Arenas movedizas en Chile

Apenas han pasado poco más de tres meses desde que Michelle Bachellet asumió, por segunda vez, la presidencia de Chile, una nación con graves problemas sociales, agudizados en la etapa de su antecesor, el derechista Sebastián Piñera. Solo tres meses para que la Mandataria pusiera en movimiento algunos cambios que pueden significar una mejoría en la calidad de vida de su pueblo, pero que ya le trajeron contradicciones públicas con Estados Unidos, la derecha nacional y sus voceros mediáticos.

Son numerosas las transformaciones socio-económicas que la presidenta, excandidata de la coalición partidista Nueva Mayoría de centro-izquierda, tiene planificadas para sus cuatro años en el Palacio de la Moneda, entre ellas la reforma tributaria, ahora en discusión en el Senado, luego de ser rápidamente aprobada en la Cámara de Diputados.

Desde el año 2011, su antecesor Sebastián Piñera tuvo que enfrentar al movimiento estudiantil y profesoral que se mantuvo en las calles –a las que está dispuesto a volver en cualquier momento en lo que analistas catalogan de ultrarradicalismo- para exigir, junto a sindicatos y movimientos sociales, una educación gratuita y de calidad, algo impensable para la élite chilena y los intereses privados.

El pasado día 2, el Senado comenzó el proceso de debates de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, y cuya definición, se espera, sea en agosto próximo, al contrario de la discusión de solo 12 horas por los Diputados.

La aprobación de la medida es vital para el gobierno de Nueva Mayoría, que precisa fondos equivalentes al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de ocho mil millones de dólares, para hacer frente a los gastos de la educación.

El concepto de esta Ley eleva de manera gradual del 20 al 25 por ciento los gravámenes en cuatro años a grandes empresas, que ya le hacen la guerra abiertamente. El 85 por ciento de los empresarios más poderosos se niegan a aceptar este movimiento económico.

Para Bachelet y su equipo ministerial, la puesta en práctica de esta regulación equivale a cumplir su palabra ante sus electores, en especial los jóvenes, ya que el dinero proveniente de los impuestos financiará el proceso de cambios exigidos por estudiantes y docentes para el sistema educativo.

Los congresistas opositores exigen la suspensión de uno de los artículos de la ley sobre la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias. En la actualidad, el gravamen se impone solo sobre las utilidades retiradas, mientras no establece pago alguno por los restantes ingresos.

Aunque la coalición gubernamental tiene mayoría en las dos Cámaras –el voto en la de diputados fue de 72  a favor y 48, en contra- la derecha opositora cuestionó de manera significativa la reforma con el argumento de que tendrá un impacto negativo en el crecimiento del país. Los derechistas se pronunciaron en bloque contra la propuesta, salvo un representante del partido Renovación Nacional, quien se unió en esa oportunidad a Nueva Mayoría.

El líder del principal partido derechista, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Ernesto Silva, dijo a la prensa que la reforma “le hace mal a la clase media y a los emprendedores de Chile", lo cual es incierto –según explicó el gobierno- pues los nuevos impuestos son progresivos. Su mayor impacto será en las grandes empresas.

El Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tras rebatir las acusaciones derechistas, afirmó que otro de los puntos más repudiados es la derogación de un estatuto –que calificó de obsoleto- el cual otorga un sistema impositivo especial a las inversiones extranjeras vigente desde 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Para los de menos ingresos, por el contrario, la ley es beneficiosa, ya que establece un recorte en la tasa máxima a las rentas personales desde un 40 hasta un 35 por ciento para quienes ganen más de 10 mil 500 dólares anuales.

GOBIERNO CHILENO RECHAZA INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos dirige históricamente la política chilena, incluso desde mucho antes de la asunción del después derrocado por un golpe militar, el presidente socialista Salvador Allende, en 1973. Ahora, la tríada Embajada estadounidense-elementos de derecha-guerra mediática volvieron  a asomar en Chile luego de que la Presidenta intenta, cuando menos, no repetir los errores cometidos en su primer mandato (2006-2010) en que dirigió bajo los criterios de los mandatos heredados de la dictadura pinochetista.

El gobierno estadounidense, de manera abierta, exigió “reglas claras” a la Mandataria durante un almuerzo el pasado 7 de este mes, organizado por la  Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio (Amcham). En lo que políticos y organizaciones chilenas consideran una intromisión en los asuntos internos del país, el embajador Michael Hammer criticó la política interna de Nueva Mayoría, en una amenaza que puede traducirse en “necesidad de un cambio de rumbo”.

Para quienes no recuerdan el andamiaje montado por Estados Unidos para derrocar a Allende, hay que decir que ese país fue el gestor de su caída mediante planes desestabilizadores con el colofón de un sangriento golpe de Estado.

En las palabras de Hammer queda esclarecido lo que considera el régimen de Barak Obama sobre Chile: “un cambio de este tipo puede afectar a los intereses de las empresas de mi país””, dijo el diplomático refiriéndose a la reforma tributaria.

El Embajador refirió que "la nueva administración de Bachelet está considerando cambios de distintas índoles", y que "para seguir contribuyendo a la economía y brindando valor a la sociedad, lo que necesita la empresa estadounidense, y de hecho es igual para todas las empresas, es estabilidad política y económica, y reglas claras".

Poco después, el Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, le exigió explicaciones a Hammer sobre sus injerencistas declaraciones. La repulsa de dirigentes políticos chilenos y del gobierno propició una retracción pública del diplomático, quien argumentó que sus palabras  “habían sido sacadas de contexto”. “

“La verdad es que preocupan y ponen en alerta las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Chile, porque rayan con la intromisión en asuntos internos”, advirtió desde Valparaíso el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, ese mismo día.

A las críticas del Embajador estadounidense se unieron importantes empresarios de grandes corporaciones chilenas, que en un 85 por ciento se oponen a la reforma.

“Algunos de los ruidos que se escuchan a uno le recuerdan los tiempos de la Unidad Popular (UP, coalición que llevó a Allende a La Moneda) (...) Es un lenguaje que tiene olor a UP y yo creo que es un mal camino, porque después no hay que lamentarse si salen reformulaciones nuevas de Patria y Libertad”, refirió  César Barros, presidente de la multitienda La Polar, y expresidente de Salmón Chile. Este individuo se vanagloria de su militancia en el grupo fascista-terrorista Patria y Libertad, que asesinó al general René Scheneider en 1970.

Mientras,  la Federación Gremial (Sofofa), que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno (cerca de dos mil empresas, 38 asociaciones sectoriales y ocho gremios empresariales regionales, que en conjunto engloban el ciento por ciento de la actividad industrial de Chile y el 30% del PIB,  advirtió una posible baja en las inversiones en el país tras la reforma tributaria.  Su presidente, Hermann von Mühlenbrock, advirtió, en una invitación a los inversionistas a abandonar Chile,  que "Si los proyectos que evalúan las empresas se vuelven poco rentables por aumento impositivo, sin duda que se llevarán adelante, pero en otro país".

Las evidencias de las últimas semanas van conformando una reacción violenta de la derecha chilena, que ve en un supuesto peligro sus privilegios, y que al parecer, no escatimará esfuerzos para evitarlo.

La campaña mediática es otro de los tres puntales contra Bachelet, quien fuera víctima, junto a sus padres, de los desmanes del general Pinochet.

Un artículo del diario Wall Street Journal calificó de fatal al modelo económico chileno (neoliberal)  la reforma tributaria, y catalogó tales medidas de “atentado contra el milagro chileno”.

El Washington Post afirmó que “la reforma va a disminuir el crecimiento” e indicó que “las acciones de Bachelet no son las que se esperaban de una persona considerada como aliada de Washington”.

Un medio aliado del sistema capitalista, como The Economist, calificó la medida tributaria de “populista, que traerá una disminución de las inversiones y la caída de las acciones”.

The Economist comentó estar alarmado por la rapidez vertiginosa en la aplicación de medidas, si estas eran pertinentes, con la advertencia de que el país andino irá en picada”.

A estas posiciones se une el ultraderechista diario chileno El Mercurio, considerado la brújula de la poderosa oligarquía nacional. El Mercurio jugó un rol fundamental en el derrocamiento de Allende.

Ante tamañas incongruencias y equivocaciones de la prensa internacional, el editorialista de Punto Final esclareció en Santiago que se manejan “referencias erróneas”, pues en su criterio, la reforma fiscal no afecta en nada el modelo neoliberal ni los intereses de las compañías extranjeras “ni con el pétalo de una rosa”.

LA JUVENTUD NO ANALIZA A LARGO PLAZO

Mientras está en juego la estabilidad del gobierno chileno, los estudiantes calificados de ultrarradicales volvieron a tomar las calles santiaguinas, para exigir una mayor rapidez en el proceso gubernamental en el campo de la educación, haciéndoles el juego a la derecha y a Estados Unidos que pretenden el retorno de la violencia a las calles.

Algunos politólogos entienden que incluso la oposición de izquierda a Nueva Mayoría está jugando un papel fundamental en una eventual polarización de la sociedad chilena, tal como fueron las maniobras contra la Unidad Popular hace 40 años.

Para ello se basan en que hubo manifestaciones de incredulidad en las posibilidades de la coalición oficialista de presentar un programa progresista. Cuando este fue anunciado, algunos dirigentes izquierdistas lo descalificaron y juzgaron insuficientes, diciendo que se convertiría en letra muerta.

Hoy, ante la celeridad y seriedad de la acción del gobierno, esta oposición exige otros puntos no previstos en el programa.

En varias oportunidades, y a pesar del corto tiempo de su gobierno, Bachelet ha solicitado a la izquierda proposiciones constructivas e incluso ha adoptado decisiones a solicitud de asociaciones y movimientos sociales, como reemplazos de subsecretarios y gobernadores, y las consideraciones de la Central Unitaria de Trabajadores en la reforma del código laboral.

Al referirse a estas posiciones de los llamados izquierdistas, el presidente Rafael Correa en una reciente visita a Chile declaró que tales posturas son “cansativas” y calificó a quien las proclaman de  “izquierda boba e  infantil”, a los que, advirtió, es preciso combatir sin tregua pues son “los mejores aliados de la derecha y el status”, incluso si acceden al gobierno, como ocurrió durante el mandato de Salvador Allende.

La intolerancia de los movimientos estudiantiles ha motivado conversaciones de los cuatro diputados procedentes de sus filas, elegidos de manera democrática al Congreso Nacional, y más de 13 colaboradores de Nueva Mayoría, quienes desde un principio han contribuido a concretar las demandas reivindicadas en las calles cuando eran alumnos de distintos niveles de enseñanza.

Es en ese medio que se mueve Michel Bachelet, exdirectora de la agencia ONU Mujeres, de sólido prestigio internacional, contra quienes ahora se han virado los cañones de la excreta capitalista. Muy difícil le será gobernar a esta médica interesada en elevar la calidad de vida de su pueblo, pero con una Constitución Nacional redactada por un régimen militar, el que introdujo el neoliberalismo en la  nación volcada en Los Andes.