Hace apenas unos días el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que la Ley Helms- Burton violaba de manera burda el derecho internacional al intentar regular el futuro de una nación soberana. Se trata de una legislación pensada para causar daño humanitario y para atacar, sobre todo, el vínculo comercial y financiero de la Isla.
Según sus disposiciones, la Mayor de las Antillas no puede exportar ningún producto a Estados Unidos (EE.UU.), ni importar de ese país mercancía alguna. Tampoco puede comerciar con filiales de compañías estadounidenses en terceros países, ni usar el dólar en transacciones comerciales, ni recibir turistas de esa nación norteamericana. Incluso, los barcos y aeronaves ni siquiera tienen permitido tocar territorio de EE.UU.
Concebida en cuatro títulos, además de internacionalizar un conflicto histórico al impedir que el mundo comercialice con Cuba, la regulación le otorga a ciudadanos o empresas norteamericanas –incluidos cubanos nacionalizados norteamericanos– derecho a interponer demandas ante tribunales de EE.UU. por presuntas posesiones en territorio cubano que hubieran cambiado de status legal a partir de 1959. Y, por supuesto, asegura que el bloqueo económico, comercial y financiero permanecerá hasta que nos rijamos por “normas democráticas”.
Desde hace décadas la Ley Helms-Burton ha funcionado como la columna vertebral de la política hostil de EE.UU. hacia nuestro país, que en la práctica se refleja en las innumerables trabas y privaciones impuestas por el bloqueo.
Recordemos que, de acuerdo con la más reciente actualización del Informe de Cuba en virtud de la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero por los Estados Unidos de América contra Cuba", en el periodo de enero a julio de 2021 ocasionó pérdidas estimadas en 2 mil 557,5 millones de dólares.
Los daños al sector de la salud, el transporte, la construcción, la industria, las telecomunicaciones o la informática alcanzan números exorbitantes, y, sin embargo, en nada se compara con el impacto psicológico que genera en la población vivir con carencias.
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Tal y como reconoce el citado documento, “no es posible contabilizar la angustia de un cubano al cual se le dificulta el acceso a medicamentos básicos porque una entidad estadounidense se negó a enviar los insumos necesarios para su producción, o el de una madre cuando conoce que, a su hijo, enfermo de cáncer, no se le puede aplicar el citostático más avanzado. No se puede medir la desesperación que causa la imposibilidad de materializar donativos y compras imprescindibles para sectores de alto impacto social, porque las compañías involucradas en su transportación cuentan con una sociedad estadounidense como accionista y temen ser objeto de medidas punitivas.”
Aun así, ni la Ley Helms-Burton ni el bloqueo han conseguido frustrar el proyecto sociopolítico iniciado tras el triunfo de la Revolución. Las acciones provocadoras y guerreristas de EE. UU, aunque perjudican a millones de cubanos, solo sirven para mostrar las verdaderas intenciones de quienes descaradamente dicen defender los intereses de la mayoría.
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