 119 reclusos muertos, acrecentada por la carencia de condiciones de vida en los recintos.
En recientes declaraciones a medios de prensa, el viceministro del Interior, coronel Max Campos, consideró que detrás de muchos de los homicidios en las calles están ajustes de cuenta vinculados con el narcotráfico y las disputas entre grupos del crimen organizado por el control de territorios y economías ilícitas. Detrás de la mafia local está la dirección de distintos cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, según el viceministro.
EL FMI SIEMPRE PRESENTE
La presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador fue interrumpida durante la década de gobierno de Correa (2007-2017), quien, incluso, eliminó la oficina de ese organismo en la sede del Banco Central en Quito, la capital.
En 2019, bajo el gobierno de Lenin Moreno, un traidor al partido de Correa, el llamado país meridiano del mundo retornó al Fondo y firmó un acuerdo de facilidad extendida por 4 200 millones de dólares, repudiado por miles de personas en las calles. Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 Ecuador pudo alcanzar un nuevo entendimiento con sus prestamistas.
El desastre económico del país debido a la política neoliberal de Moreno, con resultados también negativos en operaciones de oro con Goldman Sachs, lo tuvo a punto de entrar en incapacidad de pago de su deuda externa, y volvió a endeudarse con el FMI por otros 6 500 millones de dólares, aún en vigor.
Para el catedrático Pablo Dávalos, crítico de las políticas de ajuste, las deudas con el FMI son causa de la baja popularidad social de Lasso, deterioro agudizado por los precios de los combustibles o las reformas laborales sugeridas por su principal prestamista.
En opinión del profesor, las condiciones que impone el organismo son tan duras que muchos Gobiernos prefieren mantener distancia. “En Suramérica —expresó— solo Ecuador mantiene abierto un programa de asistencia, mientras que Argentina renegoció el acuerdo suscrito por el expresidente Mauricio Macri”.
Hay más. El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador anunció este año que adquirió una nueva deuda con el Banco Mundial (BM) por 700 millones de dólares, la cual financiará el Presupuesto General del Estado durante 2022. En paralelo trascendió que el préstamo del BM forma parte de una estrategia gubernamental para acceder en este período anual a una gran cantidad de créditos por parte de organismos multilaterales.
Medios locales alertan que hasta noviembre de 2021 la deuda pública ecuatoriana ascendía a 61 243 930 dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, cifra que representa el 58,1 % del producto interno bruto (PIB) de la nación.
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