La derecha en Argentina no cree en epidemias

Para la derecha en Argentina la epidemia causada por el nuevo coronavirus no es un impedimento para conspirar contra el gobierno progresista de Alberto Fernández, quien en los últimos cuatro meses está tratando de coser las heridas dejadas en la población por el régimen del millonario Mauricio Macri.

En los últimos días, los cacerolazos contra el inclusivo gobierno se sintieron fuertemente en Palermo y Villa Urquiza, Rosario, y Córdoba entre otros barrios. En las redes sociales fueron convocados aquellos que, en su momento, defendieron las políticas neoliberales y de derrumbe económico durante la gestión de Macri, finalizada el pasado 10 de diciembre.

Mucho ha hecho el nuevo mandatario, su vice Cristina Fernández y el ejecutivo para, en medio de una pandemia mundial, buscar soluciones viables a la gigantesca deuda externa contraída por la anterior administración de más de 50 000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restañar las heridas del desempleo, la pobreza y la extrema pobreza, devolver la dignidad al pueblo solidario que cocinó grandes ollas populares para los más pobres en las llamadas Villas Miseria.

El actual gobierno ganó las presidenciales contra Macri, pero ello no significa que la coalición Juntos por el Cambio, que lo candidateó a la reelección se haya retirado de la vida política nacional, ni tampoco que el gran empresariado lo respalde en sus medidas.

En un esperado giro, la pareja de políticos peronistas del Frente de todos ganó la Casa Rosada en primera vuelta con el 47,80 % de los votos, mientras que el presidente Macri obtuvo el 40,9 % de las boletas positivas, una cifra nada despreciable.

Poco a poco las cosas están cambiando en Argentina. El nuevo presidente llegó arrasando, hasta donde las circunstancias se lo permiten, con el modelo neoliberal impuesto por Menem y luego de una década de progresismo, por Macri. Argentina pagó, gracias a la inteligencia y denuedo del fallecido mandatario Néstor Kirchner y su esposa Cristina, una enorme deuda con el FMI.

El choque con el empresariado privado —al que prohibió un solo despido más— tenía que venir porque las medidas adoptadas antes y durante la entrada a Argentina de la pandemia generada por la COVID-19 el pasado mes significaron un viraje de 180 grados en la herencia dejada por un régimen derechista arropado por los grandes capitales locales y extranjeros.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina elaboró un documento en el que muestra su confianza en el diagnóstico oficial sobre la crisis económica y en las medidas para recuperar el poder adquisitivo a la clase media, ya empobrecida, que impactarán al mismo tiempo a favor de las llamadas Pymes (pequeñas y medianas empresas) y generar empleos perdidos.

Una de las primeras disposiciones de Fernández fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluye bonos a los jubilados, suspensión de despidos, asignaciones familiares a los más vulnerables, el programa de tarjeta de alimentos y un plus para los asalariados del sector privado y público.

Los programas planteados por el Frente para todos beneficia a millones de personas —solo los jubilados con pagos extras son más de medio millón—, muchos de los cuales no pagará más sus recetas, el congelamiento de los precios de los servicios públicos, y una rebaja en el precio de los medicamentos. Sobre el impuesto del 30 % que se aplicará a las compras en moneda extranjera para incrementar la recaudación fiscal y, en paralelo, incentivar el turismo local, Fernández dijo que “ello va a generar ruido, pero hay que entender lo que ha pasado en la Argentina, que se quedó sin dólares”.

La economía de Argentina, la tercera de América Latina, cerró 2019 con una contracción del 3,1 por ciento, según el FMI, organismo al que el nuevo mandatario informó que no estaba “en condiciones de pagarle el crédito”. Argentina registraba además una alta inflación, que acumuló un 48,3 por ciento entre enero y noviembre últimos, una tasa de desempleo del 10,6 por ciento y un índice de pobreza del 35,4 % de la ciudadanía.

LA DERECHA ARGENTINA PONE EN MARCHA SUS PLANES

El presidente Fernández recibió un 83 % de apoyo popular cuando anunció los planes oficiales para combatir el COVID-19 y resulta muy difícil agredirlo de frente, porque su Ejecutivo no tiene flancos débiles hasta ahora.

En estos movimientos para beneficiar a su pueblo, las grandes empresas se autoproclaman entre las supuestas víctimas de las medidas oficiales y le declararon la guerra al mandatario y a los políticos. Los hechos lo demuestran.

El primer cacerolazo del pasado 30 de marzo —que imita de manera equivocada a los realizados en Chile contra Sebastián Piñera o en Ecuador contra Lenin Moreno y sus antipopulares políticas— ocurrió un días después de que el presidente tildara de “miserables” a los que despiden, ante la noticia de que 1450 obreros de Techint, con sede central en Luxemburgo, podían quedarse en la calle.

La multinacional tiene como representante en el directorio de Techint por el Estado argentino —lo que se descubrió ahora— a Miguel Ángel Toma, ex secretario de seguridad de Menem, ex jefe de seguridad del actual jefe de los diputados del partido Propuesta Republicana, Cristian Ritondo, y ex jefe de Inteligencia de Eduardo Duhalde, luego volcado al macrismo.

Toma, critico frontal del nuevo gobierno argentino, en absoluta falta de respeto, salió a provocar al presidente. Le dijo que despedir o no despedir no es un tema moral, y que si quería impedir los despidos que promoviera una ley. 

Aunque no hay seguridad de que este individuo y la compañía multinacional hayan organizado los cacerolazos, la experiencia demuestra que un hecho de esa envergadura tiene que tener una unidad previa.

Estas formas de rechazo a las medidas de la Casa Rosada, en plena crisis sanitaria, fueron acompañadas desde el pasado 28 de marzo —dos días antes del inicio de los cacerolazos— por una campaña mediática rematada en Internet con el hashtag #BajenseLosSueldos, articulados por las cuentas @impulsar_arg y por @mejorar_arg.

Varios tuits ofensivos también aparecieron. Uno de Yamil Santoro, presidente de @mejorar_arg: dijo: “Te van a empezar a cerrar empresas, Alberto, y la crisis será aún peor. No se gobierna a un país con buenas ondas. Tildar de miserables a los que pagan sueldos e impuestos es tirarse un tiro en el pie. Tomate un tecito antes de hacer declaraciones”.

La campaña en redes sociales posee dos ejes. Uno, la exigencia de que los funcionarios del Ejecutivo, los legisladores y los jueces se reduzcan los sueldos. Otro es el de tuits y mensajes de WhatsApp críticos del aislamiento social obligatorio, como si fuera una medida dictatorial.

El conflicto que fomentaron un grupo de empresarios que se sienten perjudicados por los decretos gubernamentales llevó incluso a la incitación a una “rebelión fiscal” el pasado día primero, firmado por una inexistente Confederación Económica de la Nación. “De esta catástrofe (referida al pago impositivo a las grandes empresas) va a surgir el fósforo que prenda la mecha de una bomba que debería haber explotado hace tiempo”.

¿Qué se esconde tras la llamada “rebelión fiscal”, hecha de manera anónima pero que se trata en realidad de un manifiesto desestabilizador circulando en las redes?

Es la rebeldía de un grupo de empresarios millonarios que desean retornar al pasado de Macri y se escudan en un agravamiento de la crisis económica —de la cual no solo Argentina es víctima— debido al coronavirus y a las medidas de prevención ordenadas por el gobierno mediante una cuarentena social.

En el texto sin firmas se dice que “un esperanzador brote de rebelión se está caldeando”. Por supuesto que contra los Fernández, que han puesto la salud y la vida del pueblo antes que las ganancias del gran capital.

El gobierno, que ya vio asomar las orejas de sus enemigos con muchos deseos de volver por sus fueros el llamado día después —cuando se declare la terminación de la pandemia en territorio argentino— ya está tomando providencias para contrarrestar estos planes destructivos.

Para el analista argentino Alberto Ángel Fernández, abogado, profesor y político, afirmó que “Lo que se ataca es a la política, como tal (…), porque Fernández vuelve a colocar las decisiones políticas en defensa de los compatriotas, de su salud, de sus familias, de su acceso a la comida y a la convocatoria a la solidaridad social”, precisó.

El viernes último, el mandatario se reunió con la Central General de Trabajadores (CGT) para evaluar la salida escalonada a partir del próximo día 13 del aislamiento social preventivo por la COVID-19.

En una próxima cita se tomarán las decisiones finales en una mesa conjunta de trabajo, en la que participará una parte del empresariado, con asesoría de un equipo de expertos en salud pública.  

“La idea es volver a poner en marcha sectores de la economía, pero tomando las precauciones necesarias tanto en el lugar de trabajo como en los medios de transporte”, indicó uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y adelantó que se diseñará un sistema de turnos para descomprimir las aglomeraciones.

“Tiene que haber un soporte de contingencia, un protocolo sanitario, para tener un orden y una metodología. Así como nos preocupaba que no se paralice la economía, vamos a priorizar cómo cuidar la salud de las trabajadoras y trabajadores”, destacó el secretario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Gerardo Martínez, cuyo sector encabezará la primera prueba de la apertura del aislamiento. 

Daer, quien señaló que “para volver a poner en marcha el país la prioridad absoluta es la salud” celebró la decisión del Ejecutivo de escuchar el pedido de la CGT de congelar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hubiese permitido a las empresas realizar despidos por “fuerza mayor” por la mitad de la indemnización.