¿La hora del adiós?

En efecto, este 27 de septiembre Cataluña podría confirmar que la tendencia a la independencia con respecto al gobierno de La Moncloa es irreversible, y que las autoridades centrales estarían abocadas a un serio conflicto interno que se sumaría a la debacle económica y social acumulada en los últimos años  de administración derechista.

Al menos eso es lo que indican las más recientes evaluaciones acerca de la consulta electoral programada para tan cercana fecha, en la cual hasta ahora se adjudican a los separatistas entre 67 y 70 escaños de los 135 cargos parlamentarios en disputa, es decir, cifras decisorias para controlar el ejecutivo regional.

La victoria parece más cierta en la medida en que los partidarios de la secesión han ido forjando alianzas, entre ellos el liberal Convergencia Democrática, actualmente en el gobierno del área y el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya, al que podría sumarse, de manera decisiva para los resultados en las urnas,  la organización política Candidatura d'Unitat Popular, también calificada de izquierda por los medios de prensa.

No hay que pasar por alto que en una suerte de referendo ejecutado en Cataluña en noviembre pasado por encima de las críticas y prohibiciones del gobierno de Mariano Rajoy, cerca de ochenta por ciento de los votantes optaron por la separación del resto de España.

De manera que para estas fechas, la preocupación y las declaraciones altisonantes retornan a Madrid, cuando la tendencia de Cataluña a tomar su propio camino resulta una amenaza de orden superlativo.

La intención de los catalanes favorables al desmembramiento es zafarse de las trabas derivadas de las políticas oficiales imperantes en España en los últimos años, y que han colocado al país en una situación de crisis permanente en todos los sentidos, desde escándalos de alto vuelo en materia de honestidad y ética oficial, hasta un sonado deterioro económico y social. Todo ello, amén de no pocos resentimientos de orden histórico y cultural de mayor data histórica subyacentes en el contexto local.

Y ante la inminencia de una renovada consulta que sin dudas añade nuevos problemas al agrio panorama interno, tanto el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular, como la vicepresidenta Soraya Sáenz, el titular de defensa Pedro Morenés, y miembros del poder judicial,  han redoblado sus declaraciones contrarias a las aspiraciones de buena parte de los catalanes.

En una reciente alocución, Rajoy llamó a “la cordura”, mientras su segunda se refirió a la manifiesta intención de una Cataluña independiente de alejarse de la Unión Europea, y precisó en ese sentido que el gobierno central “"hará todo lo que esté en sus manos para que no salgan, porque Cataluña no va a ser independiente".

El ministro de defensa, por su parte, en una velada advertencia, recordó que las fuerzas armadas “están sujetas al estado de derecho”, en referencia directa a la vigencia de un aparato legal no proclive al independentismo.

No obstante, voceros independentistas han confirmado el carácter plebiscitario que conceden a las elecciones de este 27 de septiembre, y precisaron que si el separatismo gana por mayoría absoluta, en dieciocho meses sería proclamada la autodeterminación de Cataluña.

Queda por ver entonces el conteo en las urnas y las actitudes que a la hora de la verdad asumirían las diferentes fuerzas en conflicto, en una sociedad que atraviesa desde hace años por uno de sus períodos internos más complicados desde el fin de la dictadura de Francisco Franco y el retorno al pretendido camino democrático.