Este miércoles se cumplen dos meses del rapto de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, sin una respuesta gubernamental al caso, mientras continúan presos desde hace seis días otros 11 jóvenes que protestaban en el Zócalo capitalino, situaciones que mantienen en tensión a la sociedad que el presidente Enrique Peña Nieto intentará calmar mañana con el probable anuncio de medidas contra la inseguridad.
El pasado 26 de septiembre el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó a la policía local tirotear los ómnibus que transportaban a los normalistas de Ayotzinapa a Iguala para participar en manifestaciones pacíficas contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
Seis personas murieron baleadas en los buses –tres de elloa estudiantes- y otros 43 resultaron detenidos y entregados con posterioridad al cartel de la droga Guerreros Unidos, que opera en esa localidad con la complicidad de las autoridades y cuyos sicarios –los considerados chivos expiatorios- confesaron haberlos matado, quemado y lanzados a un río.
Desde entonces, México es un polvorín. Millares de personas permanecen movilizadas y recorrieron México para exigirle al gobierno –absolutamente incapaz de localizarlos- para que devuelvan vivos a los jóvenes, lo cual solo parece posible para los familiares. Sin embargo, y ante el caos del Estado mexicano, la población pide a Peña Nieto que aparezcan con vida. Este crimen también es rechazado en numerosos países y organismos internacionales, como Naciones Unidas.
La situación es muy tensa para el presidente, al que la movilización del pasado día 20 en El Zócalo del Distrito Federal solicitó su renuncia ante la evidencia de lo que el Mandatario de Uruguay, José Mujica, dijo: “De lejos, México parece un estado fallido” por su incapacidad para resolver sus problemas internos, entre ellos la eliminación de los carteles de la droga y las redes integradas por estas y las autoridades políticas estaduales y municipales.
MEDIDAS DE PEÑA NIETO
Aunque la noticia de que Peña Nieto hablaría esta semana ya era conocida, el titular de la secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, despejó la incógnita: mañana jueves el Mandatario se dirigirá a la población en un mensaje que, afirmó, contendrá acciones, medidas específicas y una convocatoria a los tres poderes para “modificar lo que se requiera, para que en materia de seguridad se dé tranquilidad a las familias mexicanas y se camine a la par de lo que necesita el país en este momento de circunstancias adversas”.
Al referirse al tema de seguridad ciudadana, Osorio Chong especificó que “en los municipios es donde está el mayor de nuestros problemas" de seguridad, por lo cual, aseguró, las nuevas medidas gubernamentales buscan recuperar la confianza de los ciudadanos en esa materia.
Las declaraciones del Secretario, también ex gobernador de Hidalgo, fueron hechas luego asistir con Peña Nieto a una ceremonia oficial.
Hasta ahora, el gobierno federal limitó su actuación a la detención de los reconocidos incriminados en el rapto de los 43 estudiantes, el alcalde y su esposa prófugos después del acontecimiento, varios policías y sicarios de Guerreros Unidos que, en definitiva, poco aportan –al menos públicamente- para esclarecer los hechos calificados de escándalo internacional.
Politólogos coinciden en que el Mandatario, en una crisis institucional sin precedentes, tratará de desviar la atención interna del caso de Iguala con nuevas disposiciones, pero reconocen que resultará muy difícil que la ciudadanía acepte sus pronunciamientos, pues hay conciencia de que el gobierno subsiste dominado por las familias mafiosas y sus ramificaciones en los municipios.
Peña Nieto no podrá, según esas fuentes, desmontar el narco-Estado en que devino el país, ya que constituye un pastel del cual comen la mayoría de los políticos e incluso personas que se ven obligadas a integrar los cárteles ramales debido a la pobreza imperante en la nación, agravada por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Aunque sus palabras resultan poco creíbles dada la nulidad de las gestiones gubernamentales hasta ahora, el titular refirió que la prioridad del Ejecutivo federal es dar con el paradero de los normalistas entregados al grupo criminal de Iguala, y garantizar la seguridad de los habitantes de esa localidad, quienes no cesan –como en otras decenas de localidades- en sus protestas.
En contraste por lo anunciado por Osorio Chong, el presidente Peña Nieto en días pasados elogió la actitud represiva de la policía federal que reprimió a millares de personas que se concentraron en el Zócalo capitalino en solidaridad con los estudiantes y sus familiares en lo que ya constituye una acción nacional.
Otros 11 jóvenes –entre ellos un chileno- que participaron en esa manifestación continúan detenidos en cárceles de Veracruz y Nayarit bajo el pretexto de ser presuntos terroristas, aunque Osorio Chong aseguró que "si no contamos con elementos suficientes no vamos a inculpar a nadie, sino hasta que se tengan también argumentos y se les pueda llevar a proceso".
Precisó que los detenidos, golpeados durante el mitin por los uniformados, no incurrieron en actos violentos "al menos en los elementos que tenemos", reseñó hoy el diario La Jornada.
“Si se trata de un delito federal, debe llevarse a penales federales’’, puntualizó, en tanto la Procuraduría General de la República (PGR) destacó hoy que " está latente la imputación de ese cargo".
Abogados defensores de los inculpados hasta ahora de "asociación delictuosa, homicidio en grado de tentativa y motín” rechazaron las acusaciones y explicaron que el Ministerio Público Federal decidió una nueva investigación por el delito de terrorismo, que podría ser consignada posteriormente.
Los abogados confirmaron que en el expediente de los detenidos, organizado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), las inculpaciones contra los 11 manifestantes solo poseen el respaldo de los testimonios de cinco policías, quienes carecen de pruebas de peligro para sus vidas. Tampoco hay testigos que culpen a los presos de acciones contra instituciones del gobierno.
Bajo los gritos de los policías federales de “Les va a pasar lo que a los 43 de Ayotzinapa” los detenidos fueron trasladaron de la SEIDO, en Ciudad de México, a los penales, precisaron los abogados defensores, que confirmaron la endeblez de los cargos y temen por las vidas de sus clientes.
Los juristas Alejandro Jiménez y Juan de Dios Hernández explicaron que sus colegas trabajan de manera coordinada en una estrategia para que liberen a los 11 presos en los próximos días, aunque todavía no quedan claras las maniobras de la PGR para retenerlos después del próximo sábado, cuando vence el plazo para que se defina la situación jurídica de los apresados. Será en ese momento que puede declararse auto de formal prisión.
Ante este panorama y su incapacidad para resolver este caso que conmociona México, ¿cuál será el mensaje alentador que enviará Peña Nieto?, se preguntan analistas que consideran muy difícil cualquier solución federal que no pase por la aparición, vivos o muertos, de los normalistas de Ayotzinapa.
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