Hace nueve meses que el presidente peruano Pedro Castillo, de orígenes humildes, maestro primario de profesión y que prometió cambios en la política interna, vive en una continua zozobra, pues la derecha tradicional del país andino no le da tregua, mientras sus consejeros, según la reacción popular, no parecen darle las mejores resoluciones para llevar adelante su gobierno.
Castillo fue un fenómeno político en la nación andina, donde los conservadores decidían las distintas situaciones que atravesaban los mandatarios, entre ellos Alan García, quien se suicidó antes de ser investigado por corrupción.
Al maestro de Cajamarca, un hombre de baja estatura, tocado por un sombrero típico de los campesinos de la empobrecida región donde nació, los partidos políticos derechistas, entre ellos el Frente Popular del dictador Alberto Fujimori, liderado por su hija Keiko, lo mantienen en vilo, con el uso de métodos reaccionarios que le impiden hacer gobierno.
El peor enemigo que posee ahora mismo el presidente son las bancadas de la derecha en el Congreso Nacional. No es noticia que el órgano legislativo tradicionalmente es el medio que en ese país determina la política nacional. Nunca pensaron los legisladores habituados a quitar y poner dignatarios que el maestro sería tan persistente, pues cualquier otro, en su lugar, ya habría renunciado. Campañas mediáticas, persecución política, desaprobación de gabinetes, son, entre otras muchas, las estrategias utilizadas en su contra.
El más mínimo movimiento de este resistente mandatario es vigilado para, en la primera oportunidad, crucificarlo en la prensa hegemónica para pedir su dejación del cargo o para acusarlo de delitos no cometidos. Lo único que lo salvaría de esa guerra interna en su contra es que pactara con los conservadores e inclinara su gobierno hacia esa ideología, con lo cual decepcionaría a la población que votó por él e impidió, aunque por estrecho margen, que ganara las elecciones de 2021 la líder de Fuerza Perú, incluso, presentando más de 100 requerimientos ante la justicia electoral contra la victoria del casi desconocido político, cuyo medio de transporte siempre fue un caballo de montaña.
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Castillo carece de la experiencia política para dirigir una nación tan compleja como Perú, y se ha visto obligado a organizar cuatro gabinetes diferentes debido a la postura de los legisladores que, en un plan casi macabro, luego de instalado el gobierno, comenzaron a denunciar supuesta corrupción, declaraciones para ellos incorrectas y cualquier cantidad de falsedades improvisadas.
Su asunción al poder fue promocionada por el partido de izquierda Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón —ahora en una posición contraria al mandatario y cada vez más cercano al empresariado privado— no pudo candidatearse por tener deudas con la justicia. El maestro, muy conocido en las filas magisteriales al ganar una huelga nacional a favor del sector, hizo una campaña sin dinero, a caballo, visitó las localidades más pobres y ganó.
Ahora, luego que la oposición perdiera dos solicitudes de vacancia en su contra, el Legislativo amenaza con exigir la renuncia del premier Torres, conocido como un político conciliador, para quebrar, una vez más, la organización interna del Ejecutivo. La actual imputación contra el presidente que, luego de seguir a sus consejeros dictó algunas medidas chocantes para la población, aprovechadas por sus enemigos, es de “traición a la Patria” debido a declaraciones periodísticas sobre una supuesta salida soberana al mar para Bolivia por el territorio peruano, pero siempre consultando a la población.
El dignatario precisó que jamás haría nada que el pueblo no quisiera, lo cual bastó a políticos opositores para aprovechar el momento y endilgarle que su deseo era entregar soberanía de Perú a los bolivianos. Acusación rayana en el surrealismo, pero que bastó para iniciar un procedimiento parlamentario y darle 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para una investigación del caso.
Lo que sucederá está por ver, pero puede terminar con la suspensión del mandatario y su inhabilitación por diez años. Otra maniobra de las muchas que los peruanos observan por parte de los congresistas para destruir una esperanza de cambio en una nación donde sus últimos cinco presidentes están acusados de distintos delitos.
Analistas coinciden en que el interés de la oposición es integrar un gran frente contra Castillo, pues en las dos vacantes pedidas con anterioridad nunca alcanzan los votos necesarios para suspenderlo.
Además, un reporte reproducido por la agencia noticiosa Prensa Latina alega que el semanario Hildebrandt en sus 13 afirmó que el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, analiza la posibilidad de anular la decisión de su antecesora Zoraida Ávalos, de congelar una investigación contra el dignatario por presunta vinculación con actos de corrupción, e iniciar las pesquisas.
Ávalos —según la publicación— abrió la indagación preliminar al mandatario por los posibles delitos de tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal, imputados a su exsecretario Bruno Pacheco —quien está prófugo y afirma que la Fiscalía lo persigue para que inculpe a Castillo— y dos de sus sobrinos.
MEDIDAS Y CARDENAL EN POLÍTICA
En las últimas semanas Castillo enfrentó una serie de manifestaciones públicas contra medidas que enardecieron a la ciudadanía, entre ellas el aumento del precio de los combustibles, lo que originó el paro de los camioneros.
La polarización política es evidente en Perú, pero hay coincidencia en que no debió dictar un estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao, las más pobladas, que puso en aprieto a trabajadores y pequeños empresarios con la inmovilidad. Asimismo, son muchos los que defienden al presidente y señalan a sus consejeros como culpables de la crisis peruana.
Lo que comenzó como una huelga de transportistas con epicentro en el departamento de Junín derivó en multitud de protestas dispersas por el país, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden público que dejaron al menos seis muertos y decenas de heridos y detenidos.
El gobierno atribuye la subida de los precios al conflicto bélico de Rusia y Ucrania, y después de varias semanas de incidentes anunció la suspensión del Impuesto General de Ventas sobre algunos derivados del petróleo y ciertos artículos de la canasta básica.
Expertos reprochan a Castillo un manejo errático de la crisis, pues en una de sus intervenciones afirmó que los bloqueos los dirigían cabecillas malintencionados y pagados, lo que enfureció a muchos manifestantes. Un día después viajó con sus ministros a las regiones donde se registraron las protestas más intensas para analizar de primera mano el descontento.
El especialista Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, considera que en Perú “hay una crisis terminal del sistema de representación política y eso nos llevó a que en los últimos seis años hayamos tenido cinco presidentes, un Congreso disuelto y 13 primeros ministros”.
Interrogados por medios locales, algunos ciudadanos, como el docente Juan Paco Acasiete, considera que está decepcionado de Castillo porque “prometió cambiar una Constitución que impone un modelo neoliberal, y no lo ha hecho”, sin analizar los difíciles momentos de inestabilidad gubernamental sufridos por los cuatro gabinetes ministeriales cambiados. En su opinión, este docente de 56 años considera que “más que la guerra en Ucrania, el alza de los productos está dictada por grupos que controlan los monopolios en Perú y abusan de los precios”.
Otro ciudadano, Víctor Suica, afirmó que los peruanos “llevamos aguantando 30 años de corrupción”, y el presidente, para él, “no es responsable de lo que está ocurriendo porque está amarrado por la casta política que no le deja hacer cambios para el bien del pueblo”.
A pesar de la tensa situación, el cardenal católico Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, descarta la vacancia de Castillo, pero plantea cambios ministeriales, lo que pone al premier en la picota, según informó.
Barreto participó en una reunión con el mandatario como integrante de una comisión en la que estuvieron el secretario del Acuerdo Nacional (mecanismo de concertación política y social), Max Hernández, el excanciller Óscar Maúrtua, y el parlamentario de izquierda Guillermo Bermejo.
El dignatario eclesiástico dijo a su salida del Palacio de Gobierno que hubo un diálogo inicial, en el cual el jefe de Estado, presionado por las acusaciones en su contra, escuchó la propuesta de “un cambio de gobierno para toda la población, sin excepción”.
Indicó que “el presidente está iniciando este cambio de rumbo radical que va a hacer en el momento que crea conveniente”, añadió, tras precisar que su presencia en Palacio se debió a la preocupación del papa Francisco por la crisis peruana y su pedido de una solución pacífica y pronta.
En lo que se avizora como otros cambios en el Ejecutivo, el Cardenal precisó que ya comenzó, y argumentó que Castillo “es consciente de que ha sido asesorado de una manera muy equivocada porque lleva casi nueve meses en el Gobierno con un quinto gabinete en ciernes que debe ser de unidad nacional y de concertación, sin intereses subalternos”.
Ello significa que quizás pronto haya nuevos cambios en la cúpula gubernamental, lo cual deprime aún más la autoridad presidencial, ya crítica debido a la alta cantidad de incidentes promovidos por la derecha peruana.
La inestabilidad política se mantiene latente en la tierra del poeta comunista César Vallejo, uno de los grandes de Hispanoamérica y del mundo, quien en los versos de su Considerando en frío, imparcialmente, ilustró “la tarea de superar rencillas y disipar rencores” en tanto describía “las amarguras, la diversidad, los problemas y las diferencias”. La mayoría de los políticos peruanos deberían acercarse al gran hombre de la política y las letras. Quizás así ganarían conciencia de que Perú merece un mejor destino.
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