La papa caliente de Tía María

El presidente de Perú, Hullanta Humala, atraviesa una de los peores momentos de su gestión gubernamental debido a que la región sur se opone a la construcción de Tía María, mina cuprífera a tajo abierto, una inversión de mil 400 millones de dólares de la trasnacional Southern Cooper, la cual, si se pone en marcha, mantendrá una producción de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos del mineral.

Humala, uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en Suramérica, con una política económica neoliberal, enfrenta a las organizaciones sociales de Arequipa, Puno, Moquegua, Apurímac, Cusco y Tacna, las cuales este domingo convocaron a una huelga general de 48 horas los próximos días 27 y 28 en la región sur peruana y rechazaron una pausa de 56 días solicitada por la Southern, a petición gubernamental, para tratar de convencerlos sobre la viabilidad de la obra.

El gobierno, apoyado por la propaganda de la Sociedad Nacional de Minería en la televisión peruana, pretende relacionar la extracción minera con el desarrollo nacional, con mención de los millones de dólares que serán empleados y los tres mil 500 nuevos empleos que generará el proyecto, pero olvida el daño ambiental que causará mientras dé resultados.

“La minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo. Contamina el aire con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños; produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento”, opinaron Carlos Bedoya y Víctor Torres Lozada en el periódico La Primera.

El proyecto de la trasnacional se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa, y contempla dos etapas: una de explotación, mediante un tajo abierto para llegar al depósito de minerales La Tapada. Luego, también con el mismo sistema, al de Tía María.

Se calcula que este plan de la poderosa transnacional que ya opera en otras zonas del sur peruano tendrá cerca de 18 años de explotación.

Confrontación de años

Esta confrontación entre los residentes en cinco de las 25 regiones existentes en Perú y el gobierno de Lima es de larga data. Ya en  2011, durante el mandato del expresidente Alan García, hubo protestas similares con saldo de tres muertos y más de 40 heridos por ese mismo motivo, según recuerda la prensa nacional.

Es decir, que Humala, cuatro años después, enfrenta una situación similar, señal de que los peruanos del sur no cejan en impedir la puesta en marcha de la política de extracción forzosa. Las protestas de las últimas semanas dejaron dos civiles fallecidos y un policía, además de decenas de heridos, pues la zona está custodiada por miles de uniformados “para controlar la situación”, refiere una nota oficial.

Se trata, según medios de prensa locales, de violentos enfrentamientos entre una élite militar fuertemente equipada y campesinos sin armas.

¿Por qué no quieren a Tía María?

La firme actitud de los habitantes del Valle del Tambo indica que Humalla –quien dijo no renunciará al proyecto- se mantendrá como constante contra su gobierno, que expira el próximo año, y esto podría traer nefastas consecuencias para el eventual candidato oficialista.

El epicentro del conflicto, que ya comprende varias regiones y promete extenderse a otras, está en el Valle del Tambo, provincia de Islay, donde los trabajadores comenzaron un paro hace 54 días, con el respaldo de organizaciones sociales y de trabajadores de otras zonas, solidarizados con su causa.

Para los habitantes del Valle del Tambo –en su mayoría agricultores y ganaderos- la puesta en marcha de la Tía María –argumentan ellos- traerá la ruina económica para centenares de personas que viven de la tierra, además de las afectaciones a la salud humana.

Los campesinos consideran que la construcción de la mina de cobre dañará la agricultura en el área y afectará al ganado, ya que es un elemento destructivo del medio ambiente. De ahí que no transijan en sus posiciones ante la invasión capitalista.

La compañía Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper accedió a detener el proyecto durante dos meses para, dijo, facilitar el diálogo con la población peruana sobre las medidas que adoptará para proteger la zona de un impacto ambiental negativo. Sin embargo, el campesinado afectado no está convencido de que eso suceda, pues cuando la construcción comience se volverá casi imposible su paralización definitiva.

A pesar del momentáneo estancamiento de sus planes, la Southern no parece dispuesta a abandonar el campo. Incluso luego del fracaso con el gobierno de Alan García debido a las protestas populares, este año reapareció públicamente con un nuevo estudio sobre la protección del medio ambiente para callarles la boca a los protestantes.

Humalla, quien defiende a la trasnacional, accedió de inmediato a poner manos a la obra, sin imaginarse la crisis política y social que le sobrevendría.

Un presidente en picada 

Esta semana comenzó en picada para Humala y su esposa, Nadine Heredia, primera dama y titular del gobernante Partido Nacionalista.

Una encuesta publicada este domingo por el diario El Comercio informa que el Mandatario posee la cifra de popularidad más baja de su mandato, lo que equivale a un descenso de seis puntos respecto a abril, lo que lo sitúa en un 21 por ciento de apoyo a su gestión.

Heredia, quien es considerada una figura clave en la administración oficialista, descendió también  de 24 por ciento en abril a 21 por ciento este mes, un descenso poco conveniente para el Partido, ya abocado a las presidenciales.

La encuesta nacional realizada por la empresa privada Ipsos Perú en las zonas urbanas demostró que un 76 por ciento de los interrogados desaprueba la gestión del Gobierno y solo un 18 por ciento la apoya, mientras que un 19 por ciento acepta la gestión del primer ministro, Pedro Cateriano.

El analista Alfredo Torres, quien presentó los resultados a nombre de Ipsos Perú, señaló que “la población critica la actitud del Gobierno ante la crisis social provocada en el sur del país por las protestas contra el proyecto minero Tía María”. 

Torres agregó que " el 80 por ciento de los ciudadanos no conoce los detalles del pedido que hará el Ejecutivo al Congreso Nacional para la obtención de facultades que le permitan legislar  en temas económicos y de seguridad”.

La encuesta abarcó a mil 208 personas entre el 12 y el 15 de mayo en las principales ciudades del país y tiene una nivel de confianza del 95 por ciento, de acuerdo con la ficha técnica.

Analistas prevén que el conflicto persistirá y Humala podría legislar mediante una ley habilitante en contra de los agricultores y ganaderos, lo que empeoraría la situación de violencia en el sur peruano.