La caída de Duque

El presidente colombiano Iván Duque, quien entregó las riendas de su país a Estados Unidos (EE.UU.) y es jefe de una guerra sucia contra la vecina Venezuela, es rechazado por el 75 % de la ciudadanía, que tiene entre sus principales preocupaciones la permanente inseguridad existente en el país.

A poco más de tres años de su mandato, y cuando comienza a engrasarse la maquinaria electoral para las elecciones legislativas, en marzo próximo, y las presidenciales, dos meses después, Duque, del derechista partido Centro Democrático (CE), es reconocido como un político indiferente a la búsqueda de la paz interna.

El principal objetivo de su estancia en el Palacio de Nariño desde 2018, y así lo demuestran los años, es propiciar las condiciones para la victoria, cada vez más lejana, de la oposición radical venezolana.

El mandatario ha permitido, entre otros graves episodios, que con el financiamiento de Washington se preparen y salgan de su territorio tropas mercenarias para realizar graves delitos —hasta el magnicidio— que propicien el derrocamiento de la Revolución Bolivariana.

Mientras conspira con líderes derechistas venezolanos, entre ellos el autoproclamado ex presidente interino Juan Guaidó, permite una escalada de muerte en su territorio, burlándose de esa manera del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-ELP), convertidas en el partido Comunes.

Duque, un ultraderechista que sigue los pasos de su mentor, el exmandatario y exsenador Álvaro Uribe, quien fomentó los primeros grupos paramilitares cuando era gobernador de Antioquia, no dirige, sino que permite que los sectores oligárquicos mantengan sus privilegios, en tanto el país se convierte, por órdenes de la Casa Blanca, en una trampa mortal para sus habitantes.

Cuando asumió, invitó a su pueblo “a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”, pero, por el contrario, consolidó a la nación como una de las más desiguales y violentas del mundo.

Otra prueba de su desinterés por alcanzar la pacificación nacional la dio en 2018, cuando de manera unilateral suspendió las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización insurgente integrada por unos 2 500 miembros, que declaró su disposición a retornar a la mesa de diálogo.

El ELN está dispuesto a reanudar este proceso de manera inmediata, sin ninguna precondición, indicó el comandante Aureliano Carbonell, miembro de la dirección nacional y delegado en las conversaciones, en entrevista a los medios Brasil de Fato y People’s Dispatch.

Carbonell destacó que la expectativa de la guerrilla es que las negociaciones avancen cuando termine el gobierno del CE, dada la influencia del guerrerista Uribe en el entorno presidencial.

No obstante la posición del oficialismo, el ELN, precisó, tuvo gestos a favor de la paz y entre ellos mencionó el alto al fuego unilateral que dio respuesta a la solicitud, en abril del 2020, del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y del Papa Francisco, para que cesaran las armas donde hubiera guerras, dada la pandemia de la COVID-19. El ELN le planteó a Duque un gesto similar, que fue desoído.

GOBIERNO EN CAÍDA LIBRE

Una reciente encuesta de la empresa colombiana Invamer (Investigación y asesoría de mercadeo) reveló la pasada semana que el 77 % de los más de dos mil ciudadanos interrogados considera que la situación social está empeorando, mientras la desaprobación al dignatario es de 75 %, la más alta desde que asumió el cargo.

Hay más. La cifra de quienes indican como favorable la administración ultraderechista descendió del 27 % al 19 %, lo cual indica la pésima situación del Ejecutivo en su conjunto. Todas las cifras de Invamer verifican que el repudio se extiende a casi todos los ministros acompañantes, entre ellos la vicepresidenta y el ministro de Defensa.

La revelación es considerada una consecuencia del mal manejo de la política interna por parte del gabinete, que incita a la violencia doméstica al permitir la libre actuación de los paramilitares, la mayoría elementos retirados o activos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Cada día, la prensa colombiana informa sobre masacres y asesinatos de activistas sociales y exguerrilleros de las FARC-ELP, a quienes les ofrecieron garantías de vida y la posibilidad de insertarse normalmente en la sociedad. Hasta ahora, ocurre lo contrario.

Desde junio último en movilización constante en las calles, cada día crece más el criterio de la población de que las actuales problemáticas se agudizan más, entre ellas el complejo panorama causado por la pandemia de la COVID-19, que hasta el día 3 de este mes dejaba 4 914 881 contagiados y 125 158 fallecidos.

Los críticos de Duque, sin embargo, precisan otros asuntos que demeritan su mandato y proponen cambios políticos y sociales en la presidencia resultante de los comicios del próximo año, en las que el derechista CE aparece sin ningún chance.

A la ciudadanía, que vive en temor constante por atentados y asaltos armados, le preocupa la seguridad personal, y también el desempleo, agravado por la pandemia, ya que la economía informal en que se mueven millones de trabajadores está prácticamente paralizada por la gravedad de los contagios.

Cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicaron que Colombia pasó de tener 8 560 000 personas en situación de pobreza multidimensional, en 2019, a 9 040 000 el pasado año, cifras que aumentaron, aunque todavía no están contabilizadas.

Las protestas ocurridas en fecha reciente exigían, entre otras demandas, la renuncia de Duque, de la violencia policial, y en especial los asesinatos de activistas y líderes comunitarios, que en los Departamentos tratan de impedir las ventas de tierras a trasnacionales extranjeras, y la destrucción del medio ambiente.

Contra los manifestantes de mediados de este año, el gobierno exhibió una brutalidad criticada en medios internacionales, pero la represión se agudizó.

La organización no gubernamental (Ong) Temblores dijo, al referirse al uso de la fuerza extrema, que entre abril y julio pasados se reportaron 4 852 casos de violencia policial.

En un informe entregado a organismos internacionales, Temblores indicó que entre junio y agosto la fuerza pública y la encubierta cometieron 41 homicidios y dejaron ciegos o tuertos a 69 personas, a quienes dispararon directamente a los ojos, imitando los ataques de la Gendarmería chilena.

Según Temblores, están registradas 1 649 detenciones arbitrarias, 346 desapariciones y 41 homicidios por parte de la Policía Nacional.

En lo que va de año hay más de 100 líderes sociales ultimados, lo que verifica la agudización de la violencia, que también se traduce en asesinatos selectivos y perpetración, casi diarias, de masacres en zonas rurales y pequeñas ciudades.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que este 2021 se registran más de 60 ejecuciones masivas, una cifra sin precedentes, en las que murieron incluso menores de edad.

Indepaz reveló que el pasado año fueron ultimados 310 líderes sociales por asesinos a sueldo contratados por hacendados.

También la administración guerrerista se distingue por silenciar otro fenómeno a consecuencia de la guerra sucia contra los luchadores sociales y exguerrilleros: el desplazamiento forzado de millares de personas hacia lugares supuestamente seguros para sus vidas.

En fecha reciente más de 100 de ellos huyeron de sus comunidades rurales hacia el municipio de Ituango, en Antioquia, luego de denunciar que la Alcaldía local no enfrentaba lo que ocurría.

A pesar de las solicitudes de justicia para las víctimas, hasta ahora no hay sistematicidad en la búsqueda de los culpables, y son precarios los avances en materia de investigación, juzgamiento y sanciones.

Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que en Colombia “siga prevaleciendo el delito de las desapariciones forzadas, incluso en un contexto de pandemia y de la firma de los Acuerdos de Paz”.

El órgano multilateral recordó que hay más de 24 000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos.

De las 185 422 víctimas de desapariciones forzadas identificadas en el Registro Único de Víctimas, solo recibieron compensaciones económicas 12 490.

En este contexto, ya comenzó el movimiento político de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, previo al inicio oficial de las campañas, en enero próximo.

Hasta ahora hay 43 candidatos que aspiran a ocupar la primera magistratura.

Entre los confirmados se encuentran Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, en su segunda incursión, quien hasta ahora, aunque puede cambiar, ocupa el primer lugar en las preferencias.

También el exsenador Juan Manuel Galán, el exgobernador de Antioquía Sergio Fajardo, el exvicepresidente Humberto de la Calle, el senador Jorge Robledo, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.