Venezuela en pos de superar crisis inducida por Estados Unidos (I)

La renuncia y posterior destitución del ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sacude hasta los cimientos al ilegitimo Grupo de Lima, concertación de regímenes contrarrevolucionarios detractores del gobierno constitucional de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, que mantiene una desigual batalla con la reacción mundial para mantener vigente el proceso político chavista.

El Grupo de Lima nació después de que fracasaran los planes de implementar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado año en Venezuela. Al sentirse rechazados por la mayoría del colectivo de los de esa organización, se agruparon en Lima bajo las órdenes directas de Estados Unidos.

La caída del también llamado PPK, por las siglas de su partido Peruanos por el Cambio debido a la inmoral corrupción con la firma brasileña Odebrecht, constituye dos fuertes golpes a los planes de la Casa Blanca contra los venezolanos: primero al equipo de regímenes contrarrevolucionarios con sede en Lima ahora descabezados, y de manera paralela a la celebración de la VIII Cumbre de las Américas, el 13 y 14 del próximo mes en esa capital, que se desmorona como un castillo de naipes y cuyo tema de análisis es, paradójicamente, “La gobernabilidad democrática y la corrupción”.

Para analistas, los planes del republicano Donald Trump, cuyos estrategas pensaban dar una estocada final al presidente Maduro en Lima —cita a la que fue invitado como corresponde y luego rechazado por PPK— se vienen abajo, pues existe la comprobada inmoralidad de algunos miembros del Grupo, afectados por delitos de corrupción y en conjunto porque tampoco tienen como demostrar la supuesta crisis humanitaria existente en la atacada nación del Sur de América.  

A ese órgano, que representa lo peor de la gobernabilidad en Centro y Suramérica pertenecen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, además de Canadá.

En un articulo publicado en la versión digital del diario La Estrella, de Panamá, el articulista Yulio Yao auguró el fracaso de Washington en su intento “por ampliar la base de su intervención contra Venezuela en la cita continental, pues la ausencia del mandatario renunciante deja al desnudo la fragilidad democrática y la orfandad moral y política de sus aliados”.

Yao recordó que la Declaración de Lima, en agosto de 2017, que creó el Grupo, perdió su razón de ser a raíz del informe vinculante del investigador independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el estadounidense Alfred-Maurice de Zayas, quien declaró que “en Venezuela no existe una crisis humanitaria que exija una intervención humanitaria” (léase armada), como aspiraba a concretar Trump en la capital peruana.

El artículo afirmó que De Zayas reconoció en su análisis que en Venezuela “hay desabastecimiento y penurias ocasionadas por la guerra económica y comercial de una oposición violenta contra su pueblo, aupada desde el extranjero, y no de una opresión interna”.

Este viernes 23, ese Consejo de la ONU aprobó la resolución propuesta por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que condena las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Venezuela. 

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, divulgó a través de Twitter el contenido de la Resolución, presentada en el 37° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, realizado del 26 de febrero al 23 de marzo, cuando denunció el efecto negativo de las acciones de intervención promovidas por el Gobierno estadounidense y por la Unión Europea (UE) contra su país.

En 2017 el régimen de Trump emitió 735 pronunciamientos o comunicados contra la nación suramericana y en lo que va de este año anunció 105 negativas declaraciones.

Igualmente, señaló que el pasado año Trump amenazó a Venezuela con una posible intervención militar y además sancionó al país con el fin de perjudicar la economía y la calidad de vida del pueblo.

En opinión de varios analistas, la Resolución de la ONU y los recientes acontecimientos ocurridos en Perú, demostrativos de la corrupción existente en la derecha latinoamericana, constituyen un grave traspié para la VIII Cumbre y deja a la Casa Blanca sin el telón cómplice de fondo para agredir militarmente a la patria de Hugo Chávez.

La mayoría de los presidentes agrupados en Lima tratan de instalar en el mundo una imagen distorsionada de la realidad venezolana, sin mencionar jamás las razones de lo que allí ocurre. La gran prensa que responde a los cárteles oligárquicos, el poder político que comanda la ofensiva, en especial Estados Unidos y sus aliados, y la creciente diáspora venezolana, de amplia mayoría antichavista, buscan crear una confusión ideológica en distintos ámbitos gubernamentales y populares, en especial fuera del área latinoamericana y caribeña.

El pueblo de Venezuela, su gobierno y su presidente están luchando para mantener la Revolución inclusiva legada por Chávez con los recursos a su alcance, continuamente lacerados por presiones y sanciones norteamericanas, que además pretenden impedir la segura reelección de Maduro en mayo próximo, en un proceso comicial transparente y donde se medirá con otros seis candidatos de partidos opositores.
Por tener la principal reserva mundial de petróleo, de oro, diamantes y otros recursos naturales codiciados por Estados Unidos, y por mantener vigente un proceso democrático inclusivo, Venezuela deviene este siglo en el centro gravitacional político de la región, en momentos en que ya no existe la mayoría de los gobiernos progresistas —por distintas razones— que trataron de transformar la región a partir de los años 90 del pasado siglo.

La Casa Blanca ni siquiera disimula el plan de desestabilización existente detrás del bloqueo financiero impuesto al irredento país, al que también atacó ahora con el no reconocimiento y boicot de la criptomoneda, el petro, una formulación novedosa para tratar de burlar el bloqueo petrolero impuesto también en Washington.

No obstante, el sabotaje a la economía venezolana, catalogado como “campaña de presión” por Francisco Palmieri, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afecta de lleno el financiamiento del Estado suramericano, con límites a su capacidad de obtener divisas, recibir pagos y negociar préstamos, afirmó el analista Gerardo Szalkowicz, colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos Telesur.