El pasado mes de mayo la congresista republicana por Florida, Maria Elvira Salazar, y la congresista demócrata por Texas, Verónica Escobar, presentaron en el Capitolio de Estados Unidos (EE.UU.) una nueva propuesta de reforma migratoria. El proyecto buscaría reducir la llegada de migrantes por la frontera sur y ofrecería vías de legalización a unos 12 millones de indocumentados.
Según han dicho las propias legisladoras, la “Ley Dignidad” establecería “medidas más duras y penas más altas” para la migración irregular y busca “sacar de las sombras” a las personas que residen de forma ilegal sin que represente una carga para los contribuyentes.
La tercera versión que se presenta de este proyecto de ley desde 2021 otorgaría un estatus legal a los indocumentados— junto a una autorización de trabajo y viaje— por un periodo de siete años, con posibilidad de ser renovado. Para ello tendrían que pagar 700 dólares cada año al gobierno, para un total de 5000 dólares durante el tiempo que duren los beneficios del estado.
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De acuerdo con las congresistas, la intención sería limitar el acceso actual a las personas indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, y obligarles a financiar sus propios seguros médicos o de educación privada mientras pagan por mantener su condición.
La medida propone, además, un programa adicional de continuidad que permitiría a quienes cumplan con requisitos como servicio comunitario y el pago de otros 5000 dólares, acceder a la ciudadanía estadounidense.
De esta forma y bajo la promesa de proporcionar una solución digna para quienes viven sin respaldo legal y fortalecer la fuerza laboral y la economía de EE.UU., Salazar y Escobar pretenden romper con el inmovilismo que ha caracterizado a sus partidos con relación a este tema en las últimas tres décadas.
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Sobre todo, en un contexto de suma complejidad tras la suspensión del Título 42, la entrada en vigor del 8 y la llegada de miles de personas cada día a la frontera sur. Impuesta durante la administración de Donald J. Trump con el pretexto de detener entonces el avance de la Covid-19, el Título 42 facilitaba la expulsión de migrantes en cuestión de minutos. Sin embargo, el Título 8, que también va enfocada a procesar y expulsar rápidamente a quienes no cumplan las disposiciones de asilo, contempla la prohibición de entrar al país por al menos cinco años y hasta el enjuiciamiento.
Tanto republicanos como demócratas han señalado la incapacidad del presidente Joseph R. Biden de hallar una solución a la crisis, aun cuando ha intentado aliviar la situación endureciendo la seguridad de la frontera y ofreciendo más vías legales. Biden insiste en que sus poderes son limitados y culpa al Congreso por bloquear las propuestas legislativas migratorias, incluida una reforma que presentó en su primer día al frente de la Casa Blanca.
Mientras el nuevo proyecto bipartidista suscita opiniones encontradas, parece poco probable que avance en la Cámara de Representantes. Y aunque sus garantes aseguran que la medida para nada aspira a captar el voto latino, la crisis migratoria se antoja, a día de hoy, uno de los asuntos “tóxicos” que, de seguro, se utilizará de uno y otro lado en las elecciones presidenciales de 2024.
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