Fondos buitres al desplume

Argentina recurre hoy de nuevo a los medios legales a su alcance para enfrentarse al capital financiero internacional, que identificado ahora en los fondos buitres y con la complacencia de un juez de Estados Unidos, intentó sin resultados declarar en quiebra a una nación de notable bonanza económica, cumplidora del pago de sus deudas con los acreedores.

Aprobada ya por el Senado, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional analiza este martes -y pudiera aprobar mañana- la ley que permitirá al Gobierno seguir pagando a sus acreedores, de acuerdo con la previa renegociación de la deuda con los bonistas, solo rechazada por el capital especulativo, también llamado fondos buitres.

La nombrada Ley de Pago soberano permite que Argentina continúe con su ritmo de beneficios  a sus acreedores, que en un 93 por ciento aceptaron las nuevas reglas, mientras los buitres presentaron una demanda ante la justicia de Estados Unidos para obtener una ganancia de un 300 por ciento más de lo que les costaron los bonos.

El juez Thomas Griesa favoreció al gran capital y bloqueó el dinero de la nación suramericana depositado en un banco en Estados Unidos, para evitar que este pagara a los bonistas que sí aceptaron las reglas del gobierno de Cristina Fernández.

En ese sentido, Julián Assange, fundador de Wikileaks, precisó en una entrevista al diario argentino Página 12, que el fallo del juez Thomas Griesa favorable a los fondos buitres, ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Estados Unidos, responde a un plan extraterritorial de Washington.

“La administración norteamericana desea sentar un precedente para que corporaciones estadounidenses puedan embargar activos de gobiernos extranjeros”, refirió Assange desde la embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado por el peligro que corre su vida luego de las denuncias publicadas en las redes contra Estados Unidos.

En una soberana decisión, la presidenta Cristina Fernández decidió el envío a las dos cámaras del Parlamento del proyecto de Ley de Pago soberano para que la Argentina pueda seguir pagando.

Dicha propuesta legal plantea la apertura de dos cuentas, una para el pago de los que entraron al canje y otra para los que lo rechazaron. Se honrará, además, el vencimiento del 30 de septiembre.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que “Argentina no va al default”, o sea, no se declarará incapaz de pagar sus compromisos, y refirió que es atribución del Congreso el manejo de las deudas externa e interna del país.

“El principal propósito de la ley es el pago soberano local de la deuda de la Argentina”, dijo y aclaró que no es un cambio de jurisdicción sino “una nueva modalidad para asegurar que la Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos”.

Kicillof precisó que “el juez (Thomas) Griesa con su fallo busca la multiplicación de la deuda” que pretende “poner al país de rodillas ante los intereses extranjeros”. Su fallo, agregó, es “de imposible cumplimiento” y explicó que si se acepta sufragar al contado, en efectivo y de inmediato como exige el magistrado, a los que no entraron al canje, con intereses y punitorios,  se disparan pagos por mil 600 millones de dólares.

La ley, de ser aprobada, abrirá un canal de pago que le quita jurisdicción a la justicia de Estados Unidos para interferir en los asuntos internos de Argentina, ejemplo de lo que podría ocurrirles también a otras naciones con la intervención en su soberanía económica.

Analistas coinciden en que las cuentas argentinas serán manejadas por el Banco de la Nación, un conducto seguro para que cobren los bonistas, luego de la certificación de la propiedad de tales documentos.

En la discusión en el Senado se incorporó a Francia como alternativa para el cobro de los adeudos. Los bonistas tienen así un nuevo incentivo para ingresar en las operaciones, libre de las presiones y bloqueos de la llamada justicia de la mayor economía mundial.

El cambio de sede del cobro evitará que cualquier juez de Estados Unidos imposibilite a Argentina amortiguar su deuda tal como desea su gobierno, que cuenta con una reserva internacional de 29 mil millones de dólares.

Las pretensiones de Greisa y los fondos buitres parecen tocar fondo, sin que el gobierno de Barack Obama haya tomado una posición concreta ante el caso.

Según politólogos, la ley debe ser aprobada este miércoles por los diputados, ya que el oficialista Frente para la Victoria cuenta con mayoría parlamentaria. El proyecto pasará por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento.

El grupo aliado al gobierno cuenta en la cámara baja con 133 votos, suficientes para el dictamen de la legislación, además de las posibles abstenciones de opositores, lo cual representa un apoyo indirecto. La oposición cuenta con 95 curules.

LOS BUITRES SERÁN DESPLUMADOS EN LA ONU

El próximo día 24, la presidenta Cristina Fernández viajará a Nueva York para presentarse con la nueva ley ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

 A fines de la pasada semana, los fondos buitres atacaron una vez más a la mandataria, en una campaña mediática en la que publicaron fotografías de una supuesta marcha de las brigadas de Hezbollá en Gaza, en las que aparecían manifestantes con carteles con su imagen y la del líder de esa organización.

Se trata, en realidad, de una fotografía de hace siete años, cuando la presidenta entregaba los sables de graduados a cadetes del Colegio Militar de la Nacional. La ilegal maniobra fue propiciada por el servicio de Internet Infobae.

El próximo día 24, con la presencia de Fernández en la ONU, se analizará una propuesta del Grupo de los 77 más China, con el objetivo de establecer una Convención Internacional sobre la Reestructuración de la Deuda.

Pero antes, este martes la Asamblea General de la ONU debatirá la proposición de los argentinos, que establece un marco de regulación sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana, tras la trampa que pretendieron tenderle al país los fallos del juez Griesa.

Al frente de la delegación de Buenos Aires se encuentra el canciller Héctor Timerman. Se espera que el debate en el organismo mundial sea histórico, ya que es la primera vez que se analizará allí el asunto.

De acuerdo con despachos de prensa, el proyecto plantea que si un plan de cambios es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso del ámbito comercial.

La presentación de este programa en la ONU por decisión unánime del G77 constituye una bofetada para el Fondo Monetario Internacional, hasta ahora encargado del tratamiento de los pasivos de países, cuando se sabe que es aliado de los intereses de Estados Unidos y de los grandes capitales mundiales.