Estados Unidos financia la violencia en Venezuela

Si quedaban dudas de que Estados Unidos está detrás de los planes violentos de la oposición venezolana, la propia Associated Press, la agencia de prensa estadounidense, reveló este viernes que el Departamento de Estado y el Fondo Nacional por la Democracia, –NED, por su siglas en inglés– una organización financiada por el gobierno, enviaron alrededor de 7,6 millones de dólares a organizaciones opositoras venezolanas durante 2013.

Los documentos a los que tuvo acceso la AP recogen que la cifra fue un 15 por ciento mayor a la autorizada en 2009. Sin embargo la “novela” del financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a la oposición venezolana data de más de una década.

Leopoldo López y María Corina Machado –dos de los líderes opositores que más incitaron públicamente a la violencia en febrero pasado para derrocar al presidente Nicolás Maduro– tienen un historial como colaboradores y financiados por Washington. La Fundación Nacional para la Democracia, y la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo –USAID– proveyeron financiamiento para los partidos políticos de Leopoldo, Primero Justicia y Voluntad Popular, y para la supuesta ONG Súmate de María Corina y sus campañas electorales.

La revelación de la periodista Hannah Dreier, corresponsal de Ap en Caracas, saca a la luz el viejo patrón de financiamiento del gobierno de Estados Unidos a grupos violentos en Venezuela desde el año 2001, cuando millones de dólares fueron entregados a organizaciones bajo el manto de ser de la “sociedad civil” y terminaron siendo la fuente principal para ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 que lo sacó del poder por un poco más de 48 horas.

Luego del fracaso, la USAID abrió una Oficina de Iniciativas hacia una Transición –OTI– en Caracas para, junto con la NED, inyectar más de 100 millones de dólares en esfuerzos para socavar al Gobierno de Chávez y repotenciar a la oposición durante 8 años.

La hoja de violencia de los grupos financiados por EEUU incluyen incluso a organizaciones estudiantiles como JAVU, –a la vieja usanza de Otpor en Europa– cuyos líderes no se esconden para incitar a la violencia y protagonizaron campamentos guarimberos en las ciudades y el terrorismo que llegó a disparar contra otros venezolanos causándoles la muerte o quemar un centro infantil para niños de menos de 5 años.

A principios de 2011, después de haber sido denunciada públicamente por sus graves violaciones de la soberanía y las leyes venezolanas, la OTI cerró sus puertas en Venezuela y las operaciones de la USAID para el país sudamericano se trasladaron a Estados Unidos. Lejos de terminar, como hemos visto, el flujo de dinero se incrementó, a pesar de la aprobación en Venezuela de la Ley de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional a finales de 2010, que prohíbe el financiamiento externo a grupos con fines políticos en el país.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó la prohibición de recibir ayuda del exterior al revelarse que el NED había financiado al grupo Súmate de María Corina Machado, que en 2004 organizó sin éxito una campaña despiadada para revocar el mandato de Chávez.

Las agencias de Washington, la NED, la USAID, tanto como los grupos opositores venezolanos que reciben los dólares, siguen violando las leyes del país con impunidad. En los presupuestos nacionales del presidente Barack Obama para las operaciones internacionales, se habían incluido entre 5 y 6 millones de dólares para financiar grupos violentos en Venezuela a través de la USAID desde 2012; sin embargo, la realidad se vio superada durante el 2013 como revela el cable de AP.

El contexto generado por la muerte del líder bolivariano Hugo Chávez y las aspiraciones de la derecha internacional de hacerse con el poder en Venezuela a toda costa, luego de la elección de Nicolás Maduro en la presidencia para continuar el proyecto chavista, generaron la locura de una “salida” antidemocrática; para ese momento, el financiamiento del gobierno estadounidense continuó creciendo y sobrepasó incluso los estimados.

Otra gran parte de los fondos de la NED entre 2013-2014, según la investigadora Eva Golinger, fue invertida en iniciativas y grupos que trabajan con el ambiente mediático y manejan la campaña para desprestigiar al Gobierno del presidente Maduro. Entre ellos se incluyen Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Sin Mordaza y GALI. La campaña para desacreditar al Gobierno venezolano, y al presidente Maduro directamente no tiene precedentes.

Lo cierto es que entre los grupos financiados por la NED para el trabajo con jóvenes en busca de formar “nuevos liderazgos opositores” ante la decadencia de la oposición, se encuentra FORMA, una organización de César Briceño vinculada con el banquero venezolano Óscar García Mendoza.

García Mendoza maneja el Banco Venezolano de Crédito, que ha funcionado como el canal para el flujo de los dólares de la NED y la USAID a grupos opositores en Venezuela, como Súmate, Cedice, Sin Mordaza, Observatorio Venezolano de Prisiones y FORMA, entre otros.

El año pasado, Bolivia expulsó a la USAID, acusándola de tratar de socavar el gobierno. Recientemente, Ecuador prohibió a la USAID financiar proyectos en el país. Y más recientemente, las revelaciones de que Washington montó una red social similar a Twitter en Cuba para socavar el apoyo a La Habana generaron nuevas sospechas sobre la ayuda financiera estadounidense.

El Fondo Nacional de la Democracia y los 7,6 millones de dólares para la oposición violenta en 2013, tomó la decisión de omitir los nombres de los destinatarios venezolanos de sus informes anuales y desde 2010 el Departamento de Estado no identifica públicamente a los grupos venezolanos que reciben fondos, lo que deja abierta la imaginación hacia dónde verdaderamente van a parar esos fondos secretos.

La vocera del NED Jane Riley dijo que la agencia oculta los nombres de los destinatarios debido al “clima de intimidación severa, que incluye amenazas de violencia física, campañas de odio en los medios estatales y represalias legales”, una tímida justificación para quienes utilizan el dinero del contribuyente estadounidense para subvertir el orden de un país soberano y democrático.