La presidenta hondureña Xiomara Castro adoptó en los últimos días una serie de medidas consideradas rigurosas –y nadie duda habrá otras-   para ir desanclando la inseguridad ciudadana, enquistada en los últimos 12 años de gobiernos corruptos, las que incluye el sistema carcelario nacional.

Primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país centroamericano, desde hace poco más de un año, Castro (1959), casada con el exmandatario y uno de sus actuales asesores, Manuel Zelaya, tiene una deuda con su pueblo, y es la de librar un combate a fuego contra la criminalidad, la corrupción, y el crimen organizado, tres flagelos que ganaron amplio espacio durante el régimen de su antecesor, ahora encarcelado en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández.
 

¨Doce años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras y pandillas y crimen organizado, público y privado, no se arreglan en 12 meses”, explicó la mandataria a través de su cuenta en Twitter tras dictar nuevas disposiciones que forman parte de su plan gubernamental..

Castro insistió en que en anteriores gobiernos, Honduras "fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo", organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el territorio nacional, donde viven 10 307 784 personas.
 

Hernández y su hermano permanecen en prisión luego de ser extraditado por las autoridades estadounidenses. El exmandatario es acusado de ser el jefe de uno de los cárteles que operan en esa nación de Centroamérica.
 

• Consulte además: Honduras: emergencia nacional en materia de seguridad

LA PODREDUMBRE DEL SISTEMA CARCELARIO

En las 26 cárceles en función en Honduras conviven 19 568 presos, pese a que la capacidad máxima total es para 8 000. En esos centros conviven desde narcotraficantes hasta quienes resultaron detenidos por un escándalo público. Ocurre que personas que antes eran trabajadores o estudiantes se ven obligados a compartir espacios con homicidas y narcotraficantes. Lo peor es que, además –indican cifras oficiales publicadas en el diario La Prensa- casi la mitad de los reclusos no poseen sentencias dictadas en tribunales.

De ahí que el gobierno progresista del partido Libertad y Refundación (Libre) considere preciso fortalecer las entidades relacionadas con el tema de la violencia carcelaria, fomentada por los grupos de delincuentes, algunos muy peligrosos, y que actúan con la anuencia de las direcciones policiales.

En ese sentido, la presidenta afirmó: “Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como los que he heredado”.

Las nuevas directrices fueron dictadas luego de que el pasado día 9 se registraran varios tiroteos entre bandas criminales en cuatro centros de reclusión, con saldo de un fallecido y seis heridos, indicaron autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Según reportó el Canal 8 de televisión, las acciones las ejecutaron miembros de la pandilla 18 y de la mara salvatrucha MS-13 en las cárceles de los departamentos de Santa Bárbara, El Paraíso y Francisco Morazán.

En opinión del director del INP,  Otoniel Castillo, esos hechos constituyen la respuesta de las estructuras criminales a las medidas adoptadas el pasado día 3 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para combatir a esas bandas.

Para los hondureños, y aun cuando los grupos que operan en el país puedan tomar represalias, Castro no cambiará de opinión y mantendrá el programa trazado para combatir la delincuencia organizada, tanto en las prisiones como las que todavía actúan en libertad.

El pasado 31 de marzo, aprobó en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la "II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen" y volvió a prorrogar el estado de excepción decretado a finales de 2022 que, luego de los últimos sucesos, extendió a 125 municipios del país, fronterizo con El Salvador, también permeado por la violencia desplegada por los pandilleros.

Para algunos analistas, los dos países están obligados a cooperar mutuamente en la eliminación de esa lacra social, pues la comunicación terrestre común – de unos 400 kms- puede determinar el paso tanto de delincuentes como de armamento en las dos direcciones.

Apenas comenzó la guerra contra las pandillas en El Salvador, las autoridades hondureñas incrementaron el patrullaje policial en la frontera con más de 600 elementos enviados para detener a quienes pretendían penetrar en territorio nacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, invitado a visitar Honduras, declaró el estado de excepción el pasado año, hasta la actualidad. En ese periodo, las fuerzas militares capturaron a más de 65 000 presuntos delincuentes. Mientras, se construye una megacárcel para acoger a parte de ese personal.

Sin embargo, las acciones que se aplican en Honduras son mucho más abarcadoras. Ellas forman parte del Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, presentado por Castro durante su candidatura a la presidencia en 2021.

El documento propuso el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, consideradas actividades que retroalimentan a las organizaciones criminales.

También plantea "desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos".

En concordancia con ese proyecto, como explicó en noviembre pasado Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía de Honduras, Castro también puso en marcha el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.

Para la mandataria, la extorsión es "el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras" y una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios, por lo que declaró emergencia nacional en materia de seguridad.

SIN TREGUA A LAS PANDILLAS

Desde el pasado 3 de abril, como parte del plan, 3 000 miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se desplegaron en siete departamentos del país: Colón, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro y Copán, en apoyo a la Policía Nacional.

Una semana después, el gobierno anunció la intervención de los centros penales del país. "La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo", dijo Castro en la ocasión.

Otra de sus decisiones fue la designación de Semma Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad, para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que maniobran dentro de las cárceles.

Según el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), durante sus primeros 12 meses, el gobierno restituyó roles y funciones a la Policía – suplantada por los militares después del golpe de estado a Zelaya en 2009–, desmilitarizó los centros penales, puso las bases para la creación de la Policía Comunitaria y reemplazó la Fuerza nacional antimaras y pandillas por una Dirección policial.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), aseguró que la estrategia del actual Ejecutivo está dando resultados: los homicidios en 2022 se redujeron casi un 13%, la tasa  más baja en los últimos 16 años.

Los primeros tres meses del nuevo año parecen confirmar esa tendencia, con una disminución del 26.5% de los homicidios (-253) en comparación a los meses de enero-marzo de 2022.