El gobierno de Barack Obama parece haberse apuntado un escalón en la bravata legislativa destinada a reformar las leyes migratorias nacionales, una demanda de importantes sectores poblacionales que, sin dudas, ejercen determinado peso a la hora de hacer política local.
El asunto es que una mayoría del Senado, exactamente 57 votos contra 43, rechazó una enmienda del legislador republicano por Iowa, Charles Grassley, quien exigía un creciente control de la frontera sur de Estados Unidos —en un proceso evaluable durante seis meses— antes de que los indocumentados pudieran siquiera solicitar un permiso de carácter provisional que aclare su presencia en el país.
El citado “retoque” perseguía en verdad prolongar las discusiones encaminadas a poner en vigor la llevada y traída reforma a la ley migratoria, mediante la cual se espera regularizar la situación de no menos de 11 millones de extranjeros que viven y trabajan en el país y carecen de toda personería.
De hecho, entre la corriente favorable al cambio, existe premura por avanzar en el debate del documento, de manera que la Cámara de Representantes exprese su criterio antes del próximo 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos.
Por su parte, la intención de los sectores adversos, como ya vimos, era la de condicionar el proceso aprobatorio a la discusión de un plan destinado a elevar la seguridad en la divisoria con México, por donde accede una gran parte de los inmigrantes ilegales.
Esos grupos también afirman que existen otras muchas cuestiones que merecen ser tomadas en cuenta antes de apoyar el documento de marras, que entre sus puntos más controversiales pretende, según medios de prensa, permitir a la mayoría de las personas sin papeles solicitar la ciudadanía estadounidense en trece años. Además, destina 6 500 millones de dólares para reforzar el control en la frontera con México, y exige que todos los empleadores nacionales verifiquen el estatus legal de aquellos a quienes contratan, entre otras decisiones.
No obstante, algunos analistas hacen notar que en la punga por aprobar el programa de reformas hay segundas intenciones. Por ejemplo, poco antes de votarse la finamente derrotada enmienda de Charles Grassley, el presidente Obama y otros dirigentes y congresistas afirmaron que, si bien la ley es incompleta y no satisface todos los gustos, no existen razones suficientes para no adoptarla. “Ahora es el momento”, enfatizó el ocupante de la Oficina Oval.
Y en ese sentido, los analistas recuerdan que justo la transformación de la ley migratoria resulta una de las cuentas pendientes de la actual administración desde su primer mandato, y que los actuales debates coinciden con una cadena de revelaciones que perjudican directamente la imagen de la Casa Blanca, y que van, desde espionaje masivo a los ciudadanos norteamericanos, hasta bochornosos casos de corrupción y comportamientos inmorales entre funcionarios oficiales.
De manera que en semejante contexto, anotarse un punto de alta sensibilidad en el caso de los indocumentados, no solo actuaría como un deseado brochazo sobre la cara sucia que hoy exhibe el gobierno, sino que a más largo plazo puede significar una ganancia en votantes para las figuras demócratas que disputen el acceso a la presidencia en las futuras contiendas electorales Made in USA.
En pocas palabras, un poco de barniz para nada desechable, cuando la primera potencia capitalista vive una de sus más agrias crisis generales, persiste la cuenta de promesas impagadas por sus dirigentes, y todos los días saltan a la luz pública las trampas y manejos que desdicen los hipócritas cantos de honor, equilibrio y decencia que se auto prodigan el sistema y quienes lo representan.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.