Un burdo calificativo que Cuba NO merece

Hace unos días, como parte de su voluntad de retomar las conversaciones en busca de la paz en Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro anunció en La Habana la decisión de no continuar considerando a Cuba promotora del terrorismo, pretexto esgrimido hace cuatro años para detener el diálogo político con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país sudamericano.

El gesto recibió el agradecimiento de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, quien en un encuentro con las partes involucradas en tales negociaciones afirmó que incalculables daños ha ocasionado ese burdo calificativo impuesto por los Estados Unidos, en su intento por derrocar la Revolución.

En escenarios internacionales y en las redes sociales la Isla ha denunciado su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, máxime cuando ningún funcionario de la Casa Blanca ha podido sostener honestamente, o presentar una evidencia creíble que ampare tal calumnia, tal cual señaló el propio Díaz-Canel ante el Parlamento cubano el 23 de julio último.

Sostuve encuentro con representantes del gobierno de #Colombia y del ELN, partes del proceso de paz en ese país, junto a los garantes de Noruega y #Cuba, y representantes del Secretario General de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana. pic.twitter.com/5GeGGxsWT8

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 12, 2022

Recordó entonces que el Departamento de Estado norteamericano utiliza esa y otras listas similares como instrumentos de coerción política; manipula con oportunismo temas sensibles como el terrorismo, la religión, los derechos humanos, la corrupción y muchos otros para arrancar concesiones a países soberanos o castigarlos cuando van en contra de sus intereses.

Inicialmente junto a varias naciones Cuba estuvo en esa relación desde 1982 hasta 2015, año en que fue excluida en medio de un proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana impulsado por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama.

Pero a principios de 2021, a los pocos días del cambio de gobierno en Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció la decisión de la nueva administración de Joe Biden de volver a incluir a la mayor de Las Antillas en la fatídica lista.

Usó de argumento la negativa de la nación caribeña (garante en los diálogos por la paz) de extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, tras un atentado con bomba, en enero de 2019 en una academia policial de Bogotá en el que murieron 22 personas.

“Nuestro país es signatario de los 19 convenios internacionales relacionados con el enfrentamiento al terrorismo, y condena este flagelo, del cual ha sido víctima, en todas sus formas y manifestaciones. Jamás se ha permitido que territorio cubano se utilice para organizar acciones terroristas contra cualquier otro país”, declaró a mediados de junio del pasado año a Cubadebate Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La funcionaria alertó entonces el hecho de que estemos nuevamente en esa lista le permite a entidades estadounidenses abrir procesos legales contra Cuba, amparados en las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

Pero las consecuencias van más allá pues ante todo “tienen que ver con restricción de las exportaciones, eliminación de determinados beneficios comerciales y con la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales, así como la prohibición de exportación de armamento y las limitaciones para el otorgamiento de ayuda económica”.

“Inmediatamente que el 22 de enero de 2021 se inscribe en el Registro Federal que Cuba ha entrado en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, muchos bancos del mundo cerraron sus operaciones con entidades cubanas, por miedo, por pánico, a veces por temor o porque reciben un e-mail intimidatorio por parte del Departamento de Estado o del Tesoro cuando se descubre una transferencia”, explicó la entrevistada.

John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, dijo por entonces a BBC News Mundo que para las empresas estadounidenses tal decisión del gobierno de Biden será otro desincentivo, entre muchos otros, con vistas a buscar oportunidades para exportar, importar o suministrar servicios a la nación caribeña.

Las instituciones financieras tendrán otro motivo para evitar operaciones con Cuba, acotó el experto, y no le sobraron razones pues tal como contó Johana Tablada “en el servicio exterior de Cuba, por ejemplo, más de 30 bancos desde enero para acá (primer semestre de 2021) cerraron sus operaciones con la Isla y con nuestras misiones exteriores.”

Otro ejemplo, el más doloroso, tiene que ver con la salud, dijo la funcionaria de la Cancillería, en alusión a lo oportunista y criminal de la medida, en medio del enfrentamiento a la COVID-19.

“Al tú privar a un país de sus ingresos y disminuir su capacidad de compra, eso dificulta la adquisición de los insumos para fabricar medicamentos en Cuba. Hoy no es secreto para nadie la falta de antibióticos en el país, de medicamentos de uso habitual, incluyendo los hospitalarios, y nosotros hemos llegado a esa situación, sin contar el programa de vacunación. Hay una guerra contra los proveedores de Cuba en este momento y todo eso ha tenido que ver con la inclusión de nuestro país en la lista y con las 243 medidas de Trump”, señaló.

Tal cual han señalado las autoridades cubanas, siguen intactas todas esas decisiones, campañas e intentos desestabilizadores contra la Revolución, pero por suerte, muchos gobiernos, pueblos, instituciones, organizaciones, personalidades y amigos de la mayor de Las Antillas conocen bien de las malas intenciones y nefastas consecuencias al calificarla promotora del terrorismo.