El pueblo guatemalteco está decidido a defender a su presidente electo Bernardo Arévalo de León, a quien la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras intenta derrocar aun antes de asumir el próximo 14 de enero. Son más de 20 días de protestas populares y bloqueos de carreteras por fuerzas populares que exigen la renuncia de la magistrada, amparada por sectores derechistas del país.

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Este viernes, miles de personas se congregaron en plazas y calles de diferentes localidades, con bloqueos de 23 vías principales, cuando se conmemoró el 79 aniversario de la Revolución de 1944, que derrocó la dictadura del gobierno de facto del militar Federico Ponce. Casi ocho décadas después, las marchas pidieron también la salida del actual jefe de gobierno Alejandro Giammattei.

El festejo tuvo otro matiz este año, ya que sumaron cientos las manifestaciones que recorren este país centroamericano que, aunque pacíficas, se mantienen firmes desde el pasado día 2 para que entreguen sus cargos quienes quieren mantener a los guatemaltecos en un régimen de pobreza y desigualdad social.

Se estima que el 70 % de los 17 110 000 habitantes de ese país centroamericano viven en pobreza. Los niños, uno de los sectores más afectados por la precaria economía en que subsisten, padecen de desnutrición crónica (uno de dos), al extremo de que organismos especializados consideran que muchos tienen afectado su nivel de aprendizaje escolar.

Esta es la situación que prometió cambiar el nuevo mandatario Arévalo, académico y diplomático, y su vice, Karín Herrera, una prestigiosa científica, a quienes la derecha sabotea de continuo por el carácter inclusivo de su programa ejecutivo.

Arévalo declaró la guerra a la corrupción en el país. Semilla surgió de un movimiento anticorrupción en 2015. En aquel momento, la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) intentaba esclarecer casos delictivos. Tras su éxito en el balotaje, delincuentes de cuello blanco agrupados en el llamado Pacto de Corruptos firmado en 2017 para que la justicia les permitiera actuar de manera impune, intenta obstaculizar su camino.

El Pacto de Corruptos está integrado por empresarios, políticos, narcos, congresistas y figuras que han delinquido en distintos momentos.

Este jueves, con el fondo de las marchas que recorren Ciudad de Guatemala, la capital, el futuro mandatario destacó ante sus interlocutores que "estamos comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos (…) una salida a la crisis institucional que la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de Consuelo Porras ha causado"

En este primer acercamiento entre partes que no han encontrado la vía para tratar de solventar la situación creada por Porras, quien cumple órdenes de los sectores opuestos a Arévalo, estuvieron representantes de las Autoridades Indígenas y los 48 Cantones de Totonicapán que convocaron a las protestas –a la que se sumaron otros grupos sindicales y estudiantiles- y que, afirmaron, seguirán luchando hasta que renuncie la Fiscal General. Como mediador de las partes fue invitado el cardenal Álvaro Ramazzini.

Para Arévalo, quien prometió un cambio sustancial en el manejo del país en beneficio de las grandes masas empobrecidas, es importante contar con el apoyo de los hombres de negocios, al menos ahora. Es importante que ese sector colabore para lograr la estabilidad nacional antes de la toma de posesión. Solo así la nueva administración realizará una gobernanza acorde con las necesidades de una nación con la economía más grande de Centroamérica pero con una pobreza mayúscula derivada de la corrupción administrativa y la presencia del narcotráfico que penetró en el territorio.

Observadores del proceso político guatemalteco estiman que se repite, como en otros países de América Latina, el esquema de utilización de los órganos y funcionarios de la justicia para que asuman el papel de partidos políticos.

Además de Porras están involucrados en el complot contra el Movimiento Semilla el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, y el juez del Séptimo Penal, Freddy Orellana.

Poco después de que se conociera la victoria de Arévalo, Porras dictó una medida que impedía la personería jurídica del Movimiento Semilla, al considerar que hubo fraude de firmas durante su constitución. De inmediato fueron sacados del Congreso Nacional los diputados electos por esa agrupación.

La maniobra fue desestimada cuando los abogados defensores demostraron que ningún partido puede ser eliminado mientras dura el proceso electoral, pero el tema quedó pendiente hasta el 31 de este mes.

En un intento por revertir la victoria de Arévalo, la Fiscalía General allanó la sede del Tribunal Superior Electoral para secuestrar los resultados de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto.

Arévalo acusó a Porras y a la cúpula de la Fiscalía de encabezar un “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de su cargo.

En la actual coyuntura aparece involucrada la Corte Constitucional (CC) que protege a Porras y los demás magistrados involucrados en los acontecimientos.  Hace unos días, y a pesar de la situación existente en el país, la CC decidió de forma unánime rechazar una solicitud de amparo que buscaba suspender una frase del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para permitir la remoción de la Fiscal General por parte del Presidente.

En una entrevista con la radio local Emisoras Unidas, Arévalo no descartó que la situación se salga de control si el gobierno decreta un estado de excepción.

Aseguró que Porras y la Fiscalía actúan "con claro abuso de poder en violación del orden constitucional y con una clara intención de vulnerar el proceso electoral y democrático".