Martin Vizcarra destituido de la presidencia de Perú

El golpe de Estado legislativo no es un fenómeno nuevo en América Latina. El Congreso Nacional es el decisor del destino del presidente de la República, acusado por elementos derechistas de delitos no cometidos. Los legisladores actúan con gran velocidad y ahora el ex mandatario peruano Martín Vizcarra siguió los pasos del paraguayo Fernando Lugo y la brasileña Dilma Rousseff.

En septiembre pasado, en una maniobra luego develada y criticada, el presidente del Congreso Nacional, Manuel Merino, que siempre rechazó al mandatario, solicitó una vacancia (destitución) en su contra, por estar, declaró, “incapacitado moralmente” debido a presuntos contratos firmados con el cantante Richard “Swing” Cisneros de manera ilegal.

Los abogados de la presidencia demostraron la falsedad de los cargos, pues Cisneros había sido llamado para entonar lemas políticos durante la campaña electoral del renunciante Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de quien Vizcarra era vicepresidente, aunque se desempeñaba como embajador en Canadá.

Hace dos meses quedó demostrado que el cabecilla de la maniobra política anti-presidencial fue el derechista Merino, cuya ilusión es ganar las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril.

Este político fue desenmascarado por dos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, a quienes llamó para, en tono conspirativo, hacerles saber “lo que estaban haciendo”. Uniendo voluntades, y tratando de incorporar a los militares al golpe, Merino trató de defenestrar al mandatario.

Sin embargo, una votación desfavorable en el plenario echó abajo el complot, denunciado por Vizcarra, sustituto de PPK, acusado de corrupción y quien había dejado en libertad condicional al dictador Alberto Fujimori a cambio de que sus hijos congresistas impidieran que fuera juzgado por ladrón.

A mediados de la pasada semana, con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, —lo que indica una división interna, cambiada luego de golpe y porrazo— el órgano parlamentario avaló un segundo proceso de vacancia, con la misma causal de “permanencia de incapacidad moral” por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.

La moción fue presentada por el partido ultranacionalista Unión por el Perú. Según planteó su bancada, Vizcarra había recibido 600 000 dólares por sobornos de dos empresas relacionadas con la firma constructora Odebrecht de Brasil, a cambio del otorgamiento de varias obras públicas.

Perú es una de las naciones latinoamericanas, mientras no se demuestre lo contrario, con el mayor número de presidentes delincuentes en una llamada etapa democrática. Desde Fujimori, preso por cometer varios delitos, incluido asesinato, uno sigue en fuga, dos presos y el fallecido Alan García, quien prefirió el suicidio antes de ser juzgado.

Mientras miles de personas protestan en las calles por el golpe legislativo a Vizcarra, decidido este último lunes, Merino, del partido de derecha Acción Popular (AP), tomó posesión del cargo y pronunció un discurso en el que prometió reunir un gabinete de todos los colores políticos.

Sin convocatoria previa, de manera espontánea, la población tomó las calles en señal de desacuerdo con la cúpula legislativa. Aunque ello no significa que apoyen al depuesto presidente sí condenan el complot político. En Lima, la capital, Huancayo, Arequipa y otras ciudades aun se sienten las voces populares, que piden el retorno del exmandatario y el cierre del Congreso.

Es la primera vez que en Perú se emplea la vacancia para sacar a un jefe de gobierno. Fujimori y Alejandro Toledo huyeron al exterior. PPK renunció, pero aquí los legisladores utilizaron el método de sus pares de Paraguay y Brasil y pasaron por encima del Poder Judicial para deponer al presidente de la República sin ser juzgado por la justicia.

Incluso, en una reciente encuesta privada, el 70 % de los peruanos se pronunció porque, si Vizcarra hubiese cometido algún delito, fuera juzgado luego de la celebración de los comicios del 2021, para los que solo faltan cinco meses.

Es el Poder Judicial y sus diversas instancias el que determina la culpabilidad en la comisión en un delito.

Siguiendo los planes de Merino y de los partidos tradicionalistas, el Congreso decidió este lunes, sin juicio previo, que Vizcarra es culpable de todas las acusaciones. Al menos ese fue el criterio de 105 parlamentarios. Lo morboso de ese acto es que 68 de ellos tienen denuncias por diversos delitos.

Para algunos observadores, el exmandatario cometió algunas faltas, como es el fracaso del diseño de su política contra la pandemia de COVID-19, o cumplir con exigencias de la población —cuando trató de cambiar algunas medidas heredadas de PPK el anterior Congreso lo bloqueó y se vio obligado a cerrarlo— porque le impedía gobernar.

La decisión del Parlamento generó sorpresa, desconcierto e indignación en el país donde hoy resuenan los tradicionales cacerolazos —comunes en América Latina en señal de rechazo— y protestas ciudadanas, así como declaraciones en contra de políticos, constitucionalistas, analistas y representantes de la Iglesia católica.

Es evidente que en este golpe de Estado parlamentario hubo una suma de intereses y acuerdos de un entramado de políticos que solo desean seguir amarrados a la mata del dinero. El Parlamento es un pozo de ganancias y de inmunidad.

Algunos politólogos denuncian que detrás de la destitución presidencial está la embajada de Estados Unidos en Lima.

El gobierno de Vizcarra condenó el bloqueo de la Casa Blanca a Cuba y trajo a Perú una brigada médica de ese país para combatir la pandemia; hizo gestiones para obtener la vacuna rusa contra la enfermedad, envió al primer ministro a la toma de posesión de Luis Arce, el nuevo presidente boliviano y desactivó de manera objetiva el contrarrevolucionario Grupo de Lima contra Venezuela y su Revolución Bolivariana.

Los próximos días deben esclarecer la situación política peruana. Son muchas las incógnitas, como quién dirigirá el Congreso, la designación de los nuevos ministros, y los integrantes del Tribunal Constitucional.

Son fundamentales los movimientos de Merino y sus socios políticos. Es muy posible —infieren politólogos— que los legisladores intenten cambiar la fecha de las elecciones con las reglas ya aprobadas, o que intentarán cambiarlas para admitir la reelección de congresistas —punto anulado bajo el gobierno de Vizcarra en plebiscito popular— y que crearán un Senado también rechazado por la mayoría.

Poco después de retornar a su residencia en el barrio de San Isidro, el destituido mandatario reconoció que le dolió la actitud de los legisladores, pues no esperaba tal decisión, ya que había planteado su deseo de continuar en el cargo hasta el día que concluyera su mandato, el 28 de julio del próximo año.

Ante decenas de personas que lo vitorearon a su llegada, rodeado de una escolta policial, reconoció que fuerzas políticas le han pedido que luche para mantenerse en el cargo, algo que parece imposible con un nuevo gobierno constituido.

“Acatare la decisión adoptada, ya que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos”, dijo.

Vizcarra planteó que nunca pensó en ser destituido porque “los parlamentarios son representantes del pueblo y ellos deben votar en función de lo que el pueblo dice”, pero admitió que aunque su gestión contaba “con gran apoyo popular, carecía del respaldo de las agrupaciones políticas”, lo que quedó demostrado durante su gestión.

Ingeniero de profesión, informó que planea regresar a su actividad profesional y se mostró dispuesto a ser investigado por la justicia para demostrar el fraude de las acusaciones legislativas.