El presunto secuestro del General colombiano Ruben Darío Alzate en la conflictiva zona del Chocó este domingo, en un extraño episodio del que el gobierno culpa a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la inmediata suspensión de las negociaciones de paz de La Habana, inician una semana caliente para la región latinoamericana, ya sacudida por las continuas manifestaciones populares en México ante la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa.
Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión del viaje a La Habana de una comitiva que continuaría el diálogo de paz con las FARC-EP, hasta que aparezca el General Darío Alzate sano y salvo.
En un oscuro episodio que aún está por descifrar, el militar de alto rango, vestido de civil y sin escolta, se adentró en el río Atrato hasta el caserío de Las Mercedes, sin propósito conocido, y con violación de los protocolos militares establecidos por tratarse de una zona donde operan las FARC-Ejército del Pueblo, pero también grupos paramilitares de derecha.
Darío Alzate es el Comandante de la fuerza de tarea Titán, en Chocó, región del Pacífico colombiano, reconocido por la prensa de su país como un jefe de mano dura contra las fuerzas guerrilleras en esa región situada en las profundidades del país.
La rápida reacción del Presidente Santos de suspender el diálogo de paz sin que siquiera las FARC-EP se hayan responsabilizado con el presunto rapto del General, ha tenido diversas reacciones en la sociedad colombiana, que lo escogieron para un segundo mandato precisamente por el proceso pacificador que logró articular en Colombia, para terminar un conflicto de más de 50 años.
Para la exsenadora Piedad Córdoba, amenazada de muerte la semana pasada en otro episodio que indica el interés de la derecha colombiana por destruir los diálogos construidos durante los últimos dos años, es imposible realizar negociaciones sin un alto al fuego por las partes envueltas en el conflicto.
Las FARC-EP han solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de Bogotá un acuerdo de cese bilateral que nunca ha sido aceptado, a pesar de los riesgos de los enfrentamientos, y la garantía de un clima positivo en las conversaciones en La Habana.
La activación de un dispositivo de rastreo, la movilización de toda la capacidad militar disponible en el Chocó, así como un informe sobre la violación del protocolo por parte de Darío Alzate fueron otras medidas adoptadas por el Mandatario.
De acuerdo con las noticias conocidas hasta ahora, la única fuerza política que gana con este episodio es la derecha colombiana dirigida por Álvaro Uribe, opuesta a las negociaciones, y que anunció hace pocos días la creación de un ejército de paramilitares contra el proceso que pudiera devolver la paz a Colombia.
Mientras, en México, continúan esta semana las protestas por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotnizapa, luego de ser entregados por la policía de Iguala al grupo mafioso Guerreros Unidos, lo que levantó una ola de movilizaciones en ese país famoso por los vínculos entre los políticos y los narcotraficantes.
Este jueves llegarán a la capital mexicana las tres caravanas informativas integradas por familiares de los estudiantes normalistas el pasado 26 de septiembre junto a decenas de personas que exigen la devolución con vida de los raptados por orden del alcalde de Iguala, ahora en prisión, Jorge Albarza.
Una marcha nacional –que reunirá a millares de personas, entre ellos campesinos y sindicalistas- partirá de tres puntos del Distrito Federal junto a los integrantes de las caravanas que recorren la nación para desembocar en la plaza de El Zócalo, junto a estudiantes y profesores de diferentes facultades de la capital, también movilizados en torno al caso y exigiendo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la solución de este oscuro episodio.
Peña Nieto, en su primera comparecencia luego de seis días fuera del país en medio de la crisis, aseguró que buscará mantener un diálogo con los parientes de las víctimas, pero aseguró que usará la violencia si fuera necesario para reprimir a los manifestantes.
En las dos últimas semanas, decenas de jóvenes se han enfrentado a la policía federal en distintos estados, incendiaron edificios gubernamentales y tomaron el aeropuerto de Acapulco para llamar la atención internacional sobre el caso de los 43 desaparecidos, que muchos consideran fueron asesinados por los sicarios de Guerreros Unidos.
Este sábado, miles de ciudadanos de distintos estratos de la sociedad mexicana y estudiantes de escuelas públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional, se concentraron en el Monumento de la Revolución para exigir al gobierno la devolución de los estudiantes, cuyos familiares mantienen aún la esperanza de que estén con vida.
A raíz de este suceso, en Guerrero han sido encontrada decenas de fosas comunes, pero en ninguna de ellas se encontraban los presuntos restos de los estudiantes de Ayotnizapa, lo que hace que sus parientes insistan en su aparición con vida.
Colombia y México, por tanto, centran la atención de la región latinoamericana al inicio de esta semana en que se juega la paz también en Suramérica, y la de México, cuyos habitantes reclaman el fin de la impunidad para políticos y mafiosos.
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