La OEA y algunas claves sobre el intento de golpe de Estado contra Venezuela

Una de las últimas acciones propugnadas por sectores reaccionarios internacionales en contra del reconocimiento de la victoria del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio, fue el llamado a una reunión extraordinaria de la OEA con el objetivo de pretender sancionar a Venezuela por incumplimiento democrático; dichos sectores fracasaron en su intento de crear un segundo Grupo de Lima en contra de la nación bolivariana puesto que no alcanzaron los 18 votos necesarios.

El objetivo de dicho cónclave fue exigir que el presidente Maduro presentara las actas resultantes del proceso electoral; y que a la vez se reconociera la existencia de “actores políticos relevantes”, o sea que se adjudicara el triunfo electoral a la extrema derecha representada por Edmundo González Urrutia y la inhabilitada María Corina Machado.

• Consulte además: Upec: Golpismo comunicacional contra Venezuela busca tomar por la fuerza lo que no conquistaron en las urnas

Antecedentes de la actuación de la OEA en contra del gobierno bolivariano de Venezuela.

Desde la llegada al poder del presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, la OEA mostró su injerencia en los asuntos internos. Mientras en la Carta Interamericana se plantea el respeto a la democracia y a la diversidad como un elemento esencial, en la práctica el hecho de que Venezuela cuente con un régimen socio político diferente, creó un sentimiento de rechazo estimulado por los Estados Unidos, aunque es válido mencionar que ese sentimiento no se comparte por la totalidad de sus miembros.

Ante el Golpe de Estado de abril de 2002, lejos de mencionar la responsabilidad en su ejecución de las autoridades de los Estados Unidos, España y otros países europeos, la OEA no reconoció el Golpe, lo catalogó como un derecho del alto mando militar a establecer los principios de reconocimiento a los derechos humanos de sus ciudadanos.

En el 2006 el ejecutivo venezolano analizó el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Comunicaciones y el empleo desestabilizador de los medios de difusión. Fue precisamente esa una de las principales razones que motivaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a incluir a Venezuela en un Informe, como uno de los países de la región en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos y de expresión.

El nivel de actividad injerencista de la OEA contra Venezuela aumentó a partir de la toma de posesión en el 2015 del secretario general Luis Almagro, crítico acérrimo del gobierno de Nicolás Maduro.

El Consejo de la OEA decidió apoyar en condición de presidente al usurpador Juan Guaidó, y reconocer a un representante de ese interinato como figura legal representativa del estado venezolano. Con ese hecho la OEA no respetó el procedimiento establecido en el Artículo 143 de la Carta, con respecto a la salida de un estado miembro.

También desconoció el Artículo primero de los Estatutos que apela a “defender la independencia de sus miembros, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la integridad”. Para ese entonces se habían sucedido once intentos de condenar a la nación bolivariana, diez de ellos propugnados por Luis Almagro; de los once intentos, solamente uno logró su cometido.

Comportamiento de la extrema derecha venezolana como resultado de las Elecciones del 28 de julio de 2024

De diez candidatos presentes en la contienda electoral, solamente el de la extrema derecha radical es quien pide la presentación con inmediatez de los resultados y de las actas de votación. Con esa acción desconoció el Artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que plantea la existencia de un plazo de hasta setenta y dos horas para que se den los resultados por el Consejo Nacional Electoral; y hasta treinta días para la presentación de las Actas.

Mientras que los demás candidatos opositores tuvieron una actitud positiva reconociendo el clima de tranquilidad y transparencia del proceso electoral, la extrema derecha no reconoció los resultados. Con esa actitud se contradice fuertemente con el resto de la oposición puesto que en el proceso de auditoria previo al planteamiento de resultados estaban presentes los testigos de los 38 partidos políticos presentes en la contienda, no significando ellos, alteración ni violación alguna del Proceso.

Con la actitud reaccionaria de no reconocimiento también obvian la memoria histórica de los procesos electorales, pues cuando se le solicitó por sectores opositores al presidente Hugo Chávez auditar el 10 porciento de las Actas, el comandante Chávez planteó que el 10 no era representativo, proponiéndole al Consejo Nacional Electoral que se auditara hasta el 54 por ciento, lo cual fue aprobado y es lo que se mantiene actualmente.

Posterior al acto de cierre de los Colegios, sin que haya existido pronunciamiento previo del Consejo Nacional Electoral acerca de los resultados, ni de representante alguno del resto de la oposición, decreta Fraude el sector reaccionario representado por Edmundo González y María Corina Machado, planteando que presentarían sus Actas en composición de hasta un ciento por ciento, alegando que ganaron con un ochenta por ciento de los votos. Posteriormente se han ido contradiciendo. Al presente plantean que cuentan solamente con el 40 por ciento de las Actas.

Surgen entonces varias preguntas ¿qué hicieron con el otro 60 por ciento de las Actas, si a todos los Partidos se les entregó copia completa? Y si ganaron con el ochenta, o como han dicho en las últimas horas, con el setenta porciento de los votos mientras que el Gobierno solo obtuvo el treinta según ellos, entonces ¿cuántos votos obtuvieron los otros opositores? ¿Ninguno?

• Consulte además: La tradicional política de la OEA en América Latina

Actuación del Gobierno bolivariano

Desde antes de las Elecciones y ratificado después de que se emitieran los resultados, el presidente Nicolás Maduro llamó a un Diálogo Nacional Inclusivo en los órdenes educativo, económico, cultural, social, espiritual y político con toda la ciudadanía, comprendidos todos los sectores opositores.

Nicolás Maduro ratificó la puesta en práctica del Plan de la Patria, en tanto Plan de Paz para el presente y el futuro venezolano, y que representa una continuidad del Plan de Desarrollo Económico Social elaborado por el presidente Hugo Chávez en el 2012.

Al haber interpuesto un Recurso Contencioso Electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia, ese Órgano debe adherir el Recurso y solicitar al Consejo Nacional Electoral la elaboración de un Expediente administrativo contentivo de las Actas electorales presentadas por todas las Partes, exigiendo posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia que, si posterior a su dictamen algún Partido se niega a reconocer los resultados electorales está obligado a presentar las pruebas; de lo contrario entraría en comisión de Delito.

Por Reglamento el Tribunal Supremo de Justicia debe realizar Experticias, las cuales en este caso pudieran llevar hasta el análisis de quiénes y bajo qué causas cometieron el Hackeo al sistema técnico electoral, y quiénes y por qué pretendieron ejecutar el completo apagón que significaría desmoronar la civilidad y constitucionalidad del proceso electoral.

Nicolás Maduro solicitó ayuda a Rusia y China  para analizar el sistema de Bioseguridad en el país; creó un Fondo Económico para la atención a las víctimas de los saqueos y actos vandálicos; llamó a la creación de una Comisión Especial para que la Asamblea Nacional asuma la defensa de la Nación mediante el análisis de los delitos de odio en las redes sociales; realización de un Plan de Patrullaje en contra de los “Comanditos” de extrema derecha mediante la interacción de los dirigentes con la ciudadanía en los Cuadrantes de Paz (iniciativa gubernamental para el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana); y puesta en práctica de una App para la denuncia de elementos delincuenciales; decretando el presidente Maduro la segunda etapa del Plan República.

• Consulte además: Venezuela inicia nueva etapa política tras elecciones

A modo de conclusión

El hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya presentado un Recurso Contencioso Electoral pone en evidencia la robustez del sistema de poderes públicos venezolanos, a la vez que realiza la acción que debía hacer el denunciante, lo cual dice mucho de la credibilidad y confianza del presidente Maduro en las garantías para con la soberanía venezolana y la defensa del Pueblo.

El Tribunal Supremo de Justicia, por reglamento, debe crear una Comisión de Alto Nivel para que audite el Proceso, con la presencia del cuarto y quinto poderes constitutivos venezolanos (Poder Ciudadano y Poder Electoral); y con la asistencia de representantes de los 38 partidos electorales.

Es de reconocer que el efecto de fuerte ataque comunicacional llamando a la violencia y alterando en las plataformas sociales digitales la realidad venezolana, sometió tanto a la ciudadanía como a los veedores y observadores internacionales a una alteración en el orden psíquico, por lo que debiera acometerse la toma de acciones jurídicas también por esta Causal en contra de los autores e instigadores de actos violentos desestabilizadores en las Redes Sociales.

Determinados sectores de la opinión pública, sobre todo internacional, han pedido a los veedores y observadores internacionales que tengan un mayor pronunciamiento (a pesar de que la inmensa mayoría ha reconocido la fortaleza del sistema electoral venezolano, y la transparencia del Proceso); es menester apuntar que estos veedores estuvieron amenazados en la intentona golpista; algunos que iban camino al aeropuerto de Maiquetía para continuar labores en sus respectivos países tuvieron que regresar, siendo protegidos bajo el amparo del gobierno venezolano ante la acción agresiva de las turbas de los citados “Comanditos” de la extrema derecha.

Los causantes de la intentona golpista pretendían, al parecer, quedarse ellos solos con las Actas electorales, u obstaculizar el flujo de éstas con el hackeo y apagón general que intentaron realizar, sin éxito.

El gobierno venezolano y su ciudadanía pacífica, esa inmensa mayoría que ha respetado la Constitucionalidad, una vez más ha sido noble pero intolerante como corresponde a quienes se enfrentan a actos violentos injustificados, vandálicos, como consecuencia de los cuales pierden la vida personas inocentes.

• Consulte además: Venezuela: elecciones determinan futuro nacional

Cuando en las últimas horas el gobierno venezolano pidió el retiro de su territorio a diplomáticos de siete países latinoamericanos por injerencia interna de los gobiernos que representan, algunos de esos diplomáticos pidieron a la cancillería venezolana permanecer en Venezuela pues manifestaron haber vivido en la nación bolivariana con total tranquilidad y armonía.

El decretar Fraude ha sido una práctica sistemática, no exitosa, en la extrema derecha opositora venezolana; no obstante, en esta ocasión lo sucedido obedeció a una feroz Guerra Cognitiva desde las plataformas sociales, con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, que tuvo su efecto, como es lógico, en la psiquis ciudadana, sumando en esta ocasión el hecho de que sometieran a un intento de Golpe de Estado, introduciendo fuertemente en ello a veedores y observadores internacionales.

En esa intentona la extrema derecha radical obvió que, a diferencia de abril de 2002, el componente armado en su totalidad respalda al presidente Nicolás Maduro, a su equipo de Gobierno y la Constitucionalidad, con Primeros y Oficiales Superiores al frente de la defensa del Plan República.

Por tanto, desconocieron esos sectores golpistas el respeto al Estado de Derecho, fracasando nuevamente en sus intentos de Golpe contra el Estado venezolano. Entre los elementos primordiales de un Estado se encuentran las Fronteras, el papel que asuman sus Fuerzas Armadas, y la actitud de Líder que tenga y mantenga su gobernante.

En el caso venezolano, desde la escena internacional hemos sido testigos que las únicas medidas anunciadas desde el inicio de la puesta en práctica del Plan República fueron: no porte y tenencia de armas, aumento del control fronterizo y no ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como el mantenimiento del componente de la Unidad Cívico Militar Policial para garantizar la seguridad del pueblo venezolano.

Destacando que se puede sumar el elemento “Militaridad”, toda vez que el Plan República, a diferencia de otros planes similares en América Latina, no tuvo un efecto de componentes armados con armas largas y fuerzas de componentes especiales en las calles, sino que fue, tal y como está concebido, un Plan de Seguridad y Protección inter vinculado con la ciudadanía, en el que llegaron a participar los veedores y observadores nacionales, y el que en todo momento fue celebrado por los veedores internacionales, quienes en su inmensa mayoría, y lo reiteramos, también reconocieron el éxito y transparencia del proceso electoral, y sus resultados.

Pero había un Plan de Golpe previamente preparado que, por su potencia psicológica, nivel de agresividad y recursos financieros invertidos y distribuidos, hubiese tenido éxito de no ser por la alta resistencia del Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, parte inmensamente mayoritaria de la ciudadanía venezolana, y hasta por la valentía de los veedores y observadores nacionales e internacionales.

El Recurso Contencioso Electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro es un ejercicio de civilidad y respeto que merece reconocimiento internacional, y que pretende demostrar la imposibilidad de Fraude en las elecciones presidenciales venezolanas, un sistema electoral completamente automatizado desde el 2004, con un sistema biométrico de reconocimiento desde el 2012, reconocido públicamente hasta por aquellos que hoy no validan los resultados de las Elecciones.

Actitud similar de respeto para con el Pueblo y la Opinión Pública, tuvo el presidente Nicolás Maduro en el 2017 cuando se produjo un “impasse” entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia. Nicolás Maduro convocó entonces a un Consejo de Seguridad de la Nación cumpliendo así con el Artículo 323 de la Constitución, y con su actitud resolvió la situación.

En aquel entonces la Fiscal General era Luisa Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, el reconocido opositor de la extrema derecha, Julio Borges, quien después asumiría como canciller del Interinato de Guaidó.

Actualmente de Fiscal General se encuentra Tarek Williams Saab, quien a la vez que forma parte integrante del cuarto poder denominado Poder Ciudadano (conjuntamente con la Contraloría y la Defensoría del Pueblo) dirige también el quinto poder, el Consejo Nacional Electoral.

Como parte del apoyo de ambos poderes al Plan República, y cumpliendo con la Unión Cívico Militar, la Fiscalía ha desarrollado, según reconoció el presidente Maduro, un importante trabajo en el esclarecimiento de los actos vandálicos, así como en la detección de los autores intelectuales de la intentona golpista.

Si bien en la OEA no han tenido el resultado esperado los intentos de desestabilización en contra de Venezuela, no es desdeñable señalar que ha sido históricamente un organismo utilizado para “legalizar” las invasiones militares a países latinoamericanos. María Corina Machado ha solicitado en otras ocasiones, una Invasión Militar a Venezuela.

Sobre su documento programático “Land of Grace”, Tierra de Gracia, María Corina aclara que no todo es público, habría que ver si nuevamente, y sin ánimos de exagerar, la solicitud de Invasión Militar es una opción, como también habría que ver qué y en qué plazos desde la extrema derecha radical se prometió a los autores intelectuales internacionales de la intentona golpista, como dádivas para frenar las ansias mayoritarias de integración y concertación latinoamericanas.

Frente a ello, y también desde la opinión pública internacional, podemos entender el actuar y el discurso del presidente Nicolás Maduro; ante las más de 936 medidas coercitivas unilaterales provenientes de los Estados Unidos y otras desde la cúpula de la Unión Europea en contra de Venezuela, es de reconocer la existencia de fuertes sectores económicos estadounidenses y europeos que insisten en las posibilidades de  negocios económicos y comerciales con Venezuela, lo cual puntualizó Maduro en sus ultimas intervenciones posterior a la intentona golpista, se seguirá materializando como parte de la Séptima Transformación contemplada en el Plan de la Patria.

Vale destacar que Petroleros de Texas reconocieron y felicitaron al Presidente Nicolás Maduro por resultar ganador en las elecciones presidenciales. Hasta el momento Latinoamérica puede seguir confiada en que desde el interior del gobierno venezolano y su inmensa y gran ciudadanía, comprendidos todos, opositores y no, se continúan cumpliendo los sueños del presidente Hugo Chávez, pues la vida de la Patria (y de toda Latinoamérica) debe ser eterna, y tiene que ser una patria grande, hermosa, libre, y desarrollada.