Xiomara Castro exige cuentas claras (+Audio)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es una mujer de palabra. La empeñó en enero pasado, cuando asumió una nación arruinada por la corrupción, entre otros grandes males sociales, y siempre mirada con interés por Estados Unidos (EE.UU.).

Casi un año después, Castro anunció de manera pública que chequeará el trabajo de todos los funcionarios que designó para determinar por qué 47 instituciones no han ejecutado, al menos en papeles, ni la mitad de los fondos asignados por el Estado.

Diciembre será clave, por tanto, para ministros y secretarios, ya que, según sean los resultados de los análisis anunciados, hay posibles cambios en el gabinete que acompaña en su gestión a la primera dignataria en la historia nacional.

Ante medios políticos que se extrañan de la transparente actitud de Castro, el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor, refirió que “a diario estamos en evaluación de gestión por resultados, y ya es el momento de que si es preciso ella tome decisiones”.

Los movimientos del actual gobierno siempre son seguidos de cerca, para bien o para mal, pues está muy próxima aun la vivencia de 12 años de una administración corrupta dirigida por el exmandatario Juan Orlando Hernández (JOH), ahora encarcelado en EE.UU.

Son varias las figuras políticas que se han pronunciado por la decisión de la presidenta izquierdista, quien arrasó en las elecciones del 2021 para iniciar, según sus palabras, la refundación del país centroamericano, en el que un 74 % de la población vive en miseria y cuatro de cada 10 ciudadanos lo hace en situación de pobreza extrema.

Esta es la primera vez que un gobierno en Honduras hace la medición de todos los ministros para conocer cómo han manejado sus dineros.

Para el titular de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, no debe haber excusas por parte de los funcionarios, y si no hay resultados entonces se deben hacer los cambios pertinentes. “Estoy de acuerdo, precisó, que no podemos culpar a alguien más si algunos ministros no hicieron bien su trabajo”.

La decisión de Castro, de 63 años, de vasta experiencia política, casada con el expresidente Manuel Zelaya, no es fortuita.

• Consulte además: Xiomara Castro y la refundación de Honduras (+Audio)

El pasado 31 de octubre se comprobó que 47 instituciones del Estado no habían ejecutado ni el 50% de su presupuesto. Incluso, dos de ellas ni siquiera desembolsaron públicamente una lempira (24,63 lempiras en promedio por dólar, en la fecha). Entonces, tiene que esclarecerse la situación, según la Secretaría de Finanzas.

Entre las instituciones que deberán rendir cuentas sobre el dinero entregado y no empleado –o al menos es lo que parece- sobresalen la Secretaría de Asuntos de la Mujer con cero ejecución de sus 25 700 000 lempiras asignadas, y el Programa de Acción Solidaria, sin reportes de gastos de los 88 900 000 lempiras entregadas.

Uno de los principios del gobierno del partido Libertad y Refundación, fundado en 2011 por el frente de resistencia popular creado luego del golpe de estado cívico-militar ordenado por Washington contra Zelaya en 2009, es la exigencia de respeto para que nadie siga tratando de desestabilizar el país, dictarle sus medidas o escoger sus relaciones con otros Estados.

De ahí que la presidenta, quien dijo cuidará cada lempira mientras dirija el país, solicitó la instalación de una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad, con el apoyo del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y ESTADOS UNIDOS

En Honduras, estiman analistas políticos, en la actualidad la austeridad y la transparencia en asuntos públicos constituyen un referente oficial y una necesidad para una población desamparada.

Honduras acaba de salir de la dictadura de JOH, (uno de los títeres favoritos del exmandatario Donald Trump), quien espera juicio en EE.UU. a donde fue extraditado, por estar presuntamente implicado –según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York– en el uso de dinero del narcotráfico para financiar la campaña en las elecciones del 2103, y, burlando la Constitución Nacional, reelegirse en 2017.

También está indicado por participar en una conspiración para la fabricación y distribución “de una sustancia controlada” en pleno conocimiento de que sería exportada de manera ilegal a EE.UU.

Este dignatario entregó durante su gestión a 59 capos del tráfico de cocaína con apoyo de la estadounidense Agencia Antidrogas (DEA, en inglés), pero en 2020 cortó relaciones con la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

Esa organización, creada con el respaldo de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), investigó a decenas de funcionarios del régimen hondureño, incluido el hermano de JOH, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado en EE.UU. por narcotraficante a cadena perpetua en marzo de 2021.

CONTRA LA RIQUEZA DE UNOS POCOS

En distintas intervenciones públicas, Castro ha defendido a Honduras como una nación que debe sobrevivir y para ello no puede seguir premiándose –si se quiere que el país sobreviva, ha dicho- a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumentan la desigualdad de forma exponencial.

Luego de vivir bajo un modelo rentista por parte de la comunidad financiera internacional, el gobierno de Libre encontró una nación sumida en un mundo de violencia y pobreza, con proyectos fallidos o abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico.

Negada, y así lo dijo en la tribuna de la Asamblea General de la ONU este año, a que Honduras siga siendo considerada una República Bananera –según sus palabras– explicó que su proyecto posee una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía.

“Por ello, dijo entonces, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario, en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez”.

Honduras, nación centroamericana con 9 597 739 habitantes, muchos de ellos emigrados debido a la situación imperante hasta la llegada de Castro, tiene una relación muy especial con EE.UU., que analistas consideran elásticas, según va marcando el sinuoso camino del proyecto político izquierdista.

Quedó demostrado que Washington eliminó a Zelaya mediante un golpe de Estado el día fijado para una consulta popular sobre la participación de ese país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fundada por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez.

La salida forzada del mandatario –que se pensaba ganaría la medición– fue otra muestra de la histórica injerencia de EE.UU. en esa nación, donde radica la base militar de Palmerola –a 86 kilómetros de Tegucigalpa– con 500 soldados norteamericanos de manera permanente, desde hace 38 años.

Más allá de la presencia militar, Honduras sostiene vínculos fluidos con EE.UU., que es su principal socio comercial y coopera, además, en salud, educación, seguridad y defensa, precisan fuentes oficiales.

Esto, sin embargo, no impidió su reciente protesta cuando la embajadora norteamericana, Laura Dogu, se dijo “preocupada” por el tratamiento a las inversiones privadas en el país. Las declaraciones de Dogu –de evidente advertencia a Castro– surgieron cuando Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pidió al gobierno mayores garantías para la defensa de la propiedad privada, en medio de un pataleteo publicitario.

Facussé hacía referencia a una toma de terrenos en las afueras de Choluteca, en el sur de Tegucigalpa, la capital. Unas 1 600 familias, organizadas para reclamar acceso a la vivienda y la tierra, nombraron al campamento “Ciudad Mel Zelaya” en homenaje al dignatario defenestrado.

“Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital”, dijo Dogu durante una reunión en la Cámara de Comercio Hondureño- Americana. En respuesta, el canciller Eduardo Enrique Reina citó a la embajadora para una reunión cuyo contenido era reservado.

Se conoció, empero, que la diplomática estadounidense trató de zafar el cuerpo con referencias a la iniciativa de la vicepresidenta Kamala Harris de invertir en zonas campesinas de Honduras, conocida como “llamado a la acción”. El empobrecido campo hondureño es el mayor emisor de emigrantes. EE.UU. solo busca evitar el éxodo masivo hacia su territorio.

Acostumbrada a intervenir en los asuntos internos del país centroamericano, la embajadora criticó lo que calificó de “algunas políticas” internas que están complicando las probabilidades de éxito, del plan Harris.

Dogu tampoco estuvo de acuerdo con la estrategia gubernamental en el sector energético y las reformas en el plano laboral y de las inversiones, actitudes siempre repelidas por Tegucigalpa.

La embajadora recordó que su gobierno aprobó más de 2 220 millones de dólares en inversiones durante la fallida Cumbre de las Américas, a la que Castro no asistió, y que “una gran parte estaba destinada a Honduras”.

Así esclareció más su política de soborno –al que Washington está habituado– para tratar de doblegar a las naciones pobres y pequeñas.

Honduras vive “escoltada” por los regímenes imperiales de EE.UU., que de una manera o de otra, bajo el disfraz de la ayuda humanitaria, esconde (para quien no lo conozca) sus intereses de dominar América Latina.

El presidente Joseph Biden, como antes Trump, promueve la transferencia de fondos –más de 330 000 000 de dólares, según la embajada norteña– en proyectos de salud y educación, cuyos resultados, sin embargo, no son visibles.