Un volcán en los Andes peruanos (+ Audio)

Nunca un año político ha sido más largo y difícil –al menos eso indican los acontecimientos- que el vivido por el presidente peruano Pedro Castillo, un dirigente sindical en la humilde región de Cajamarca, donde era maestro de una escuela rural, atrapado en una red de enemigos de distinta tendencia, pero muy en especial, la poderosa oligarquía de la nación andina.

Castillo (1964) de baja estatura, habituado a movilizarse en un caballo, miembro de las rondas organizadas para defender a las comunidades de ataques armados, sin una experiencia política notable, no ha tenido un día de paz para gobernar y cumplir con sus votantes, identificados en las zonas rurales donde vive la población más pobre del país.

El dignatario, y así lo indican de manera cronológica los acontecimientos, continúa sin cometer su plan de gobierno, impedido por el Congreso Nacional, con la mayoría en manos (24 escaños) del derechista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien derrotó en los comicios en su tercera incursión en las urnas. El segundo lugar, con 16, lo ocupa Perú Libre, de Vladimir Cerrón, quien no pudo candidatearse por cumplir condena por corrupción y propuso en su lugar al maestro de Cajamarca para utilizarlo, según concluyen analistas políticos, como una marioneta a su favor.

Las discrepancias entre Castillo y Cerrón concluyeron cuando este decidió pedir la baja del partido, creando una escisión en el oficialismo. Ahora Cerrón es otro de sus enemigos.

Desde que entró al Palacio Nacional el 28 de julio del 2021 para un período de cinco años, el Congreso Nacional, que en al menos cinco oportunidades deerrocó a igual número de dignatarios, mantiene una actitud hostil contra la dirección del país, pues su primera intentona fue evitar la toma de posesión, reconociéndolo solo un mes después de ganar los comicios.

Cuando apareció en los medios públicos con su vestimenta de hombre rural, y tocado con un sombrero de paja llamado chota, usado por los campesinos en el Perú profundo, el nuevo presidente fue el hazmerreir de la burguesía local, asentada en Lima, la capital.

A partir de entonces, y luego de organizar su gabinete, tuvo que cambiarlo en cuatro ocasiones. Los congresistas opuestos a que un campesino de humilde origen gobernara el riquísimo Perú, cuna de políticos corruptos, escudriñaron en cada uno de los titulares designados. Solo el cuarto gabinete, y a regañadientes, resultó aprobado. Ya habían pasado más de cuatro meses desde que usó por primera vez la banda presidencial.

Esa pugna de poderes se corresponde con los planes desestabilizadores de la derecha peruana. Aunque el dignatario sigue sin poder hacer gobierno, en los primeros meses la figura de Cerrón, que se declara socialista, impedía siquiera un acercamiento político con los congresistas.

Hasta el momento, Castillo logró librarse de dos peticiones de vacancia solicitada en el Legislativo, pero que pueden ser consideradas victorias pírricas, pues ahora ya está en discusión una tercera, con mayor fuerza. Las acusaciones se han extendido hasta sus familiares y allegados.

Mientras, el presidente también ve reducida su popularidad, pues sometido a presiones políticas, dictó algunas controvertidas órdenes –como el estado de excepción- que lo alejaron de algunos bolsones poblacionales.

A su lado, se mantienen fiel las regiones profundas, de donde es oriundo, pero la pregunta es cuánto tiempo mantendrán esa posición ante la ofensiva de la derecha apoyada por los congresistas.

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Ipsos a mediados de junio pasado, el 75% de los peruanos desaprueba la labor del mandatario, y 70% desaprueba la del Parlamento. Un desprestigio general que podría crecer todavía más.

Son varias las causas judiciales que rodean al mandatario, incluyendo a varios de sus familiares cercanos. La fiscalía de la nación había decidido que las investigaciones se realizaran una vez que el dignatario concluyera su mandato. Pero al ser nombrada Patricia Benavides como nueva fiscal ordenó reactivar el proceso por ser el presunto autor del delito de tráfico de influencias, y lo citó para el próximo 4 de agosto, además de otras figuras para lo que queda de este mes.

Uno de los presuntos delitos constitucionales de Castillo, es su intromisión en el proceso de ascensos en un grupo de oficiales que le son cercanos y el retiro de otros, como el general de división José Vizcarra Álvarez. Para entonces, el periódico La República había publicado varias notas sobre intentos de allegados al gobierno de promover a algunos oficiales, al margen del proceso.

El 23 de octubre del 2021, el diario oficial El Peruano divulgó las resoluciones supremas firmadas por el mandatario y el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, dando cuenta de los ascensos a los grados superiores en las Fuerzas Armadas.

Cerrado el caso por la demostrada negativa presidencial de interceder a favor de los oficiales, la entonces fiscal a cargo suspendió la investigación ahora reabierta. En una situación oscura, respecto a las imputaciones del general Vizcarra, el ex ministro Ayala persistió en que el caso carecía de pruebas y  refirió a periodistas que ¨no hay evidencia de que yo haya solicitado ascensos para dichos oficiales del Ejército porque no los conocía”, ni el presidente tampoco.

El exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, prófugo de la justicia, está incluido en la relación de citados, así como Zamir Villaverde y Karelim López, quienes declararon tener conocimiento de las presiones del jefe del Estado para ascender a sus allegados.

Esta es una de las siete investigaciones en que está mencionado Castillo, entre ellos un caso de corrupción, según confirmó su abogado, Benji Espinoza, quien refirió que la indagación es contraria a lo establecido por la Constitución Nacional para proteger la investidura de los jefes de gobierno.

El caso se armó luego de un contrato irregular para la construcción de un costoso puente que favorecería mediante contratos de obras públicas a determinadas empresas.

La hipótesis de la Fiscalía plantea que Castillo es presuntamente jefe de una organización criminal que cometía delitos de tráfico de influencias y colusión agravada. Están comprometidos Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones también prófugo; Pacheco, y dos sobrinos de Castillo.

Las acusaciones cuentan con gran apoyo político opositor y mediático y refuerzan los planes de la oposición de destituir al gobernante.

Algunos legisladores de derecha afirmaron a periodistas locales que solo esperan que las pesquisas recojan pruebas contundentes contra el jefe de Estado para alcanzar los dos tercios de votos del total de integrantes del parlamento unicameral, lo cual no han logrado en dos intentos previos.

En este contexto político, en que el gobierno no logra enderezar rumbo para cumplir las promesas de campaña, también se presenta un complejo panorama para la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, vinculada al fujimarismo y la ultraderecha, a quien le señalan el uso de términos asociados a la discriminación y el racismo.

En una intervención ante los legisladores, en la que acusó al gobierno de generar confrontaciones, Alva afirmó que el Parlamento está al servicio de todos los peruanos y mencionó entre estos a ¨indios y blancos¨, por lo que de inmediato fue criticada duramente por el oficialismo y la prensa. 

La Defensoría del Pueblo hizo una declaración pública, sin mencionar a la política, en la que rechaza ¨toda expresión que genere discriminación a aludir a aspectos raciales de las personas¨.

En 1821 el Libertador José de San Martin dispuso llamar ciudadanos a los indígenas y el presidente Juan Velasco Alvarado cambió el nombre del Día del Indio, el 24 de junio, por el Día del Campesino, al decretar en esa fecha de 1969 la reforma agraria.

A esta situación tensa en extremo, se une la acusación de dos periodistas por su presunto secuestro por ronderos de Cajamarca. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución Nacional y cuentan con leyes propias que las facultan para administrar justicia en sus territorios. En medio de un gran alboroto mediático, los ronderos afirmaron que retuvieron a los reporteros porque no pidieron permiso para ingresar a sus tierras y se rehusaron a identificarse. El líder de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), Santos Saavedra, señaló que la ignorancia sobre el proceder de las rondas campesinas genera opiniones adelantadas. “Se va a demostrar jurídicamente que las rondas no han cometido ningún delito de secuestro”.

“La Constitución señala, argumentó, que las rondas tienen función jurisdiccional, pueden detener, investigar y condenar respetando los derechos fundamentales de la persona¨ precisó el líder de los ronderos.

El mal ya está hecho y es otra manera de atacar al jefe del gobierno, quien en Cajamarca integró esas milicias. El propósito de la oligarquía es desaparecer las rondas, un valladar contra los abusos de los terratenientes y sus grupos paramilitares.

Así se proyecta el Perú de hoy, donde se libra una guerra entre los poderes de la República, y en las que aunque hasta ahora se mantiene en el cargo, Castillo sigue siendo un político a la defensiva, no a la ofensiva.

Su plan de dotar a Perú de una nueva Constitución Nacional se aleja cada vez más. Solo creen en él los campesinos del Perú profundo, los que les dieron sus votos  y esperan por los imprescindibles cambios que urgen en el país.