México comenzó a sanar una de sus heridas más profundas. Después de ocho años de luchas y búsqueda incesante, 43 familias del humilde poblado de Ayotzinapa, estado de Guerrero, conocieron la verdad de lo sucedido a sus hijos adolescentes, estudiantes de magisterio, desaparecidos luego de ser detenidos. Se trata de un ¨crimen de Estado¨, concluyeron los peritos bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que no habrá inmunidad para quienes participaron en el criminal episodio.
Hace pocos días se levantó un polvorín en México cuando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotnizapa, puesta en funciones por AMLO, brindó un informe con tres puntos esenciales: lo ocurrido fue un crimen de Estado encubierto al más alto nivel; no hay indicios de que los jóvenes hayan sobrevivido, y las autoridades del anterior gobierno, incluido el Ejército, podrían haber actuado para impedir la desaparición forzada y los asesinatos.
Los resultados de las actuales investigaciones documentan en sus 103 páginas más ocho anexos, más allá de cualquier duda, que las altas autoridades federales, estatales y municipales antecesoras supieron en todo momento (en tiempo real) lo que sucedía, y nada hicieron para frenar los homicidios.
Los jóvenes viajaron en ómnibus de Ayotzinapa al cercano municipio de Iguala –donde ya eran esperados por la policía que los detuvo-. Su destino era Ciudad de México, donde participarían en acciones conmemorativas del 2 de octubre, fecha que marca una matanza de estudiantes en la Plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital del país.
ESTADO ASESINO
Los implicados en el llamado caso Ayotzinapa pertenecen a por lo menos tres instituciones del estado mexicano. Hasta ahora hay cerca de un centenar de personas con orden de detención, otros ya apresados, mientras en la medida que pasan los días se supone que aparezcan mas implicados.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá Impunidad para los culpables de los sucesos acaecidos con los estudiantes (Isaac Esquivel/EFE)
Desde que asumió la presidencia, López Obrador, conocido como AMLO por el acrónimo de su nombre, sostuvo reuniones con los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y les dijo que, bajo su mandato, la verdad sería conocida. De manera comprobada, los jóvenes, de extracción humilde, no cometieron delito alguno.
El anterior gobierno, en manos del millonario expresidente Enrique Peña Nieto, (2012-2018, del derechista Partido Revolucionario Institucional, PRI) creó un aparato de supuesta búsqueda de los jóvenes, quienes aspiraban a ser maestros rurales en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, donde operan varias bandas mafiosas, entre ellas la indicada como ejecutora del crimen, denominada Guerreros Unidos.
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En estos momentos está detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien tuvo un papel protagónico en la mentira urdida por el régimen de Peña Nieto, pasando la idea de que los expertos designados entonces habían encontrado la ¨verdad histórica¨ de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
Murillo es acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa, y más allá de las pruebas presentadas, reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la falseada ¨verdad histórica¨.
El expresidente derechista Enrique Peña Nieto y su procurador general Jesús Murillo, detenido por orquestar la llamada ¨verdad histórica del caso Ayotzinapa, considerado ahora un ¨crimen de Estado¨. (Tomada de HispanTv).
También el gobierno mexicano solicitó la extradición a Israel del exdirector de Investigación Criminal Tomás Zerón, quien se fugó del país, dada su responsabilidad en los sucesos.
El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión contra personal de las tres entidades de gobierno que intervinieron en la primera supuesta indagación de los hechos, incluyendo 20 militares. Este grupo está comprometido en el montaje del aparataje organizado por la extinta Procuraduría General de la República, en manos de Murillo, el cual ocultó la verdad de la masacre, alteró las escenas del crimen, y obvió los vínculos oficiales con el grupo mafioso Guerreros Unidos.
Los uniformados pertenecían a los batallones 27 y 41 de infantería, que estuvieron de guardia la noche de los hechos.
En la lista, el de más alto rango es el general ® Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, quien según el informe de la Comisión de la Verdad tuvo conocimiento inmediato del rapto.
El régimen de Peña Nieto mintió a las familias que desconocen aún el paradero de sus seres queridos, y más grave aún, encubrió las responsabilidades de funcionarios que cometieron ilícitos de gravedad.
Los empleados designados por el exmandatario desviaron las indagatorias de su propósito legítimo. Propiciaron una pérdida catastrófica de indicios vitales para esclarecer los hechos. Desde que iniciaron la pesquisa hasta que entregaron un documento falseado, murieron o fueron ejecutadas 26 personas consideradas claves para obtener información.
Catorce de ellas integraron Guerreros Unidos, tres eran familiares de miembros de esa organización criminal, dos del grupo delictivo Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y personas que proporcionaron información. Resultó ultimado Mario Casarrubias Salgado, jefe de Guerreros Unidos, que había iniciado colaboración con esta Comisión.
MENTIRAS DE PEÑA NIETO
A pesar de los esfuerzos de Peña Nieto y su camarilla por darle un cierre oficial al caso, no lograron convencer a los parientes de los muchachos, quienes continuaron sus manifestaciones públicas y reuniones con autoridades locales y nacionales. Todas las gestiones resultaron inútiles.
Hasta que llegó AMLO al Palacio Nacional y se comprometió con ellos a averiguar la verdad de lo ocurrido, en tanto advirtió que bajo su autoridad no permitiría ni corrupción ni inmunidad y cumpliría su palabra con independencia de quien se tratase. El mandatario impulsó incluso un referendo para que los expresidentes que hubiesen delinquido fuesen juzgados. En este caso en especial, la Comisión investigadora no menciona a Peña Nieto y AMLO indicó, a preguntas de periodistas, que cualquier decisión al respecto sería tomada por los jueces.
La omisión de lo realmente sucedido configura el crimen de Estado, más allá de la participación directa de autoridades como los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes ayudaron a miembros de Guerreros Unidos en la desaparición forzada de los muchachos.
En las investigaciones recientes quedó comprobado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitió las atrocidades del 26 de septiembre y nada hizo para impedirlo. Incluso sacrificó a uno de sus soldados, nombrado Julio César López Patolzín, infiltrado en la Escuela Normal para informar sobre las actividades políticas de los alumnos. López fue abandonado, lo que supone una violación a los protocolos de Sedena. Por ese crimen comparecerá el entonces comandante del 27 Batallón con sede en Iguala, teniente Marcos Macías Barbosa.
A diferencia de la versión pasada, los normalistas no fueron incinerados juntos en el basurero de Cocula, pues fueron separados en tres grupos en la salida de la terminal de buses de Iguala. Se comprobó que hubo tres células de sicarios, seis grupos y un mando central en la tarea de desaparición en distintos puntos.
Ante la presión de las familias y de millares de personas que reclamaban la aparición con vida de los desaparecidos, la Procuradoría, con Murillo como presidente, concertó una historia basada en una llamada del propietario de una tienda cerca de Cocula e Iguala, respuestas de interrogatorios a 77 personas bajo tortura, acreditados por 50 horas de videos entregados por el Centro Nacional de Inteligencia a la Fiscalía y en la versión de la incineración de los estudiantes.
En la polémica primera versión que presentó el derechista Peña Nieto, la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Se detectó, gracias a drones de la Secretaría de Marina, que uniformados sembraron evidencias en Cocula, cercano a Iguala.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión creada por orden presidencial, afirmó que el informe y la comparecencia pública dan cuenta de una voluntad oficial para desentrañar la verdad y en la deconstrucción de la trama de encubrimiento tejida el sexenio pasado. Pero aún falta conocer, dijo, el paradero de los 43 jóvenes y que se dé paso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición
Nadie que haya delinquido quedará libre de castigo, afirmó AMLO el pasado lunes en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.
“Estamos ante una situación inédita, aseguró, porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó; ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”.
Aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchos, pero quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra".
Amlo precisó que en la Comisión investigadora trabajaron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una indagación a fondo, sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente. Ellos elaboraron el informe e hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”.
La verdad se va abriendo paso en México.
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