EE.UU.: Derechos Jorobados

Afirman prestigiosos analistas de la historia norteamericana que los padres fundadores de la nación, representantes de las clases pudientes y exclusivistas de la época, tuvieron sin embargo la picardía de intentar evitar estallidos sociales radicales y ganar adeptos mediante la venta de una imagen gubernamental respetuosa del individuo, su privacidad y sus prerrogativas personales.

Ese, concluyen, fue el origen de la titulada Primera Enmienda a la recién adoptada Constitución Nacional a fines del siglo dieciocho.

Mediante el texto añadido, se suponía que toda persona (excluyendo indios, negros y mujeres) tenía, entre otras cosas, pleno derecho a la no intromisión oficial en su vida privada, y a reclamar del gobierno en caso contrario.

De manera que una individualidad presuntamente intocable se constituyó en otro de los “orgullos legales” norteamericanos, que no pocos ciudadanos han asumido como cosa muy seria e incluso ejemplar para otros pueblos y naciones del planeta.

Sin embargo, una cosa dice el papel y otra la vida, y por estos días resuena en el país del Norte otro mayúsculo escándalo a partir de las revelaciones de un empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de que, mediante el titulado programa SPRIM, esa entidad impuso la revisión y control sobre el tráfico en Internet y la red de telefonía en los Estados Unidos, dejando expuestos a sus actividades de espionaje  interno a millones de usuarios de ambos servicios.

Por demás, la trifulca no solo ha sacado ronchas dentro de la primera potencia capitalista, sino que incluso ha provocado que autoridades de la Unión Europea reclamasen a Washington conocer hasta que grado ese programa ha afectado a los ciudadanos del Viejo Continente.

De hecho, gigantes de internet como Google, Facebook y Microsoft han sido señalados como “colaboradores” de la Agencia de Seguridad Nacional al haber accedido a que se revisaran sus servidores para conocer el tráfico de información de sus usuarios.

Y si bien los aludidos han dicho que no sabían nada al respecto, la realidad es que a tenor con la “guerra antiterrorista” generada luego de los controvertidos atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres Gemelas y el Pentágono, los gobiernos que se han sucedido (George W. Bush y Barack Obama)  no han dejado de practicar la intromisión en la vida privada de no pocos ciudadanos en la búsqueda de “datos que eviten tragedias similares”.

El propio jefe de la actual administración, luego del estallido de la crisis, afirmó –en su afán de restarle importancia al asunto- que apenas se trata de una intromisión de reducida magnitud destinada a restar campo de acción a los enemigos, pero lo cierto es que el asunto no es, ni mucho menos, de tan poca monta.

Así lo consignan diferentes medios de prensa al afirmar que “la magnitud y disposición de revisar una enorme cantidad de información de estadounidenses sin vínculos con terroristas está dificultando al gobierno de Obama poder hacer frente a la controversia por el PRISM.

“En resumen -concluyen esos órganos informativos- los críticos cuestionan que si buscar terroristas significa apoderarse de los registros telefónicos y de internet de cada estadounidense, ¿cómo se puede creer al presidente cuando dice que los norteamericanos no están siendo monitoreados?

En pocas palabras, que desde hace cientos de años la libertad individual no ha sido más que un mito y comida para incautos en la sociedad estadounidense.