La consulta y el referendo popular sobre asuntos importantes para el futuro de Ecuador mantienen al país sobre ascuas tras el asesinato de dos alcaldes esta semana, una escalada en la crisis energética, y la condena internacional al presidente Daniel Noboa por ordenar el asalto a la embajada de México en Quito y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en el recinto con el rango de asilado político.
Son varias las peticiones para que Ecuador cumpla con los requisitos planteados en la Convención de Viena que esclarece las obligaciones de los Estados en la protección y seguridad de las sedes diplomáticas extranjeras en su territorio. Sin embargo, y de manera prepotente, Noboa declaró que no se arrepiente de la orden contra la sede diplomática para sacar a ¨un delincuente¨.
Incluso hay un pedido de México a Naciones Unidas (ONU) para que Ecuador sea suspendido de esa organización hasta tanto no devuelva sano y salvo a Glas, a quien el régimen neoliberal secuestró y mantiene detenido en La Roca, una cárcel de alta seguridad en Guayaquil, sin respetar su condición de asilado concedido por México tras revisar su caso y comprobar la situación de peligro para su vida en que se encontraba.
Sin embargo, el asunto está paralizado hasta ahora a pesar de las protestas no solo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que presentó pruebas irrefutables sobre el salvajismo de los soldados ecuatorianos sobre su personal diplomático- sino de la gran mayoría de los países latinoamericanos, caribeños y de otros continentes.
A esta crisis diplomática que revela hasta dónde y con qué respaldo cuenta Noboa para realizar una acción contraria al derecho internacional, se agrega el clima de inseguridad presente en el país, con el accionar de bandas mafiosas que responden a los jefes del narcotráfico, un enemigo infiltrado en el aparato institucional.
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En la última semana fueron ultimados dos alcaldes municipales por razones presuntamente políticas.
El de la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro, Jorge Maldonado, fue asesinado este viernes a tiros en ese cantón, y es el segundo crimen contra un funcionario municipal ocurrido esta semana en el país.
Medios locales reportan que Maldonado recibió varios disparos en la cabeza por parte de sicarios, que escaparon de inmediato, según testigos.
Hace dos día ocurrió otro incidente similar. El alcalde José Sánchez, del municipio Camilo Pons, provincia de Azcuy, también murió tras ser baleado por dos individuos.
A solo horas de la consulta popular y referendo impulsado por el mandatario es evidete cómo persiste la inseguridad a pesar de la presencia de militares en calles y cárceles como parte de la declaratoria de conflicto armado interno.
Entre 2023 y 2024, varios políticos fueron asesinados, entre ellos el candidato presidencial Fernando Villavicencio; el alcalde de Manta, Agustín Intriago; Omar Menéndez, aspirante a la alcaldía de Puerto López y también el postulado a igual cargo en Salinas, Julio César Farachio, así como la joven alcaldesa Brigitte García, de San Vicente, entre otros.
En las últimas horas, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) exigió al Ejecutivo garantizar la vida de los 221 alcaldes del país andino.
El pronunciamiento de la AME ocurrió luego del atentado contra Jorge Maldonado, acribillado a tiros más temprano.
Ante tal panorama, abundaron las críticas contra el Gobierno y su denominado Plan Fénix, promesa de campaña con la cual Noboa pretendía poner fin a la criminalidad en el país. Sin embargo, persisten los hechos violentos.
La petición oficial del presidente a Estados Unidos (EE.UU.) para que colaborara con sus soldados en el exterminio de los grupos paramilitares se hace realidad con la visita a Quito de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuya flota merodea desde hace años las aguas de distintos países latinoamericanos y caribeños, y otros funcionarios de Joseph Biden.
Noboa le ha entregado en la práctica su país a Washington, años después de que el presidente progresista Rafael Correa no suscribiera más el contrato que le permitía mantener en suelo de Manta una base militar norteña. Ahora Noboa amplia sus relaciones bilaterales, al extremo de que le permite a la potencia norteña intervenir en sus asuntos internos si le parece conveniente.
¿GANARÁ NOBOA ESTE DOMINGO?
Hay mucho en juego en el terreno político ecuatoriano este domingo. Noboa, que ganó los comicios del pasado año tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio –la derecha acusó al partido izquierdista Revolución Ciudadana, mermando las posibilidades de su candidata Luis González, la favorita al cargo-, pretende ganar para consolidarse en la presidencia y lanzar su reelección en 2025, ya que su actual mandato es de apenas 18 meses..
En momentos de enorme incertidumbre social, con cortes de electricidad varias horas al día, asesinato de políticos, atentados de las bandas mafiosas, protestas obreras por reducción de horas de trabajo (luego pagables) por la situación energética, muestran un cuadro complicado en momentos de una definitoria prueba de credibilidad gubernamental.
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Son varias las organizaciones sociales y sindicales que llaman a un NO rotundo a las 11 preguntas de la consulta, que están enfocadas a ponderar el papel de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, dándole nuevos poderes de fuerza y exterminio, ya que Ecuador vive bajo un estado de excepción y guerra interna, según declaró el mandatario.
Analistas consideran que el aumento de las críticas contra el Gobierno y su denominado Plan Fénix, y su evidente fracaso, sirven de entorno a las 11 preguntas que deberán responder, si lo estiman conveniente, los 13 000 000 de votantes convocados a las urnas.
Este jueves 18, Noboa aseguró que pronto difundirá los nombres de los ¨‘capos reales¨ del narcotráfico que operan tanto en las ciudades grandes como en las fronteras, a los que clasificó como “objetivos militares”.
“Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni sus ubicaciones, sino que se han enfocado en echarle la culpa a capos menores, pero las estructuras son muy grandes y muy fuertes, son transnacionales” e incluso, precisó, “gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras transnacionales criminales”.
Respecto a las 11 preguntas que contiene la boleta de la consulta y referendo, Noboa aprecia que resultará ganador y consideró que sus adversarios políticos están nerviosos porque sí se impondría en las urnas.
Cuestionó a sus enemigos políticos a los que acusó de sabotajes temporales al sector energético del país. Esta semana, dijo, nos ha dado palo sin parar, han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia y han tratado inclusive con presión internacional de sancionarnos a nosotros, como país soberano, como país democrático, porque están nerviosos; el domingo el sí va a ganar en la consulta”, expresó Noboa.
Su actitud indica que Noboa apuesta todo a la consulta y referendo, un proceso cuestionado por los detractores del sistema político ecuatoriano. Se estima que son mas de 13 000 de ecuatorianos convocados dentro y fuera del país.
Con ese proceso, el mandatario busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Las dos interrogantes más polémicas y criticadas están relacionadas con el contrato laboral por horas y la posibilidad de permitir el arbitraje internacional en materias de inversión, comercial y contractual.
“Estamos frente a un presidente con prácticas autoritarias”, afirmó el abogado y analista Mauro Andino, para quien Noboa quiere ganar como sea la consulta popular y para ello está haciendo de la mentira una herramienta electoral y de gestión política.
En opinión de expertos, las preguntas de la consulta relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional no tendrán el respaldo abrumador que Noboa quisiera tener, pero en el resto, conseguiría un apoyo considerable.
Seis de las interrogantes pertenecen a la consulta y cinco al referendo. Estas últimas pueden causar cambios o enmiendas en la Constitución del país suramericano.
Movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles, expertos y analistas advierten que es un proceso innecesario y engañoso, el cual costará 60 000 000 millones de dólares y pone en riesgo la soberanía nacional y a los trabajadores.
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