Cuando se publiquen estas líneas seguramente ya la Gran Bretaña oficial esté celebrando su separación de la Unión Europea, fijada justamente para este 31 de enero.
Luego de más de tres años de litigio interno y externo, y de un cambio de jefatura de gobierno y unas elecciones generales forzados por el tema, los grupos adeptos al Bréxit, encabezados por el primer ministro conservador Boris Johnson, lograron materializar los deseos de la exigua minoría que dijo SÍ en el referendo sobre soltar amarras.
Pocas horas antes, en una sesión plenaria, el Parlamento Europeo dijo adiós a sus integrantes británicos. En la sesión el diputado Nigel Farage y sus correligionarios ligados al Brexit, banderas inglesas en mano, fueron rotundos y hasta hirientes al proclamar que “nos vamos para nunca volver”.
De manera que ya es un hecho la primera deserción entre los hasta ahora 28 miembros de la UE, un acontecimiento que algunos sectores políticos dentro del Viejo Continente han empezado a considerar como “una puerta por donde cruzarán otros”.
En términos más prácticos y concretos, no obstante, la aplicación del contrato de divorcio guarda otras consideraciones.
La primera, la determinación y definición de los lazos que de ahora en adelante se mantendrán entre Londres y las capitales comunitarias, y que Boris Johnson insiste en que deben quedar establecidos a fines de año.
Una pretensión que choca sin embargo con los criterios de los altos mandos de la UE, que estiman demasiado apresurado al jefe de gobierno británico.
Así, el negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, comentó a la prensa que a partir del primer día de febrero “una fase ha terminado, pero todo está por reconstruir".
Barnier coincide con los criterios dentro del grupo comunitario de que de aquí a diciembre no habrá tiempo para dilucidar todo lo que se requiere en las nuevas relaciones con Londres, y especialmente en materia de comercio, seguridad, energía, pesca y transporte.
Otras fuentes comentan que “en ausencia de un acuerdo comercial, las relaciones económicas entre Londres y los 27 se regirían por las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que son mucho menos ventajosas porque fijan aranceles a las mercancías”.
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Eso implica que para entonces "el nivel de acceso al mercado único europeo del que gozarán los productos británicos será proporcional al grado de respeto por el Reino Unido de las normas europeas, en particular las relacionadas con los subsidios estatales".
Todo ello por una parte. Por la otra, dentro del espacio británico siguen persistiendo las voces y actitudes opuestas al Brexit y su implementación.
Es el caso de las autoridades oficiales de Escocia, lideradas por la primera ministra Nicola Sturgeon, quien no solo insiste en un la realización de un nuevo referendo sobre la independencia de la región con respecto a Gran Bretaña (vetado por, Boris Johnson días atrás), sino que además ordenó que la bandera de la UE se mantenga en los edificios públicos escoceses más allá del 31 de enero, como un mensaje de camaradería con el resto de Europa.
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Por su parte, ciudades continentales como la holandesa Ámsterdam y la germana Fráncfort, ya han empezado a recibir con expectación a numerosas empresas europeas que abandonan el territorio británico.
En el primer caso se trata, entre otros, de negocios médicos y oficinas comunitarias de primer rango, mientras que la segunda es preferida por los sectores bancarios y financieros.
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