Migración en Latinoamérica: de problema a oportunidad

Josué tiene 29 años, es graduado de técnico en Contabilidad y lleva dos semanas esperando el momento oportuno para cruzar el río Bravo y entrar a los Estados Unidos como inmigrante ilegal. Su nombre se pierde en el de otros miles de habitantes de este subcontinente que cada año se desplazan de su país de origen en busca de más oportunidades económicas.

Josué encarna casi a la perfección el perfil del inmigrante promedio de América Latina y el Caribe, un estereotipo que definió recientemente señaló a la prensa el investigador Jorge Martínez, experto de la división de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esa institución precisó en uno de sus informes sobre el tema que Estados Unidos y España se encuentran entre los principales receptores de emigrantes, mientras que México, Colombia y El Salvador se erigen como los principales emisores. En este último caso no es casual la coincidencia de estos lugares con zonas de conflictos violentos que generan desplazados.

Un estudio del Proyecto de Migración y Desarrollo (MADE por sus siglas en inglés) señaló que el 10 por ciento de la migración mundial es latinoamericana como resultado de un sostenido crecimiento del número de personas que deciden abandonar la tierra que nacieron y desplazarse hacia el llamado Primer Mundo.

Y es que de acuerdo con los expertos, aunque en los años recientes ha llamado la atención de los medios de una forma más profusa la ola migratoria de África hacia Europa, la situación que se desarrolla en América Latina y el Caribe tampoco escapa a este calificativo. Niños, mujeres y otros grupos vulnerables huyen de la violencia mientras se exponen a una cadena ilegal de mafiosos que hacen de la trata de personas un negocio rentable.

A ello se suma que la inestable situación legal de los que llegan a los países receptores lo que los convierte en mano de obra barata, blanco del tráfico humano y vulnera sus más elementales derechos.

Las causas hay que buscarlas no solo en la incapacidad de los gobiernos para dar respuestas efectivas a estos conflictos sociales, sino también a la expoliación que durante años sufrieron esos países de los que ahora se niegan a dar cobija a los refugiados, a no ser que representen una oportunidad para el robo de cerebros.

Un atisbo de la complejidad de este fenómeno en la región está relacionado con la crisis de los emigrantes cubanos que puso en tensión a varios países de Centroamérica y la zona andina.

Alentados por la política de “pies secos y pies mojados”, el programa para alentar la deserción de especialistas médicos en terceros países y la Ley de Ajuste Cubano, miles de habitantes de la Mayor de las Antillas optaron por el camino de la emigración irregular. Este hecho desencadenó una crisis cuando varios gobiernos de la región decidieron frenar el flujo ante el crecimiento de las actividades ilegales que generaba y la presión sobre sus aparatos de control fronterizo. Aunque detrás de estos desplazamientos operaba una motivación económica, el mecanismo que los estimulaba perseguía fines políticos.

El pasado 14 de enero Cuba y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta que puso fin a dos de estos programas, aunque persiste la Ley de Ajuste Cubano. Con ello el gobierno norteamericano respondió a una demanda de al menos nueve países de la región y dio un paso firme en el proceso de normalización de relaciones con La Habana, el cual pasa, necesariamente, por la construcción conjunta de mecanismos legales que aseguren una migración regular y respetuosa.

Al mismo tiempo que confluyen estos hechos los expertos señalan que el flujo migratorio entre los países de la región ha crecido en dinamismo en los últimos años como es el caso de los fuertes movimientos que se generan hacia Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica y México. Ello obliga a que los gobiernos de esas naciones redefinan sus estrategias de desarrollo tomando en consideración los aportes de estos migrantes y los desafíos demográficos, económicos y sociales que traen aparejados consigo.

Es por esta razón que la V Cumbre de la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tiene entre sus temas principales a la migración. La cita se desarrollará en República Dominicana los días 24 y 25 de enero. El tema ya ha sido abordado en el encuentro previo del foro de organizaciones sociales que se pronunció por establecer políticas que garanticen los derechos de los emigrantes.

Los representantes de los 33 países que conforman actualmente el bloque regional tienen el reto de incluir este enfoque en la declaración final sobre el fenómeno, además de proponer marcos regulatorios para la cooperación en la lucha contra las causas de la migración irregular y los problemas asociados como la proliferación de organizaciones del crimen.

La emigración es un fenómeno humano que está asociado a las tendencias demográficas de esta especie desde su propio surgimiento. En el caso de América Latina y el Caribe se encuentra muy relacionada con la conformación de la nacionalidad de estos países. El establecimiento de políticas que gubernamentales que no conlleven a su criminalización o irregularidad puede derivar en otra forma de concebir el desarrollo a partir del aprovechamiento de las capacidades y oportunidades de toda la América, en el sentido bolivariano de su concepción.