La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, tiene razones para denunciar un eventual golpe de Estado contra su gobierno, por las mismas personas, dijo, que contribuyeron para sacar por la fuerza de igual cargo a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009.
 

Castro, quien habló en el 82 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña, libra una dura batalla contra la corrupción, la pobreza, y otros males heredados de más de una década de narco-regímenes aliados a la peor estirpe política de América Latina. En su reciente discurso dejó claro que – al referirse a los opositores- “esas son las figuras que están saliendo ahora” y precisó que es víctima “de una conspiración de sectores que quieren desestabilizar mi administración”.
 

Primera mujer en 200 años en ocupar la primera magistratura del país y también la más votada en las urnas con un 68% de apoyo, esta política encarna la esperanza del pueblo con sus promesas de cambios estructurales.
 

Al hablar en Tegucigalpa sobre las intenciones de sus enemigos, Castro precisó que los actuales acontecimientos “quieren quebrar a un Gobierno electo de manera democrática y la población debe estar muy atenta”.
 

Sin muchos preámbulos, ratificó que Honduras no es un Estado de derecho, “pues si lo fuera, precisó, tengan la plena seguridad de que aquellos que intentan o que simulan decir algunas frases o pretenden generar la desestabilización, debían ser llamados por la Justicia por traición a la Patria”.
 

El mensaje fue claro y lo entendieron los posibles involucrados en la conspiración –no se descartan legisladores de agrupaciones adversas-. “Quienes en el pasado saquearon al país y lo endeudaron, dijo, hoy se visten de demócratas y de personas con transparencia, pretendiendo evadir su responsabilidad histórica”.

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Esta mujer nacida en 1959, madre de cuatro hijos, pretende dar un vuelco de 180 grados a la actual situación en que viven sus coterráneos, quienes están obligados a emigrar debido a la pésima situación nacional. Se estima que unas 100 000 personan emigran cada año, una cifra que se redujo en 2022. Sin embargo, en ese primer período de gobierno izquierdista 94 339 hondureños fueron retornados desde los países donde pensaban cambiar sus vidas.

CON EL MAZO DANDO
 

Algunos círculos políticos consideran que las disposiciones de la gobernante, más arriesgadas que las de su esposo, son el pretexto para querer derrocarla.
 

Al expresidente Zelaya la derecha local lo criticaba porque “iba tomando el camino de Venezuela” cuando solo había expresado su eventual acercamiento a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, fundada por los fallecidos presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Fuerzas militares lo sacaron por la fuerza de madrugada de su hogar, lo montaron en un avión, y lo dejaron en Costa Rica.
 

Fue una larga espera de más de una década para que su esposa, quien dirigiera en las calles de Tegucigalpa, la capital, la resistencia contra los golpistas, asumiera las riendas hace poco más de un año.
 

Sus intervenciones públicas son seguidas con sumo interés en los círculos políticos y sociales. En su intervención acusatoria afirmó que ejecutará las reformas estructurales para salir de la mora social que hoy sufren las grandes mayorías, o sea, los pobres. Para ello tiene que librar, como lo hace, una ardua lucha con el Congreso Nacional, en manos de politiqueros y conservadores.
 

Según estimaciones oficiales, la población hondureña asciende a 10 312 322 personas y, de ellas, más del 59% vive en la pobreza y más del 32 % en pobreza extrema. El 20 % de los niños sufre retraso en el crecimiento, debido a una creciente inseguridad alimentaria y altos niveles de desigualdad y violencia, que afectan a féminas, niñas, comunidad LGBTIQ+ residentes en zonas urbanas periféricas, o rurales.
 

La anterior administración de Juan Orlando Hernández –detenido en Estados Unidos (EE.UU.) por liderar un cártel de la droga- dejó a Honduras en pésimas condiciones económicas, y un país sin prestigio internacional.

Castro pretende transformar esa imagen, que junto a la vulnerabilidad climática, la criminalidad, el narcotráfico, y otras lacras, minan a la sociedad. Para ello y como un paso considerado fundamental en el apoyo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, la mandataria coordinó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la llegada de un equipo de expertos que dejaría instalada la Comisión Internacional contra la corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
 

Como antecedente, el expresidente Hernández expulsó a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos en 2020, luego que su dirección tocara redes criminales ligadas a importantes estructuras políticas partidarias y judicializara los primeros 13 casos en el Ministerio Público. La salida de esa institución generó una frustración colectiva.

¿QUIÉNES SON LOS ENEMIGOS DE CASTRO?
 

La presidenta, postulada por el partido Refundación y Libertad (Libre), en solo un año de gestión adoptó medidas que molestan a la derecha tradicional hondureña y a EE.UU., una potencia imperialista siempre presente en la política nacional.
 

Una de las últimas disposiciones oficiales –bombardeada por los medios al servicio de la oligarquía- fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, y la ruptura con Taiwán, un paso que desagradó a los líderes de la Casa Blanca, temerosos del crecimiento de la zona de influencia de Beijing en la región centroamericana.
 

No obstante, la administración de Joseph Biden mantiene una política mesurada en Honduras, al menos públicamente. La posición estratégica de esa nación en Centroamérica (en concreto por su vecindad con Nicaragua) la hace indispensable para la geopolítica trazada por la Casa Blanca, más aún en el escenario actual cuando se va descomponiendo el llamado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

Ese único movimiento político contra la hegemonía estadounidense hubiese sido suficiente en otro momento para que Washington determinara la destitución de la presidenta. Sin embargo, las condiciones en Honduras son diferentes, e incluso el tema migratorio detiene a los tecnócratas estadounidenses.
 

Una muestra de que cualquier estrategia contra Castro les puede explotar en el rostro es la reacción de sectores políticos y populares ante la repetición de un golpe de Estado.

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Desde principios de abril ella viene apretando el puño. El pasado día 9, en medio del estado de excepción, dictó la intervención de las 25 cárceles hondureñas cuando en un evidente desafío a las autoridades, las bandas mafiosas Maratrucha se amotinaron de forma simultánea en cuatro de esos centros, disparando con armas de grueso calibre.
 

Cambio de personal y la implantación de rigurosas disposiciones decidió Castro, quien pretende controlar los recintos que albergan a importantes jefes de la mafia y la delincuencia hondureña, quienes dirigen sus negocios en el exterior desde esos lugares.

PUNTOS DE APOYO
 

Son numerosas las voces que respaldaron la advertencia de la jefa de gobierno, entre ellas las del dirigente sindical Carlos H. Reyes, y de la Coordinadora general del Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras, Berta Oliva.
 

En una presentación televisada, Reyes, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria y Similares (STIBYS) instó al pueblo “a poner atención a lo que está pasando, y llamó al movimiento social a jugar un rol más protagónico en defensa de la democracia”.
 

Reyes señaló que  “es necesario de nuevo la movilización del pueblo, organizarlo y trazar planes para contribuir a que el país no se hunda mas”.
 

Respecto a la denuncia de la presidenta, dijo que sus enemigos se encuentran en el Ejército, la Policía y los empresarios, así como en una serie de instituciones que cada día atacan toda acción oficial con el propósito de quebrarla.
 

Oliva también fue muy directa. En su opinión, las Fuerzas Armadas (FFAA) fueron durante 12 años de narco-dictadura “los bastiones para la pérdida de la democracia. Ellas fueron, estimó, las que dieron la cara durante el golpe contra Zelaya”.
 

Hasta ahora, en ningún momento los uniformados que violaron los derechos humanos de los hondureños de forma continuada y extendida han sido juzgados en los tribunales locales ni en la Corte Penal Internacional (CPI).
 

Para la Coordinadora, la presidenta es la jefa de los militares solo en papel, ya que “el Comando Sur de EE.UU. está en nuestro país y los mismos que propiciaron el golpe de 2009 son los que están ahora. Ellos, aseguró, no han sacado las garras, pero lo van a hacer”.
 

Respecto a los levantamientos en la pasada Semana Santa, Oliva los catalogó de una señal de fuerza para debilitar las acciones gubernamentales.
 

Entre los que desean el fracaso del gobierno de Libre está la prensa hegemónica. En Honduras hay una matriz mediática instalada para desfigurar cualquier acción oficial y colocar en el imaginario colectivo social que el actual Ejecutivo es un fracaso.
 

Analistas políticos entienden que en el interior del partido Libre algunos dirigentes y diputados disidentes se dedican a ensombrecer los pasos de desmontaje de la anterior dictadura de Hernández.
 

Para el diputado Germán Salazan, de la agrupación oficialista, figuras conocidas disfrazan sus anatemas contra el gobierno, denunciando en la prensa supuestos actos de autoritarismo, desprecio a los militantes de Libre, y otros argumentos propios de un enemigo a tiempo completo.

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