La excusa del terrorismo otra vez (+Gráficos)

El Departamento de Estados de Estados Unidos (EE.UU.) informó recientemente a su Congreso que Cuba no coopera lo suficiente con la nación norteamericana en la lucha contra el terrorismo y, por tanto, la administración de Joseph R. Biden mantendrá a la isla en la lista de patrocinadores de la violencia y el terror como forma de lucha política.

Publicado en el Registro Federal y firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, el anuncio incluyó también a Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, pero esta última no fue designada estado terrorista. Una decisión lógica si tenemos en cuenta los vínculos comerciales que ha establecido Washington con el gobierno de Nicolás Maduro en el sector petrolero desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Blinken argumentó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara que la decisión se basa en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso, aunque ya en marzo le había asegurado a la representante republicana de Florida Maria Elvira Salazar que el ejecutivo ni siquiera se planteaba la posibilidad de retirar a Cuba de tan infame listado.

De esta forma, continua la amplia estrategia de presión promovida por la Casa Blanca para lograr un cambio en el sistema socioeconómico de la Mayor de las Antillas. Sin embargo, esta acción en específico genera más dudas que certezas dentro de la élite política estadounidense. Pues recordemos que ex analistas de inteligencia que trabajaron tanto en administraciones republicanas como demócratas han confirmado que la nación caribeña no promueve el terrorismo de ninguna manera.

Incluso, Larry Wilkerson, jefe de gabinete del secretario de Estado de Colin Powel en la gestión de George W. Bush (2001-2009) ha dicho que todo esto se trata de “una ficción para reforzar la lógica del bloqueo”.

Aun cuando en el marco del acercamiento entre Cuba y EE.UU. el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) nos excluyó en 2015 por primera vez desde 1982, Donald J. Trump (2017-2021) volvería a incorporarnos a nueve días de culminar su mandato como “broche de oro” de un periodo marcado por las políticas restrictivas.

Por aquel entonces, el secretario de Estado de turno, Mike Pompeo, justificó la decisión con argumentos que desconocieron los principios vigentes en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Nuestra Negativa de extraditar a los miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia tras romperse los diálogos de paz con su gobierno y las estrechas relaciones diplomáticas con Venezuela sirvieron de punta de lanza a una retórica caricaturesca y sin sentido.

Con la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020 varios anticiparon un cambio de postura debido su pasado como vicepresidente en los dos mandatos de Obama y a sus promesas electorales de revisar la hostilidad heredada de Trump.

Además, el equipo que designó para manejar la política exterior destacó por su familiaridad con el tema cubano, debido a que varios estuvieron implicados de manera directa en las negociaciones efectuadas antes y después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Entre ellos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas—nacido en La Habana— el propio Blinken y la directora de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, Samantha Power.

Si bien Biden llegó al Despacho Oval con intereses definidos y una visión política diferente a la de su antecesor demócrata, se esperaba que asumiera una actitud similar a este respecto a Cuba; a pesar de que el contexto regional e internacional se antojaba mucho más desfavorable que el asumido tras Bush y se viera obligado a priorizar desafíos internos como la delicada situación sanitaria causada por el coronavirus, la crisis económica el desempleo, el racismo sistémico o la violencia policial.

En sus primeros seis meses el dignatario apenas se involucró de forma pública en los asuntos vinculados con nuestro territorio nacional. Eso sí, mantuvo el bloqueo, económico, comercial y financiero y las 243 medidas impulsadas en la era Trump. Una estrategia pensada para aprovechar el impacto negativo de la Covid-19, agudizar el descontento social y terminar de asfixiar el gobierno encabezado por Miguel Díaz- Canel Bermúdez.

Solo a raíz de las manifestaciones del 11 de julio hubo un interés que se tradujo en declaraciones injerencistas y en la validación formal de las medidas coercitiva legadas de las gestiones anteriores.

Biden no ha podido mostrar hasta la fecha pruebas que justifique a Cuba entre las naciones terroristas. Sin embargo, el país sufre las consecuencias. Sobre todo, el sector comercial, que se ha visto afectado por el dominio del aparato financiero norteamericano. 

El hecho de que los bancos cierren sus operaciones con entidades cubanas por miedo a ser multados por el Departamento de Estado o del Tesoro priva al país de ingresos y disminuye su capacidad de compra, lo que dificulta la adquisición de insumos imprescindibles para la satisfacción de las necesidades más elementales.

Nadie puede decir a día de hoy que Cuba resulta una prioridad para la actual administración. No obstante, la permanencia de las medidas coercitivas y el acoso internacional— más allá de su eficacia— responde de manera directa a un pilar fundamental de la política de estado estadounidense, la cual persigue, por sobre todas las cosas, generar un cambio favorable a sus aspiraciones geopolíticas en la región a partir del control más o menos manifiesto de la vida doméstica de la Isla.

A fin de cuentas, un motivo más que suficiente para tildar de terrorista a un país que sí ha sufrido durante décadas las consecuencias de acciones violentas por la mayor nación imperialista de la historia.