Guatemala en rebelión

El pueblo de Guatemala, una nación centroamericana con altos índices de miseria, continúa en las calles en protesta por el presupuesto de 2021 que no deja espacio a la educación y la salud, mientras el gobierno de Alejandro Giammattei trata de contener la ira popular pidiendo la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), promotora de golpes de Estado e intromisión en los asuntos internos de los países de la región.

Las movilizaciones populares siguen adelante. En ellas participa una mayoría juvenil contra la imposición de cuentas que desfavorecen a los sectores más pobres de esa nación centroamericana, en medio del desastre dejado por dos tormentas tropicales —Eta e Iota—y la pandemia de la COVID-19, que llegó este lunes a 118 629 contagios acumulados y 4 076 fallecidos, reportó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Más de 107 410 guatemaltecos, precisó, vencieron la enfermedad, mientras que 7 140 casos están activos.
La situación en Guatemala es compleja, pero en un brote de rebeldía, desde el pasado miércoles la gente está en la calle para decirle basta a un sistema político retrógrado, neoliberal, con una clase política corrupta. Guatemala quiere más, para mejor, al igual que está ocurriendo en otros países latinoamericanos como Perú, Colombia y Chile.

Con la bandera nacional en las manos y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”, quedaron abarrotadas la plaza central frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, mientras se rellenaban otros céntricos puntos de la capital.

Son casi 17 millones de habitantes en esa nación centroamericana y de ellos el 59,3 % vive en la pobreza, en tanto la desnutrición infantil afecta a casi el 50 % de los niños menores de cinco años.

En este contexto es brutal la represión de los cuerpos armados. La rebelión social estalló cuando la población conoció la presentación en el Congreso Nacional de las partidas para el 2021, que recortan dinero de varias categorías para la atención de los problemas sociales.

Sin embargo, destinaban más de 12 millones de dólares para una nueva sede legislativa y 640 000 dólares para dietas de diputados y personal de ese órgano, según denunció el portal Plaza Pública.

Ese medio analizó que el documento “beneficia la construcción de la infraestructura desde distintas entidades” y prioriza los grandes proyectos de infraestructura manejados por empresas con conexiones gubernamentales.

Antes, el órgano legislativo había aprobado préstamos por más de 3 800 millones de dólares para atender la pandemia, pero solo se entregaron a las instituciones de salud menos del 15 % de esos recursos.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) publicó que la aprobación “indignante” de este presupuesto llevará a un “mayor empobrecimiento de la población” y comprometerá “el futuro de las próximas generaciones”.

Otras entidades económicas también se pronunciaron. La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI) expresó la preocupación de cuentas aprobadas “sin un análisis y diálogo debido”. Consideró que “castiga el desarrollo económico” y “compromete la estabilidad macroeconómica del país” enviando “mensajes negativos a los potenciales inversionistas”.

Advirtió que “llevamos 10 años de aprobación de presupuestos desfinanciados, pero nunca antes en los montos tan desproporcionados como este 2021”.

En la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas hubo escepticismo acerca de que este presupuesto “sirva para rescatar al país de la recesión económica, del desempleo, del hambre y desnutrición”. Este, aseguró, “hunde al país en el endeudamiento y el déficit fiscal”.

La Cámara Empresarial de Comercio y Servicios rechazó el documento, pues, “se compromete la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de la economía nacional”.

LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO

De ahí que la aprobación de las cuentas del próximo año fue la gota que colmó el vaso. Miles de personas en decenas de localidades del país salieron a la calle para exigir nuevas cifras presupuestarias y la renuncia del presidente Giammattei. La movilización, que comenzó de manera pacífica, cambió de matiz por la represión policial con uso de gases lacrimógenos, golpes y detenidos.

Un pequeño grupo no identificado incendió una parte del edificio del legislativo, y otras entidades. Hay por lo menos 35 detenidos y numerosos heridos, tanto civiles como uniformados.

El pasado miércoles la alianza de partidos oficialistas ganó la votación del presupuesto de 12 800 millones de dólares con 115 de los 160 legisladores. La cifra marca un record en el escenario de la pandemia.

Esos números supuestamente destinados al combate de la COVID-19 traerán, entre otras consecuencias, recortes a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al órgano de justicia, la Universidad de San Carlos, pacientes oncológicos, recién nacidos y madres lactantes.

Otro aspecto fundamental que rechazan los reclamantes es que el presupuesto constituye una deuda histórica para la nación, ya que se precisa obtener financiamiento externo para cubrirlo.

Para hacer frente a los gastos que contempla se recurre a préstamos que hacen que la deuda pública del país alcance cifras históricas. El modelo de este año endeudará a cada ciudadano en 1 690 dólares, en un país cuya renta per cápita apenas supera los 1 500 dólares

El mandatario, quien se negó a vetar lo aprobado por el Congreso, tampoco aceptó la solicitud de renuncia conjunta hecha por su vicepresidente Guillermo Castillo, quien de manera pública expresó que solo la salida de ambos calmaría las multitudes.

La reacción de Giammattei fue una solicitud a la OEA para invocar el uso de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que supone la entrada de tropas de otros países para, dijo, calmar la situación mediante la represión, informó el periódico La Hora, el cual recordó que cada año emigran, o tratan de hacerlo, miles de personas que huyen del hambre, la corrupción y los asesinatos de las fuerzas armadas del gobierno.

Como argumento, el presidente comunicó a la OEA que las protestas esconden un posible golpe de Estado. Un comunicado de prensa del gobierno este domingo informó que en Guatemala ocurren “gravísimos sucesos, mientras actos de violencia alteraron la paz pública y ponen en riesgo la institucionalidad democrática”, sin mencionar las graves acusaciones de abuso del oficialismo en contra de concentraciones pacíficas.

Tratar de acallar las voces públicas mediante el terror fue un método usado también por su antecesor Jimmy Morales, acusado de corrupción y de expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por supuesta violación de la Constitución Nacional.

Morales, que no fue juzgado, dejó tras de sí una estela de muerte que aceleró la incorporación de guatemaltecos a las caravanas de emigrantes con destino a Estados Unidos. La mayoría solo llegó hasta la frontera de México con su vecino norteño. El saliente presidente Donald Trump calificó a los centroamericanos de animales, violadores y delincuentes.

Aunque la junta directiva del Congreso suspendió este lunes el trámite del presupuesto 2021, según anunció el presidente de la Cámara, Allan Rodríguez, la tensión continúa alta en la llamada tierra del quetzal, pájaro sagrado en varias naciones centroamericanas.

Desde hace cinco años, cuando la protesta pública sacó de la presidencia al corrupto Otto Pérez Molina, Guatemala no había repetido los grandes brotes de repudio a un gobierno, ahora con una generación de jóvenes que aporta dinamismo a las luchas políticas y a una eventual transformación del país.

En los últimos días son visibles grupos juveniles en zonas urbanas y rurales, la fortaleza de agrupaciones de mujeres y feministas, con un alto sentido de organización y capacidad de movilización inmediata y masiva, que se expresa, coinciden analistas, con un pensamiento político sólido.

Es notable que las exigencias se mantuvieron este último quinquenio. Demandas históricas y otras nuevas, como la refundación del Estado, son enarboladas por los movilizados, quienes reclaman la continuidad de la lucha contra la corrupción y por la renovación y dignificación de la clase política y la institucionalidad.

Aunque el oficialismo busca escudarse tras la OEA, —y nadie puede determinar qué ocurrirá si hay una intervención ilegitima extranjera— la realidad indica que los guatemaltecos están hartos de los sucesivos mandatos donde prima la impunidad y la corrupción. Las autoridades guatemaltecas, como ocurre en otras naciones de la región, hacen de la política y los presupuestos un cofre especial para el robo.

Giammattei perdió la mitad de su popularidad en solo dos meses, y las relaciones entre el Congreso y el gobierno son coincidentes.

Lo que pasará en Guatemala es una incógnita porque si la OEA acepta la solicitud presidencial podría ocurrir una sublevación nacional de grandes dimensiones.

De acuerdo con medios de ese país, los llamamientos a nuevas manifestaciones se repiten de continuo. Incluso, hay llamados de movimientos sociales a iniciar una huelga general por tiempo indefinido, de carácter nacional.