Colombia en manos de verdugos

En dos años de gobierno, el presidente colombiano Iván Duque, conocido por su terquedad y obediencia ciega a Estados Unidos (EE. UU.), ha quedado ante la opinión pública internacional como el rector de un plan genocida contra activistas sociales, humillado por su incumplible tarea de derrocar a su par venezolano Nicolás Maduro, mientras trata de resolver la crisis interna que puso en la calle a millares de personas contra su política neoliberal.

Duque, como gobernante de una nación de 50 372 424 habitantes, ignora sus promesas de campaña, entre ellas ejecutar el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC.EP) firmado en 2016.

Ocurre lo contrario. Colombia, bajo el dominio de los grandes capos del narcotráfico que manejan la política nacional, hace del mandatario un pelele que permite los asesinatos diarios de líderes comunales, activistas sociales, políticos de izquierda y exguerrilleros de la fuerza armada con la que se pactó la pacificación del país, luego de más de 50 años de guerra y alrededor de 200 000 fallecidos, otro tanto de desaparecidos y millones de desplazados.

Devenido líder de la derecha latinoamericana nombrada por EE.UU., el régimen de Duque no solo paralizó el proceso de paz sino que, según estadísticas oficiales, grupos paramilitares fundados por su padrino político Álvaro Uribe y bandas mafiosas exterminaron, solo en lo que va del 2020, a más de 35 activistas, en especial en el departamento de Valle del Cauca.

La Organización no gubernamental irlandesa Front Line Defenders afirmó que Colombia fue el país donde más líderes sociales sucumbieron de manera violenta en 2019, lo cual ocurre de manera consecutiva, dijo, desde el 2015.

Front Line Defenders advirtió que hace cuatro años, cuando se suscribió el tratado de paz, y sin posibilidades de que las víctimas reciban justicia, las bandas ilegales asesinaron a más de 800 líderes sociales, más de 175 exguerrilleros de las FARC y 38 familiares.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó que ese organismo está preocupado por los homicidios contra defensores de la paz social en la nación andina.

Otro problema que debería preocupar a Duquesito, como le llaman sus opositores por su nariz respingada y su distanciamiento público, es el de la miseria en que sobreviven sus coterráneos, en especial los campesinos. La pobreza monetaria afecta a 13,07 millones de colombianos. La disminución de esa cifra fue una de las promesas de campaña del entonces candidato de Cambio Democrático, el partido de ultraderecha de su padrino político Álvaro Uribe, quien también estuvo obsesionado, en sus dos mandatos, con el derrocamiento del fallecido mandatario Hugo Chávez Frías.

Nada hace al respecto. Con tales cifras, la disminución de personas pobres e indigentes, la carencia de sistemas de salud y educación gratuitos debieron ser prioridades a solucionar por el mandatario, pero esa no es su preocupación.

En lugar de buscar la paz interna, no permite el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros, por el contrario, dispone de sus militares y grupos civiles paramilitares para hacerle la guerra a Venezuela desde las compartidas zonas fronterizas.

En los últimos días, el gobierno de Caracas informó sobre la detención de 16 miembros de la banda de narcos Los Rastrojos, que pretendían realizar acciones violentas en el estado de Táchira y en otras regiones venezolanas. Este grupo está vinculado a Juan Guaidó, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien fuera aprobado por EE. UU. para autoproclamarse presidente interino de su país.

Los Rastrojos son enlaces de Colombia para atacar Venezuela, pero también, y fue registrado en fotografías y videos, permitieron el paso a Guaidó entre los dos países de manera ilegal e irrespetuosa para el gobierno del presidente Maduro.

Este Guaidó, que ni es presidente de Venezuela, ni de la Asamblea Nacional, ni diputado, hizo que Duque y otros presidentes de Suramérica fueran el hazmerreír del mundo político el pasado año, cuando inventó que cientos de soldados venezolanos asentados en la frontera se pasarían a Colombia.

Del lado colombiano, una camioneta con insumos por 25 millones de dólares donados por EE. UU. para mitigar las necesidades impuestas por el presidente Donald Trump al pueblo venezolano con su bloqueo económico, comercial y financiero, que incluso impide el tránsito libre del petróleo, el principal rubro de exportación de esa nación que escogió el socialismo como sistema.

El grupo de presidentes esperaba que tras la esperada deserción masiva ellos irían sobre Caracas distribuyendo las miserias enviadas por Trump e investirían a Guaidó como sustituto de Maduro. Locura absoluta.

Ahora, en esta época de Duque, Colombia devino un látigo político contra Caracas, en especial en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el llamado Grupo de Lima, usando las fronteras como zona de combate unilateral.

Guaidó y sus socios suramericanos se cansaron de esperar la llegada masiva de los soldados venezolanos. No hubo levantamiento militar ni deserción masiva.

Por tanto, el presidente interino, cada día más solitario en el plano político, solo se mantiene como un figurón porque Trump caería en otro de sus tantos ridículos como gobernante. Lo ha convertido en la media de derecha en un héroe, y aunque Washington no lo admita, Guaidó es una carga pesada para cualquiera que ofrezca refugio a sus fantasías.

Duque nunca fue hombre de fiar. Desde los primeros meses en el Palacio de Nariño la población se percató de que una cosa es un político en campaña y otra cuando ya el mando está en sus manos. Una vez más su nombre acapara los titulares de la prensa internacional. En el plano diplomático, Duque demostró que carece de visión.

La exsenadora colombiana Aída Merlano, prófuga de la justicia, condenada a 15 años de prisión en Bogotá por supuestos delitos, entre ellos compra de votos y tenencia ilegal de armas, protagonizó una fuga espectacular al escapar del tercer piso de un consultorio odontológico. En estos momentos está en Caracas como asilada política, al declarar que es una perseguida por el régimen de Bogotá y que sería asesinada.

Merlano pertenece al partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, quien hizo un acuerdo con Duque para ser el próximo candidato presidencial que continúe la gestión de los seguidores de Uribe. La exsenadora dijo ante las autoridades venezolanas que denunciaría las fechorías de las autoridades y figuras políticas prominentes de su país que viven en un clima de corrupción de diverso tipo, varios involucrados tanto en el narcotráfico como en el tránsito de intereses corporativos o personales.

Uno de los implicados es Duque, acusado de la compra de votos para ganar las elecciones, un grave delito en el campo político. En otras de sus equivocadas decisiones, Duque solicitó la extradición de la exsenadora “al legítimo gobierno de Venezuela encabezado por Juan Guaidó”, y no a Maduro, como corresponde. El asunto es que Guaidó no preside Venezuela ni tiene poder de mando alguno.

Muchos se preguntan por qué el mandatario comete tal fiasco ante su país y ante la comunidad internacional, solo para demostrar lealtad a EE. UU. Con su actitud vuelve a tomar distancia del gobierno de Caracas, ignorando la utilización de determinadas líneas de comunicación existente entre los dos países.

Colombia debía ser la parte más interesada en esclarecer los hechos apuntados por Merlano, pues desnuda los procesos de soborno, corrupción y guerra judicial contra determinados políticos.

Para muchos, como el analista Edgard Garrido, el ultraderechista presidente quiere ganar tiempo para consultar a la administración estadounidense. A él le conviene que la exsenadora no regrese a Colombia para que no haga pública la información que maneja acerca de las mafias políticas vinculadas con el paramilitarismo y los narcos de la costa Caribe.

Tales declaraciones de la excongresista tocan de cerca al Cambio Radical de Vargas Lleras, cuyas posibilidades de ocupar el Palacio de Nariño irían al aire.  Por eso acude a su socio Guaidó que nada puede hacer respecto a una devolución de Melandro y darle largas a la aplicación de la justicia.

Mientras, en aras de calmar las movilizaciones populares contra sus políticas neoliberales, el gobierno de Duque recompuso su gabinete con la designación de tres ministros procedentes de los partidos tradicionales. En Salud nombró al médico cirujano Fernando Ruiz Gómez, quien disfruta del aval de Vargas Lleras. La cartera de agricultura fue ocupada por Rodolfo Enrique Zea, del Partido Conservador, y en Trabajo a Ángel Custodio Cabrera, del Partido de la U. Todos proceden de la vieja clase política y el propósito de sus elecciones es lograr mayoría en el Congreso de la República para enfrentar el desafío de las movilizaciones que rechazan reformas impopulares. Sin embargo, puede salirle mal la jugada, pues algunos representantes de los partidos tradicionales no quieren involucrarse en el Congreso con las medidas del Duque suramericano.