Bolivia busca retorno democrático

Un clima de incertidumbre rodea este domingo la celebración de elecciones generales en Bolivia, donde la derecha regional intenta boicotear la eventual victoria del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

La clase trabajadora, los partidos progresistas y las organizaciones indígenas y otras temen que el complot organizado por Estados Unidos (EE.UU.) aliente que, si como estipulan las tendencias, ganara el MAS esta primera vuelta, se ejecute un plan violento para impedir el retorno de la democracia al plurinacional Estado suramericano.

Este día serán electos presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el período 2020-2025. El país del Altiplano arriba a estos comicios con una situación social y política deprimida y una crisis económica agravada por la pandemia de la COVID-19. A las urnas están llamados 7,3 millones de ciudadanos.

Desde que el MAS anunció la candidatura de Luis “Lucho” Arce a la primera magistratura y David Choquehuanca como su vice, el gobierno de facto de Jeanine Áñez y sus asesores de la Casa Blanca tratan de boicotear su eventual victoria, tras dilatar durante meses el proceso comicial. Al ser obligados por la presión de grupos políticos decidieron marcar este día 18 como fecha definitiva. Sin embargo, al unísono intentaron de manera infructuosa impedir las aspiraciones masistas con maquinaciones electorales y judiciales.

Medios de prensa locales documentaron alrededor de 50 enfrentamientos o conatos de violencia durante actos partidistas.

La situación que hoy enfrentan los bolivianos surgió en noviembre del pasado año, cuando un complot de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordenado desde Washington, mintió de manera descarada en los comicios que dieron un rotundo éxito, en primera vuelta, al reelecto mandatario indígena Evo Morales. La OEA, invitada por el quizás ingenuo Morales como observadora informó, incluso antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diera los resultados, que existía fraude en el conteo de votos.

De manera arrolladora, esa organización que actúa bajo la batuta de la Casa Blanca —y hay suficientes razones para así considerarlo— fue el soporte de la derecha interna para crear un clima de caos que concluyó con la inesperada renuncia del presidente reelecto y su exilio, primero en México y luego en Argentina, donde se encuentra en la actualidad.

Por eso, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) expresó su preocupación por la misión enviada ahora por la OEA, encabezada por el excanciller de Costa Rica Manuel González, el mismo jefe encargado de dar el falso veredicto del resultado de hace un año.

También confirmó su presencia el progresista Grupo de Puebla (GP), con una delegación de facilitación democrática, bajo el liderazgo del senador colombiano Antonio Sanguino. Junto al GP viajaron para analizar la parte técnica el CLAJUD, así como miembros del Grupo Parlamentario Iberoamericanos (GPI) de Puebla.

Las últimas horas fueron muy tensas en el Estado Plurinacional, donde la posibilidad de un golpe de Estado a un gobierno ganado, pero no constituido del MAS es advertido entre la oposición.

La posibilidad de una reacción desmesurada de la derecha creció luego de la visita a fines de septiembre pasado del ministro de gobierno Arturo Murillo a EE.UU., donde se reunió con el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En ese sentido, el extitular de Relaciones Exteriores boliviano, Diego Pary, dijo que esas conversaciones demostraron “que hay un plan detrás de las elecciones para afectar el retorno a la democracia”.

En declaraciones al periódico Página Siete Digital, Pary refirió que Murillo “no tiene ninguna atribución para hacer gestiones en representación del TSE, única institución encargada, precisó, de hacer gestiones en torno a temas electorales.

En concordancia con presuntas orientaciones recibidas en Washington, días previos a los comicios el Tribunal Supremo Electoral (TSE) especificó que en esta ocasión no habrá actas de conteo de los votos, sino solo se conocerá una final, que indicará los resultados. Las urnas son custodiadas por soldados y policías.

Arce explicó que existen problemáticas que van “desde el orden teórico-jurídico hasta técnico-informáticos” en los que el TSE tiene un rol importante. Al respecto, advirtió que el ente electoral está “pretendiendo publicar únicamente datos a nivel de recintos electorales, cuando en el pasado siempre se publicaba por número de mesas”.

Uno de esos espacios puede tener 15 o 20 mesas, por lo que brindar los resultados con esta nueva forma implica un retroceso en la transparencia de la información brindada al pueblo.

El exministro de Economía de Morales, considerado el artífice del triunfo del modelo de justicia social imperante en Bolivia, también afirmó que se desconoció hasta último momento quiénes van a hacer la auditoría informática a los sistemas, y el TSE solo informó que contrataron para esa tarea a dos empresas, sin identificarlas.

Las preocupaciones del MAS fueron transmitidas a los observadores. Arce pidió acompañamiento, “pero que luego continúen para que vean lo que puede ocurrir después, sin conteo claro y las actas de recintos alejados que tardan en llegar”, así como otras acciones en curso adoptadas por el TSE que responde al gobierno de facto.

Otra acción del TSE que demuestra la falta de voluntad de ese órgano es la negativa del voto boliviano en el exterior de manera total o parcial.

El pasado jueves, ese órgano rector informó que en Chile los emigrantes bolivianos solo ejercerán ese derecho en Santiago, la capital. Sin embargo, la mayor concentración de ellos radica en la localidad fronteriza de Iquique, donde no se crearon condiciones.

La última encuesta previa al acto comicial realizada para la red Unitel ubica a Arce en el primer lugar, con 32,4 %, con posibilidades de una segunda vuelta.

Para ganar la presidencia boliviana este domingo es preciso obtener el 50,1 % de los votos válidos, o un mínimo del 40 % con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo colocado.

La renuncia de la presidenta de facto a su postulación, al igual que hizo Jorge “Tuto” Quiroga indica que entregarán sus preferencias al aspirante derechista Carlos Mesa, por el partido Comunidad Ciudadana, quien —según la investigación— ocupa el segundo lugar con 24,5 por ciento.

Si no gana hoy, Arce deberá enfrentarse a Mesa, quien entonces también contaría con los seguidores de Julio Camacho, el líder cívico de Santa Cruz que propició las acciones de violencia del pasado año, ubicado por Intel en tercer lugar con el 10,7 % del escrutinio.

La empresa Ciesmori, encargada de la investigación, incluyó 3 170 entrevistas realizadas entre el 29 septiembre y 8 de octubre pasados en 579 localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos, con un margen de error de +/- 1,74 por ciento.

Las próximas horas son definitorias en Bolivia, nación que vio destruirse en solo 11 meses de gobierno derechista las conquistas políticas y socio-económicas alcanzadas por el MAS, las que dignificaron a los pueblos originarios y a altas cifras de personas invisibilizadas por regímenes capitalistas.

Bolivia era el segundo país más pobre de América Latina y El Caribe cuando asumió el MAS. Solo era superado por Haití, que sigue en primer lugar en ese rubro.