Colombia, la paz robada

Vestido siempre de manera impecable, bajo la protección de Estados Unidos (EE.UU.), el presidente colombiano Iván Duque se muestra indiferente al cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 que pusieron fin, en el papel, a 50 años de guerra civil. Por el contrario, con uso de la fuerza, cada día son asesinados exguerrilleros y líderes sociales en ese convulsionado país.

Duque, exsenador y ahijado político del exmandatario Álvaro Uribe, devino principal aliado político del ahora derrotado utraderechista Donald Trump en su guerra multisectorial contra la vecina Venezuela. Esa es la principal tarea que le fuera encomendada por las fuerzas oligárquicas internacionales, mientras su país se desangra ante su indiferencia.

Alejado en absoluto de los graves problemas sociales que afectan a Colombia, con un negativo desempeño a lo interno, el jefe de Estado solo tiene voz para mandar a reprimir a los miles de personas participantes en continuas movilizaciones de organizaciones sindicales, estudiantiles, mingas sociales que le reclaman la paz suscrita hace cuatro años, y de cuyos acuerdos se desentiende ante la mirada recriminadora de su pueblo.

Desconfiados, muchos pensaron en esa posibilidad, conociendo la política colombiana dependiente en lo interno del narcotráfico y en lo exterior de Washington. Pero una buena parte apostó que sería cumplido el acuerdo de paz suscrito en La Habana y luego en Cartagena de Indias —y sometido a plebiscito— por el expresidente Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Para los colombianos, en especial quienes vivieron en zona de guerra permanente durante 50 años, —confrontación que dejó más de 250 000 muertos— la suscripción del documento, luego de años de conversaciones, era un alivio y la esperanza de una nueva vida.

Sin embargo, fue papel muerto lo que se suponía traería la tranquilidad a las regiones de la Colombia profunda, donde de continuo el narcotráfico y las milicias paramilitares mataban a mansalva a inocentes para desalojar las guerrillas. Duque le dio el tiro de gracia al acuerdo y poco le importa lo que sucede ahora en el interior del país.

Los hechos demuestran que las FARC-EP, devenida partido político Fuerza Revolucionaria del Común, resultaron las grandes perdedoras. Sus más de 3 000 soldados dejaron atrás los campamentos guerrilleros, de inmediato ocupados por los paramilitares, pasaron a la vida civil, intentaron empezar de cero, pero a su paso encontraron plomo y muerte.

Uno de los últimos movimientos realizados por los exguerrilleros fue la caravana que partió desde Meta, en el valle del Cauca, para entrevistarse con el siempre bien plantado Duque, quien había denegado una cita con la minga social que atravesó el país con igual fin, sin lograrlo.

Su política de arrogancia y exclusión frente a los sectores populares quedó en evidencia con la estigmatización contra la minga indígena, a la que con evidente racismo y odio de clase se negó a atender no solo en el Cauca y Cali, sino en Bogotá.

En la capital, mientras lo esperaban, el presidente partió hacia Quibdó, en El Chocó, “para dar una vuelta por su malecón”, dijo, cuando todo indica que huyó del reclamo popular que retumbó a solo 50 metros de la Casa de Nariño, la sede gubernamental.

Para analistas políticos, a pesar del desprecio gubernamental, la organización demostrada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que dirigió la minga, y la clara confrontación que ella significó contra y frente al régimen, constituyó una derrota política para Duque.

Más de 200 excombatientes de las FARC-EP y varios firmantes del proceso de paz lograron reunirse en un espacio común con el dignatario en Bogotá con el único punto de la construcción de la paz en la nación andina, luego de una caminata a pie con el lema Peregrinación por la vida y la paz, realizada con el único propósito de verse cara a cara y decirle sus verdades.

La marcha comenzó el pasado 21 de octubre en Mesetas, Meta, a 250 kilómetros al sur de la capital, para exigir, como elemento principal para alcanzar la pacificación, que el régimen frenara los asesinatos en el país.

Luego de la asunción de Duque, hace dos años, fueron exterminados más de 600 líderes y lideresas sociales, y más de 150 excombatientes, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Hasta octubre pasado los paramilitares realizaron 68 masacres en el territorio nacional. El departamento del Cauca es el segundo más afectado, con nueve masacres en 10 meses, después de Antioquia con 15.

Además, este año resultaron asesinados más de 70 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, entre campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan el territorio caucano, generando temor en la comunidad y enlutando al territorio del Cañón del Micay, que se extiende a lo largo de los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay.

Como resultado del encuentro con el dignatario, el delegado del partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alaje, informó que decidieron mantener el diálogo abierto en todas las instancias, establecer lineamientos y acciones para garantizar la vida de los sobrevivientes de la guerrilla, y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Un punto muy difícil de cumplir por parte del gobierno, ya que las agrupaciones paramilitares responden a los grupos de poder y tienen en Uribe fuente de inspiración, luego de su fundación cuando era gobernador de Antioquía.

En su perfil de Twitter el partido FARC indicó que las partes pactaron agilizar el acceso a tierras y la mejora del proceso de reincorporación (de excombatientes) y hablarán también de condiciones de seguridad.

Otra medida, que incorpora a la ministra del interior Alicia Arango y la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), analizará providencias concretas para cumplir los temas tratados.

Duque solo pidió acelerar las adquisiciones de tierras para proyectos productivos, lo cual es una enorme mentira, pues los terrenos entregados a los antiguos combatientes les han sido arrebatados, aun a costa de la vida, por los paramilitares que pretenden continuar con los sembradíos de coca.

Colombia es hoy el mayor productor de hojas de coca a nivel mundial que exporta, en un mega-negocio, hacia EE.UU., su principal comprador, además de naciones prácticamente de todas las latitudes.

Para el mandatario cualquier promesa que involucre a los jefes del narcotráfico es nula, porque su permanencia en el poder depende de ellos.

El pasado día 6, por ejemplo, varios medios de prensa de Colombia publicaron reseñas de conversaciones de María Claudia Daza, exasesora de Uribe Vélez en la sede de su partido Centro Democrático con José “el Ñeñe” Hernández, para ingresar 1000 millones de narcopesos —por debajo de la mesa— a la campaña presidencial de Duque hace dos años.

Las pruebas de la influencia del narcotráfico con Uribe y Duque datan de abril y mayo de 2018, pocos días antes de las elecciones presidenciales.

Los audios se enmarcan en un escándalo relacionado con la compra de votos a favor del ahora mandatario por El Ñeñe, su amigo y financista político hasta que murió, presumiblemente asesinado, a mediados del pasado año en Brasil.

Enredado en la narcopolítica, Duque no puede cumplir sus promesas con los miembros de la caravana por la paz.

Poco después de finalizada la cita y cuando los visitantes retornaban a sus localidades, el partido FARC denunció el asesinato del firmante de paz Fredy Ramos. Con su muerte ascienden a 239 los ex guerrilleros asesinados. Casi de inmediato, el Consejo Departamental de los Comunes del Valle del Cauca informó la muerte violenta del excombatiente Janier Córdoba, junto a su compañera Katherine Álvarez, en Buga, en el mismo departamento.

El ataque contra la pareja ocurrió en el barrio Las Palmas mientras caminaban por una calle concurrida. Hombres movilizados en una moto les acribillaron a balazos. Estos sucesos constituyen, en opinión de observadores, una burla del mandatario a quienes intentaron dejar una hendija abierta a la paz. En similares circunstancias también murió hace tres días en el Cauca un joven indígena.

Para varios analistas, la palabra de Duque carece de valor y aunque el partido FARC le brindó una nueva oportunidad a la paz, el gobierno no tiene interés ni puede frenar las ambiciones del poder del narco.

A pesar de aparentar una flemática compostura, Duque debe estar sintiéndose las últimas derrotas de algunos de sus socios capitalistas que le acompañan en su guerra no declarada contra la Revolución Bolivariana.

Su jefe político Donald Trump acaba de perder las elecciones presidenciales contra el demócrata Joe Biden y aunque ello no signifique un cambio de política del país norteño hacia Venezuela, quizás cambie el papel de Colombia en la alianza contrarrevolucionaria al frente del Grupo de Lima. .

Aunque fue el primero en reconocer a la expresidenta de facto Jeanine Áñez, hace más de una semana la despidió del cargo luego del triunfo arrollador del socialista Luis Arce en la primera magistratura.

Su socio Sebastián Piñera, el multimillonario colega de Chile, perdió el plebiscito con el que pretendía prorrogar la Carta Magna elaborada bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El tiro de gracia, apuntan observadores, se lo dará Venezuela el próximo 6 de diciembre si, como apuntan las encuestas, la Revolución Bolivariana retoma la Asamblea Nacional.

Mientras se suceden estos acontecimientos, en Colombia continúa la lucha popular. El próximo día 19, bajo el mando de las centrales obreras, se realizará un nuevo paro nacional —a pesar de la pandemia de la COVID-19— para exigirle al presidente el cumplimiento de demandas de este año.

Así, con movilizaciones y protestas finalizará este año para Duque, quien se convirtió, por orden del camaleón Uribe, en la cara visible de un sistema violento y decadente, sentado en un polvorín de pueblo.