A partir de este mes de agosto, más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado comenzarán a recibir un incremento salarial, mientras las empresas estatales podrán definir su propia organización de salarios según sus resultados económicos.
Este incremento salarial guarda relación con una parte de las 176 transformaciones socio-económicas que impulsa el país.
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Específicamente, las transformaciones comprendidas en el eje 10, relacionadas con el ámbito laboral y salarial, modifican la manera en que se organiza el trabajo y los salarios tanto en el sector presupuestado como en el empresarial.
La transformación número 72 está relacionada con el incremento salarial para los trabajadores del sector presupuestado.
En correspondencia, el salario mínimo aumenta de 2 100 a 3 200 pesos mensuales y se mantiene la escala salarial de 32 grupos, organizada según la complejidad y jerarquía de los cargos, así como la relación entre el salario mínimo y el máximo.
Sobre el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, precisó en el programa Mesa Redonda que la medida representa un gasto anual estimado de 42 500 millones de pesos para el presupuesto del Estado.
Otamendiz Campos explicó que aunque es insuficiente este incremento del salario mínimo, es un esfuerzo tremendo del país en poder garantizar los recursos financieros necesarios para realizarlo, y se continuará en la búsqueda de alternativas para seguir mejorando los ingresos de los trabajadores.
En tanto, como uno de los elementos más novedosos de las transformaciones, trasciende la descentralización hacia el sistema empresarial estatal de la facultad para aprobar su propia organización salarial.
Los niveles salariales serán negociados con los trabajadores, con la participación de las organizaciones sindicales, y estarán determinados por la capacidad económica y financiera de cada empresa.
Desaparece así el requisito de obtener autorizaciones previas para aprobar la organización salarial de cada empresa, una modificación que fortalece la autonomía empresarial.
No obstante, las empresas que operan con pérdidas no podrán aplicar plenamente las nuevas facultades salariales mientras mantengan esa condición.
El ministro concluyó señalando que tanto el incremento salarial en el sector presupuestado como las nuevas facultades para el sistema empresarial estatal constituyen dos de las principales transformaciones laborales actualmente en marcha.
Las nuevas disposiciones entran en vigor desde este 31 de julio, tras su publicación en la Gaceta Oficial.
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