Colombia y el milagro de vivir o sobrevivir

El gobierno del ultraderechista presidente colombiano Iván Duque hace oídos sordos a los llamados nacionales y de organismos mundiales ante el genocidio de los activistas sociales, aun en época de aislamiento social, cuando los paramilitares penetran en los hogares y los asesinan a mansalva.

Los grupos irregulares cobraron aún más fuerza en Colombia tras el acuerdo de paz firmado en 2016 por el exmandatario Juan Manuel Santos y el comandante Rodrigo Santoyo con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP), incumplido por Duque, que permite la matanza de los antiguos miembros de esa fuerza armada.

Convencidos de que la paz retornaría a la nación, luego de una guerra civil de casi medio siglo que dejó más de 250 000 muertos, los antiguos guerrilleros intentaron pasar a la vida civil, sin pensar en que en el interior del país, y en especial en los departamentos de Cauca y Chocó, grupos armados irregulares controlan los negocios ilícitos y son los mismos que actuaban en su contra cuando la lucha armada era permanente.

Los grupos paramilitares responden al emporio del narcotráfico implantado en Colombia con la anuencia de los regímenes derechistas de turno.

Con Duque, el llamado “hombre de Estados Unidos” en Latinoamérica no iba a ser diferente. Por el contrario. Sin la presencia de las guerrillas que protegían al campesinado, los paramilitares actúan con absoluta impunidad.

El partido Fuerza Alternativa del Común (Farc) antigua FARC-EP, denunció que solo este año fueron ultimados 25 exmiembros de la guerrilla ya reincorporados a la sociedad, y que a pesar de sus llamados al régimen actual no se ha tomado medida alguna. La cifra de homicidios contra los exsoldados es de 106 en los últimos cuatro años.

La situación es similar para los activistas sociales, defensores de la vida y la naturaleza, que en su mayoría luchan contra las trasnacionales que invaden sus tierras, desalojan las aldeas, y los aniquilan. Incluso, durante la cuarentena por la COVID-19 —que ahora fue levantada en parte por el gobierno a pesar de los más de 200 casos diarios que aun se reportan— los grupos irregulares han aprovechado para entrar en los hogares y matar a los dirigentes comunitarios.

Solo en los meses transcurridos en 2020 fueron ultimados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de la Naturaleza, según estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La situación de guerra unilateral existente en las zonas rurales colombianas ocupó titulares en los últimos días, cuando dos defensores ambientales fueron ultimados el pasado viernes por desconocidos.

Alejandro Llinás Suárez fue asesinado en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia.

“La violencia política sigue cobrando vidas. Triste realidad para los habitantes de Calabazo, en Santa Marta, donde vivía Llinás Suárez, un defensor del parque Tayrona”, advirtió en un Twitter la usuaria Mariana Risaralda.

El movimiento político Colombia Humana también expresó en las redes sociales su tristeza por la muerte del “destacado defensor de su territorio, del ambiente y los recursos de la naturaleza”, a la vez que exigió “justicia por el homicidio”.

Llinás denunció públicamente en las últimas semanas dos peajes ilegales controlados por estructuras paramilitares para impedir el paso a Calabazo.

Ese mismo viernes se conoció la muerte violenta de Floro Samboní Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, en el municipio de Almaguer (sur del Cauca).

Samboní, reconocido por su labor de liderazgo, se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue atacado por hombres armados que, por el calibre de las balas homicidas, son de fusil, reportó la multinacional Telesur.

Dos días más tarde, otras tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque realizado por fuerzas irregulares en el municipio Buenos Aires, departamento de Cauca.

Las víctimas estaban en el parque central del sector Muchinque de Buenos Aires cuando irrumpieron los armados y les dispararon hasta dejarlos sin vida, gritando que violaban la cuarentena impuesta por Duque.

El genocidio que se realiza en Colombia a diario llamó la atención del asesor especial de Naciones Unidas (ONU), Adama Dieng, quien afirmó que “las preocupaciones son muy serias y requieren toda la atención de las autoridades gubernamentales”.

Dieng, quien trabaja directamente con el secretario general de la ONU, António Gutérres, respondió así a una carta que le enviara la organización internacional de defensa de los derechos humanos Defendamos la Paz (DLP), en la que le reclaman la búsqueda de una solución a la violencia en Colombia.

En su misiva, el asesor especial de la organización mundial, anunció una visita a la nación suramericana y expresó que inició consultas para comprometer a las autoridades gubernamentales en la búsqueda de un sistema para lograr la pacificación del país.

DLP solicitó la atención del alto funcionario dado su rol en materia de prevención de crímenes atroces y ante el crítico escenario que se vive en Colombia y la incapacidad institucional para controlar y atacar la ola de crecientes crímenes en esa nación suramericana, principal exportadora de drogas con destino a Estados Unidos, a su vez el mayor consumidor de ese producto a nivel global.

Otras instancias de la ONU también han expresado su preocupación por la violencia de las pandillas paramilitares colombianas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que entre los tres primeros meses de este año más de 10 000 personas fueron desplazadas por la violencia, al tiempo que otras 7 300 se encuentran confinadas.

En un informe la pasada semana, el organismo internacional indicó que uno de los territorios más impactados es el municipio del Alto Baudó, en el Chocó, situado en el noroeste del país, próximo a la frontera con Panamá.

Como resultado de la violencia por enfrentamiento entre grupos armados en las zonas selváticas por el control del narcotráfico, 2 055 personas salieron huyendo de sus casas.

En su análisis, la OCHA destacó que el costo humanitario de estos choques armados se refleja en el hacinamiento de las comunidades, con alto riesgo para contraer enfermedades respiratorias, diarreicas agudas, desnutrición y afecciones en la piel.

La organización también se refirió a que los colombianos viven una crisis sanitaria debido a la COVID-19, y que las medidas adoptadas como parte de la cuarentena ahora levantada por Duque “es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables”.

Según la OCHA, “los actores armados están utilizando las medidas preventivas de la COVID-19 como mecanismo de control social en las poblaciones vulnerables, afectadas en emergencias por desplazamientos y confinamientos, con impacto también en refugiados y migrantes”.

El pasado 16 de abril la organización internacional alertó sobre el desplazamiento de 393 indígenas asentados en Chocó, debido a combates entre grupos armados ilegales que operaban en la zona. Por otra parte, más de 14 000 menores de edad, aseguró, están reclutados por los ilegales.

En medio de estas complejas circunstancias, el gobierno de Duque ordenó el reinicio de las actividades económicas, cuando aún el país no supera la fase crítica de la COVID-19.

La medida, que fue supuestamente exigida por los grandes capitales de los sectores de la construcción y la manufactura, recibió numerosas críticas de entidades políticas y sociales, ya que millares de trabajadores serán expuestos al nuevo coronavirus, con un inmediato incremento de los infectados.

En este sentido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó este lunes que la ciudad capital continuará en aislamiento total, ya que la presidencia anunció con muy poco tiempo los lineamientos de la flexibilización del aislamiento obligatorio.

“No vamos a poner en riesgo las vidas de nuestros ciudadanos cuando la enfermedad todavía está en fase de propagación”, advirtió la alcaldesa, quien expresó que “ahora comenzará en Bogotá el registro de las empresas y a partir del 11 de mayo irán habilitándose para que cumplan los protocolos”.

Para el congresista Antonio Sanguino el país carece “de infraestructura hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos y no hemos resuelto los problemas laborales y de bioseguridad del personal médico”, mucho menos del resto de los trabajadores.

Tan incierta como la vida de los exguerrilleros y los líderes sociales es la del resto de la población colombiana, ya que “aún no ha pasado lo peor del nuevo coronavirus”, según aseguró el epidemiólogo Felipe Lobelo. 

Entrevistado por la emisora FM, el doctor dijo que el pico real de la enfermedad aún es impredecible, aunque fue estimado en mayo, y un levantamiento del aislamiento puede significar la muerte de cientos de ciudadanos. 

En su último reporte, el Ministerio de Salud confirmó el pasado sábado 237 nuevos casos de COVID-19, 5 379 en total, y 244 muertes, una cifra que se mueve cada hora. Los fallecidos corresponden a las zonas pobres de Bogotá, la ciudad más afectada.

De regiones apartadas, como el Cauca y el Chocó, donde el principal enemigo no es el coronavirus sino la milicia paramilitar, se desconoce el número de afectados. Pero pase lo que pase, vivir o sobrevivir allí es un milagro.