Estados Unidos dirige planes subversivos en Venezuela

A finales de 2013, con la marcha a todo tren de la guerra económica contra el gobierno venezolano, comenzaron también otras acciones estratégicas destinadas a derrocar al presidente Nicolás Maduro y lograr la intervención directa de Estados Unidos en la nación suramericana.

Esa guerra, a la que el ejecutivo se enfrenta con planes y medidas, lleva el sufrimiento, debido a la escasez y los altos precios, a los hogares más vulnerables, aun cuando el nivel de vida en estos ha mejorado notablemente gracias a la Revolución Bolivariana.

Los tecnócratas de la Casa Blanca saben que, pese a la muerte del Comandante Hugo Chávez, apoderarse de Venezuela y de sus grandes recursos petroleros es difícil, pero no imposible, en su criterio, que considera entre las fortalezas para lograr ese objetivo el enorme poder de sus aliados de la ultraderecha regional, como el político colombiano Álvaro Uribe; la posibilidad de penetrar con paramilitares extranjeros a través de fronteras terrestres; la polarización interna entre quienes no dejarán de luchar por sus conquistas y los elementos afines al capitalismo, y la campaña mediática internacional contra la Revolución Bolivariana.

Este plan estratégico contra la rica nación suramericana, concebido en varias fases, comenzó cuando Chávez tomó las riendas del gobierno en 1999 y la desprestigiada derecha se reveló incapaz de definir una estrategia y de luchar contra el Comandante y la unión cívico militar que él fomentó.

En su continuación, en la última semana del pasado abril, la subsecretaria de Estado de EE. UU. para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, advirtió en tono indignado que su gobierno quedó "muy decepcionado" cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) se negó a analizar el tema de Venezuela, el pasado 21 de marzo, y le negó la palabra a la ex diputada derechista María Corina Machado.
En opinión de Jacobson, el "principal organismo del hemisferio debió pronunciarse más directa y agresivamente sobre Venezuela” (…) “Nos decepcionó la actitud de algunas naciones caribeñas”, afirmó, quizás porque desconoce los estrechos vínculos que unen al Caribe con Venezuela, fortalecidos con proyectos como PetroCaribe.

Incluso, la subsecretaria de Estado amenazó de manera violenta al expresar que el presidente Barack Obama, el Secretario de Estado (canciller) John Kerry "y yo misma, hemos dicho claramente que no descartamos nada: revocación de visas u otras formas de sanciones”. “Nuestro gobierno —señaló— ha estado muy activo con aliados en el hemisferio (entre ellos Panamá, que solicitó el debate sobre Venezuela en la OEA) para que el actual diálogo con la oposición sea productivo, pero si no es así, no descartamos nada".

En Mérida, México, donde asistió a una reunión del Consejo de la Asociación de Estados del Caribe, Kerry, en agresiva verborrea contra el gobierno de Maduro “denunció” la presunta violación del acceso a Internet en Venezuela, en su retahíla de mentiras acerca de la situación en la nación suramericana.

LA VERDAD VERDADERA
Una de las primeras acciones de elementos de derecha —que sus medios de comunicación siempre han dicho que son estudiantes— fueron las guarimbas o protestas violentas que hasta hoy dejaron un saldo de 41 muertos y más de 700 heridos y mutilados.

Aunque se han sofocado en su gran mayoría, pues aparecen solo en Estados y barrios con gobernantes de derecha, todavía constituyen un peligro para las personas y las instituciones  estatales. Quince universidades públicas fueron incendiadas por esas hordas neofascistas, por situar solo un ejemplo de su odio hacia cualquier expresión de lo institucional.

A ello se une la campaña mediática contrarrevolucionaria interna y externa, que involucra a artistas reconocidos como la cantante Madonna, desconocedora de la política internacional pero con gran influencia en la juventud. Más del 80 por ciento de los medios de comunicación dentro de Venezuela, cabe recordar aquí, están en manos de la oligarquía nacional.

Luego de las guarimbas, se logró el inicio del Diálogo por la Paz al que Maduro insistentemente convocó a los partidos opositores y estos solo aceptaron —18 días después— luego de escuchar a los representantes de la Unión de Naciones Suramericanas.

Aunque el diálogo sigue luego de tres semanas de encuentro, los opositores derechistas no se han comprometido de manera concreta con el rechazo a la violencia de la cual son causantes y que hace muy poco tuvo un momento muy grave con el asesinato de Eliézer Otaiza, presidente del Concejo Municipal de Caracas y uno de los jóvenes revolucionarios más leales y queridos por Chávez.

El dirigente chavista fue asesinado con cuatro disparos y encontrado en los sectores de La Araguata y San Andrés, del municipio de El Hatillo, en el estado de Miranda, que gobierna el derechista Henrique Capriles Radonsky. Como respuesta, ya fue detenido uno de los asesinos.

El jefe de Estado indicó que “se tienen pruebas de la actuación de la ultraderecha en Miami que asesinó al funcionario para alentar la desestabilización en Venezuela” y rechazó  la "injerencia insolente" de Estados Unidos para buscar dirigir la agenda de la oposición en la Conferencia Nacional por la Paz, que se adelanta en el país.

Tras criticar la oposición asumida por los líderes estadounidenses contra el pueblo venezolano, Maduro hizo un llamado especial: “Señor Obama, preocúpese por los problemas de su país, por la pobreza, el desempleo y la discriminación racial”.

También denunció la campaña mediática orquestada por Washington para presentar el asesinato de Otaiza como un hecho casual de violencia.

El prestigioso periodista José Vicente Rangel también se sumó a las denuncias sobre la injerencia estadounidense en su país. En su programa dominical afirmó que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos “mantiene una estricta vigilancia sobre los asuntos internos de Venezuela, mediante el espionaje de correos electrónicos de altos funcionarios ligados al gobierno bolivariano”.

“Venezuela encabeza la lista de objetivos claves para el espionaje de la NSA”, alertó en su espacio televisivo José Vicente hoy. La misión de la NSA consiste “en ayudar a los encargados políticos estadounidenses para evitar el liderazgo regional de Venezuela y que adelante políticas integracionistas que impactan negativamente en el sistema imperialista”.

Según Rangel, “las actividades se realizan en Internet por los militares de la ciber subdivisión del Ejército norteamericano, en cooperación con la NSA, la Agencia de Inteligencia Central y el Buró Federal de Investigaciones, emplazados en diferentes bases de los Estados Unidos, los cuales han inundado la red de réplicas sobre supuestas violaciones de derechos humanos y corrupción de miembros del Gobierno bolivariano”.

UNA CARTA PERDIDA DE ANTEMANO
La oposición, aunque está en una perspectiva de supuesta reconciliación nacional, expuso hace unos días como su mejor propuesta crear un gobierno de transición que, siguiendo los planes de Estados Unidos, saque a Nicolás Maduro de la presidencia. Olvidan que hace apenas dos meses el chavismo ganó en las elecciones regionales el 76,42 por ciento de las alcaldías, en 256 de 335 municipios. Es imposible que Maduro y sus ministros acepten tamaño disparate político.

En conferencia de prensa el pasado viernes dos de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, denunció con nombres y apellidos a los involucrados en el plan guarimba, entre ellos el abogado Gustavo Tovar Arroyo, encargado de buscar financiamiento en Estados Unidos para la contrarrevolución.

Tovar tiene conexiones con Otto Reich, involucrado con distintas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia. Cabeza de la oposición más violenta, hizo en su residencia del Distrito Federal de México, en 2010, una reunión denominada fiesta mexicana con connotados dirigentes derechistas, a partir de la cual los asistentes —la mayoría radicados en EE.UU., como el banquero prófugo Eligio Cedeño— pusieron en práctica el Plan País, que se vincula con los acontecimientos en desarrollo desde entonces.

Durante los últimos cuatro años, Tovar Arroyo ha mantenido constante conexión con Leopoldo López, actualmente en prisión, quien a su vez hizo enlaces con Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, David Smolansky, Vilka Fernández, Daniel Ceballos, Freddy Guevara, Roderick Navarro y Juan Requesens, entre otros dirigentes derechistas.

El ministro bolivariano afirmó que este individuo mantiene permanente comunicación con el ex presidente de México, Vicente Fox, y con José Antonio Colina Pulido, militar retirado involucrado en la colocación de bombas en la embajada de España y el consulado de Colombia, en Venezuela, en febrero del2003, un año después del fallido golpe de Estado contra Chávez.

El plan de sedición —según explicó el ministro Rodríguez Torres— se basa en una supuesta  “lucha pacífica”, “no violenta”, tal como postula en sus tácticas antigubernamentales el  politólogo estadounidense Gene Sharp. “La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado”, manifiesta Sharp, quien precisa que “nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”.

Eugene Sharp es autor del polémico ensayo “De la dictadura a la democracia”, que describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante el denominado “golpe suave”, puesto en práctica hoy en Venezuela y que, según él, consta de las siguientes etapas:
Primera: Llevar a cabo acciones como “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas” ara generar y promover un clima de malestar
Segunda: Desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.
Tercera: Centrada en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando a las instituciones.
Cuarta: Operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.
Quinta: Forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

LA MENTIRA DESENMASCARADA
El programa puesto en marcha contra la Revolución Bolivariana de Venezuela tiene como meta, según denunció el titular de Interior, Justicia y Paz, desatar la violencia achacada a “un grupo de estudiantes pacíficos y desarmados”, cuando se trata en realidad de paramilitares colombianos enviados por Álvaro Uribe, a los que se les pagan cinco mil bolívares semanales para crear escenarios vandálicos, acciones fascistas contra la población civil y la Guardia Nacional y asesinatos selectivos de dirigentes bolivarianos.
El pago a esos elementos —precisó el Ministro— procede de banqueros y figuras adineradas, entre ellos el propio Uribe, creador y líder del paramilitarismo colombiano.

En su denuncia ante periodistas nacionales y extranjeros, Rodríguez Torres informó sobre otro encuentro de dirigentes opositores, entre ellos Tamara Sujú, Gonzalo Himiob y Loren Salet,  integrantes de las organizaciones extremistas Movimiento 13 y de la JAVU, esta última financiada por el ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer.

La realidad es que, después de dos meses y medio de acciones neofascistas, la contrarrevolución derechista no logra la fractura en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ni ha paralizado, como se pensaba, la vida nacional.

Maduro, fiel al legado de Chávez, junto a sus ministros e instituciones gubernamentales, ha puesto su inteligencia en la búsqueda de soluciones para los problemas que se van presentando en la escalada que, descaradamente, dirigen Estados Unidos y sus aliados internos y regionales.

Es muy difícil que en algún momento el gobierno bolivariano acepte los requerimientos de una oposición no comprometida con el país para integrarse a su dirección nacional. Ello no tendría sentido, pues son los mismos que tratan de evitar la normalización de la vida interna y la estabilidad del modelo vigente por votación popular desde 1999.