Con un timonazo que trata de sacar a Honduras del esquema de corrupción y pobreza heredada de la administración antecesora, la presidenta izquierdista Xiomara Castro realiza un grupo de acciones para adelantar programas de vital trascendencia interna, mientras sus enemigos tratan de desestabilizar su gobierno desde el mismo día que inicio su gestión.
Castro, primera mujer en más de 200 años en asumir la primera magistratura en esa nación centroamericana de 9 726 975 habitantes, un 73 % de ellos pobres, está en medio del fuego incesante de las clases privilegiadas, pues 18 meses después de su asunción, y a pesar de los escollos puestos por sus enemigos, cada día busca caminos alternativos para salir adelante.
Casada con el expresidente Manuel Zelaya, ahora su asesor, a quien en 2009 destituyeron mediante un golpe de Estado cívico-militar por acercarse a sus pares progresistas latinoamericanos, la dignataria devino bandera de la resistencia por el retorno de la democracia. Ahora enfrenta retos políticos y socio-económicos acumulados durante décadas de neoliberalismo.
Su antecesor, Juan Orlando Hernández, está encarcelado en Estados Unidos (EE.UU.), adonde fue deportado tras comprobarse que era el jefe de un cartel del narcotráfico que accionaba en la nación centroamericana, uno de los corredores de la droga en la región.
Dando muestras de su inteligencia y valor, ya que EE.UU. buscó acercamientos a la mandataria con el tema de la migración, sin resultados hasta ahora, dio un paso valiente y de suma trascendencia al restablecer las relaciones diplomáticas con China –lo que Washington no esperaba- reconoció la unidad de ese país asiático, rompió relaciones con Taiwan, y viajó a Beijing donde firmó 17 acuerdos que, dijo, espera puedan impulsar la economía nacional, maltrecha por la corrupción estatal, agravada por la presencia de la Covid-19 y la presión de multinacionales presentes en el país.
La visita de Castro a la capital china trajo como consecuencia el alboroto de los medios hegemónicos de Honduras, que es decir casi toda la prensa y sus redes sociales. El 98 % de las publicaciones allí son privadas y responden a la oligarquía local, Ejemplo del poder de los millonarios hondureños es que el 5 % más rico del país apenas genera el 6 % de los puestos de trabajo.
Durante su estancia de seis días en la nación asiática (del 9 al 14 de junio), invitada especial de su par Ji Xiping, con quien departió sobre temas de las relaciones bilaterales, Castro y su anfitrión firmaron 17 documentos en materia de economía, comercio, finanzas, tecnología, telecomunicaciones, infraestructura, consultas reciprocas, exoneraciones de visas, entre otras.
La declaración conjunta de Honduras y China explica que se concertará el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral en corto plazo, lo que llevaría un soplo fresco a la economía.
Castro se reunió también con la directora del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NBD), -que tiene su sede en Shanghái- la exmandataria brasileña Dilma Rousseff , a la que solicitó la admisión de su país en el sistema de financiamiento de la entidad bancaria. El NDB constituye una alternativa, bajo términos de colaboración solidaria, al Fondo Monetario Internacional (FMI), prestamista capitalista cuyo pago de intereses supera el dinero entregado y supervisado en cuotas, como ocurre ahora en Argentina.
Para algunos países fuertemente endeudados, como Honduras, el financiamiento del BRICS puede ser una solución para el despegue económico y una base estratégica para un crecimiento sostenible a mediano plazo.
El Grupo Brics, bajo la liderazgo temporal de Brasil, está integrado, hasta ahora, por Rusia, India, y Sudáfrica, pero está en etapa de crecimiento.
Con ese viaje criticado por los oligarcas locales y visto con ojeriza por la Casa Blanca, Honduras se desmarca de la hegemonía que ejercía EE.UU. en su territorio, lo cual profundizará, además, la brecha con sus enemigos.
Otras disposiciones adoptadas por Castro, que llegó al gobierno como candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) fundado luego de la destitución de Zelaya y bandera de la resistencia al neofascismo de Hernández, fue la ofensiva policial y militar contra las pandillas que controlan amplias zonas del país y aterrorizan a la población.
A lo interno, la violencia es uno de los grandes males derivados, entre otras causas, de la lucha por el poder del tráfico de drogas y la continua creación de bandas paramilitares integradas en su mayoría por jóvenes sin estudios.
La policía militar publicó imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados, en una decisión que sacó de circulación a miles de miembros de las pandillas que asolan el territorio hondureño.
Aunque –como ocurre desde que tomó el poder- las criticas se multiplican contra la llamada Operación Fe y Esperanza, porque, según ofendidos partidos políticos que nunca protestaron contra las continuos asesinatos y masacres, sugiere un parecido con las decisiones del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene en prisión a mas de 60 000 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y otras agrupaciones, sin otras instrucciones
Sin embargo, hay una evidente diferencia entre las dos propuestas, ya que el arresto primero y la intervención militar después de las cárceles determinada por Tegucigalpa busca la recuperación social de los detenidos al ofrecerles estudios y un cambio en sus vidas.
La ofensiva de las autoridades hondureñas iniciada el pasado mes, que comprende el toque parcial de excepción y de queda en varios municipios, ocurrió tras violentos incidentes en las prisiones, entre ellos la muerte de 46 internas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) por reyertas entre pandillas rivales, 13 fallecidos, casi todos obreros que festejaban un cumpleaños en un billar, tiroteados por miembros de Pandilla 18, y otros ocho ciudadanos en distintas localidades entre junio y julio.
“He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos (…) por matones dirigidos por cabecillas del narcotráfico actuante”, escribió Castro en Twuiter el pasado domingo.
En estos momentos, en los que analistas consideran un mensaje de fuerza a la población, dos cárceles involucradas en los incidentes están intervenidas por tropas militares para evitar enfrentamientos internos. En esos recintos fueron incautados desde el pasado mes centenares de armas de alto calibre, teléfonos celulares y satelitales, explosivos y municiones que los reos poseían con el visto bueno de autoridades corruptas en esos sitios.
Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta, afirmó que las intervenciones militares “pondrán fin a los remanentes de la narcodictadura. Estos esfuerzos son una base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad. También vamos, precisó, por los autores intelectuales que operan desde afuera, y destacó que las cárceles dejarán de ser escuelas del crimen¨.
Mientras, una misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se encuentra en Tegucigalpa para reunirse con autoridades del gobierno y del Congreso Nacional. Juntos evaluarán la posibilidad de la nueva instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Ese órgano fue expulsado por el anterior régimen, que no renovó su contrato debido a que formaba parte de la mafia del narco.
Durante su campaña electoral de 2021, Castro prometió que, si ganaba, tomaría medidas contundentes contra la corrupción y acordaría una nueva misión con la ONU, ahora en cumplimiento.
Además, se pone en marcha el pacto entre el gobernante LIBRE, el Partido Nacional y el Partido Liberal sobre la composición de la nueva Corte Suprema y el establecimiento de la CICIH. Según dicho texto, la misión debe ser legitimada por una reforma constitucional.
La anterior gestión demostró que puede resultar exitosa la lucha contra la impunidad. Se judicializaron 14 casos con más de 130 imputados, entre ellos diputados, exministros y funcionarios públicos de alto rango, lo cual constituía un peligro para Hernández y sus secuaces.
En su año y medio de gobierno, Castro ha obtenido importantes logros, aunque cada día cuenta con desafíos a su gestión, en especial la guerra que le imponen disidentes de su partido LIBRE y de otras agrupaciones amparadas por los medios de comunicación masiva dirigidos por cómplices de los jefes del narco.
En diálogo con el periódico argentino Página 12, el abogado hondureño especializado en derechos humanos Humberto Gil afirmó que el desmantelamiento del cartel dirigido por Hernández llevó a un resurgimiento de la violencia libre e impune, ahora en vías de ser controlada.
“El gobierno de Xiomara entiende, afirmó, que el discurso de derechos humanos es legitimador y plantea un discurso favorable y de transparencia para que las organizaciones y los espacios de la sociedad civil puedan vigilar lo que se está haciendo”.
Sin embargo, es visible que los medios de comunicación asumen una posición enfermiza respecto a la jefa de Estado, pues cualquier iniciativa de su Ejecutivo es criticada públicamente. Ahora ellos forman parte de una oposición rancia que ignora el más mínimo avance en la gestión administrativa. No consideran que el actual gobierno recibió al país sumido en una profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, males heredados tras 13 años de Gobiernos neoliberales.
La prensa hegemónica y sus directivos, pagados por consorcios locales y extranjeros, olvidan que esta mujer, una figura prominente de la izquierda latinoamericana, garantiza, por ejemplo, el servicio eléctrico de manera gratuita a más de un millón de personas pobres que consumen menos de 150 kilowatts/mes.
Su administración subsidia, al contrario de lo que ocurre a nivel global, el precio de los combustibles, en tanto busca opciones para garantizar una educación de calidad y gratuita a niños y jóvenes.
La dignataria derogó, entre otras, la ley de empleo por horas que precarizaba el trabajo y agudizaba la pobreza, e implantó el programa Red Solidaria, el cual beneficia a unas 400 000 familias de más de dos mil aldeas, una iniciativa calificada como integral por las autoridades.
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