La paz al estilo de Juan Manuel Santos (II parte-final)

Aunque los actores políticos que firmaron en Cuba, y luego en Colombia, el Acuerdo de Paz entre el más importante grupo guerrillero de América Latina y el gobierno de Juan Manuel Santos consideraron entonces que el proceso posterior sería difícil, quizás no imaginaron que las trabas mayores llegarían de organismos oficiales.

Para Colombia comenzó, o al menos se pensó así, una nueva etapa política en el momento en que firmaron el tratado el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) el pasado año, aun con las reservas de agrupaciones que temieron trampas del oficialismo.

Las obligaciones bilaterales resultantes del documento estaban esclarecidas y con fecha de cumplimiento, entre ellas la adecuación legal de lo estipulado por medio de la vía rápida y la dejación y destrucción de las armas de la guerrilla, la reincorporación económica de sus miembros y la transformación de las FARC-EP en el partido legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Resultó un alivio para la oligarquía que las FARC-EP cumplieran su palabra, desarmaran sus campamentos (lo que dejó desprotegidos a miles de campesinos que vivían en las zonas que dominaban) y a sus hombres, aguantaran los incumplimientos del gobierno, incluso los criticados por la ONU, y organizaran un partido que no puede aspirar a grandes conquistas políticas, al menos por el momento.

Al poder judicial le correspondería, mediante la Corte Constitucional, concederle legitimidad al acuerdo, y los jueces de Ejecución de penas iniciarían el proceso de excarcelación de los combatientes por medio de la Ley de Amnistía, otra de las importantes resoluciones de La Habana.

Si bien la Corte Constitucional refrendó el texto, impuso las primeras modificaciones que abrieron la puerta a la renegociación de lo acordado. Era la oportunidad que esperaba la poderosa derecha colombiana para dilatar las discusiones y archivar a ese nivel las iniciativas de paz, tanto del Ejecutivo como de las FARC-EP.

Las maniobras de los conservadores, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, en un año previo a las presidenciales, han puesto en crisis los signos de la paz en distintos momentos, situación que podría solucionarse siempre que Santos exija respeto para lo suscrito, lo cual no ha hecho hasta el momento.

En opinión del ex Comandante guerrillero Iván Márquez: “El proceso tiene una mancha de perfidia en un momento de crisis pasajera: superable si el presidente Santos asume exclusivamente las riendas de su conducción y no deja en esa tarea a otros. Confiamos en que pueda tomar las mejores decisiones en lo que sería la mejor obra de su gobierno, la paz”.

Son cuatro los puntos que al dirigente del nuevo partido FARC le preocupan: la desnaturalización de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cuyo propósito ha sido desvirtuado, ya que solo juzgará a los exguerrilleros, dejando fuera a civiles y paramilitares comprometidos en el conflicto que dejó más de 260 000 muertos y siete millones de desplazados.

También preocupa la aprobación parlamentaria respecto a la seguridad jurídica de los excombatientes, que han quedado a merced de jueces involucrados con bancadas de derecha en el Congreso Nacional, los que pretenden que ellos sean juzgados por la vía ordinaria y no por la JEP.

El incumplimiento del propósito de la JEP permitiría, indican abogados, que se realicen montajes que justifiquen acciones militares contra exmilitantes y excomandantes guerrilleros.

En esta componenda política para después de desarmarlos mandarlos a la cárcel juegan un rol fundamental la Fiscalía y las Fuerzas Militares —algunas ramas de ellas vinculadas al paramilitarismo y el narcotráfico— apoyados por los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. La inocencia de los guerrilleros está descartada.

Asimismo, ningún elemento les asegura a los ex insubordinados que habrá una reforma política en el país. Ellos habían planteado que deseaban un gobierno en democracia y la evitación del fraude en los próximos comicios presidenciales, pero hasta ahora nada se ha hecho al respecto.

Otra decepción para quienes dejaron atrás la selva es la nula reintegración económica de sus miembros, mientras el gobierno aduce que no tiene dinero para financiar a los nuevos trabajadores.

A pesar de que actúan en solitario, la antigua guerrilla viene dando pasos en proyectos productivos en cada uno de los llamados Espacios Territoriales de Reincorporación. Lo inaceptable, señalan voceros de las FARC, es que hay importantes recursos inamovibles para los municipios donde se sitúan las zonas de reincorporación.

Convertido en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (preservando las siglas del grupo guerrillero FARC) presentarán la candidatura de Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez) para la presidencia y también se someterán a elecciones para el Congreso. Al FARC se le garantizará que aunque no alcance los votos necesarios ocupará por derecho cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados.

Para algunos especialistas, el próximo año se escenificará la clásica pelea del león contra el mono, pues —al menos que se conozca—, la nueva agrupación política carece del apoyo popular necesario para sobresalir en la lid, ni tampoco cuenta con una media que le brinde cobertura en su campaña.

Asimismo, los agrupamientos propios de la disputa presidencial y legislativa mantienen el pragmatismo, el cálculo político y el clientelismo para la reproducción del régimen político colombiano, de carácter derechista y aliado sin condiciones de Estados Unidos.

La vieja política, aunque pudiera existir alguna sorpresa, tiene las de imponerse en los próximos comicios. Una parte importante de la población considera que la lid será otro juego de la democracia participativa en la que el conservador partido Centro Democrático de Uribe se lanzará con sus mecanismos mediáticos y mañas para ganar el Palacio de Nariño.

Ante los votantes colombianos, que reconocen el clientelismo existente en el régimen de Santos, se ofrece un campo poco atractivo para elegir su próximo mandatario. De ahí que el abstencionismo puede convertirse en la estrella de las elecciones, dado el desprestigio generalizado en los partidos y el grado de corrupción existente en las ramas del poder público.

La paz en Colombia no se gana, y la práctica lo demuestra, solo con la firma del Acuerdo de Paz con la FARC-EP o con otros grupos guerrilleros.

 La expectativa que despertó en un sector consciente de la sociedad el diálogo y la desmovilización de las FARC-EP, el cumplimiento de sus partes en el acuerdo, unido al desprestigio de la dirección colombiana puede convertirse en el resorte que despierte en sectores populares cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país.

Solo con cambios profundos, estructurales, la ciudadanía colombiana hará realidad las siempre aplazadas reformas económicas y sociales aplazadas por décadas por el poder de los terratenientes y mercaderes que persisten en su mezquindad contra los pobres y la entrega del país a los intereses capitalistas ilegales.

Entonces, quizás, pueda hablarse de una paz real en Colombia. ¿O no?