Texaco en Ecuador: La denuncia de la tierra amazónica

Ecuador calcula que la petrolera Chevron contaminó cinco millones de metros cúbicos de tierra y que abrió unas mil piscinas y fosas en las que depositó 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros de residuos sin ningún tratamiento ambiental.

Sin embargo, a pesar de las múltiples pruebas del daño medioambiental causado por la empresa, los crecientes reclamos de los pobladores de las zonas afectadas y el apoyo internacional, Chevron a través de tretas legales u otras fórmulas ha logrado evadir la justicia y evita responsabilizarse de los daños en la Amazonía ecuatoriana. 

Ahora, la trasnacional petrolera pretende desconocer el fallo que en su contra dictó la Corte de Sucumbíos, quien se encargaba del proceso judicial, y ha implementado una campaña de desprestigio de más de 400 millones de dólares, apoyada por medios nacionales e internacionales.

En agosto fueron dados a conocer registros públicos de gastos y documentos legales que revelan que Chevron está pagando a lobistas y a firmas de relaciones públicas millones de dólares, con el fin de fomentar el conflicto con el gobierno ecuatoriano. Esto forma parte de su estrategia global para evadir el pago de una sentencia judicial por contaminación ambiental, que alcanza de manera general millones de dólares.

Para lograrlo, aumentó sus gastos de cabildeo en Estados Unidos de 12,8 millones de dólares en el 2009 a 20,8 millones de dólares en el 2010, según informes citados por la agencia de noticias Andes.

De igual manera, ha contribuido con más de más de 10 millones de dólares a candidatos al congreso estadounidense durante el lapso del juicio.  A lo que se suma que, durante el 2009 y el 2010, ha sido el mayor donante a organizaciones sin fines de lucro asociadas con miembros del Congreso y la administración central.

Las informaciones apuntan a que Chevron también es uno de los principales contribuyentes a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Este grupo ha estado muy involucrado en presionar a su filial en Ecuador, con el fin de apoyar los esfuerzos de la empresa petrolera de cancelar las preferencias comerciales.

Otra de las vías utilizadas es la presentación de múltiples demandas contra el gobierno ecuatoriano en Cortes internacionales. De esta forma, Chevron mantiene un arbitraje privado contra el gobierno del país sudamericano, por el monto total de los daños.

Por supuesto, esta intensificación de su estrategia tiene lugar en un momento en que sus perspectivas legales en el caso se han debilitado considerablemente, aseguran expertos.

Una historia de lucha

La demanda originaria por daños ambientales contra la petrolera fue presentada en el 1993 por ciudadanos ecuatorianos en Nueva York,  pero a petición de Chevron la Corte Estadounidense pasó el caso al Ecuador en el 2002.

La Corte ecuatoriana la encontró responsable de haber arrojado de manera sistemática billones de galones de desechos tóxicos en la Amazonia entre 1964 y 1992. Un período en el que la petrolera Texaco operó una gran concesión petrolera que tenía más de 375 pozos y varias estaciones de producción. Al ser comprada por Chevron en el 2001, esta última heredó el juicio.

En este contexto, la Corte ecuatoriana obligó a pagar a Chevron una indemnización de 9 mil 500 millones de dólares por haber causado uno de los “mayores desastres medioambientales del mundo”, entre 1964 y 1990.

Además, se impuso una sanción que consistía en que pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de 15 días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo, la sanción se incrementaría el doble del monto señalado.

Según esta disposición, la petrolera ahora debe a los afectados más de 19 mil millones de dólares. La cifra se iba a destinar a un plan para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza de vías donde se arrojaron crudos y la implementación de un plan económico para los campesinos con tierras afectadas por la contaminación.

Más tarde, en enero del 2012, el pleno de la Corte Provincial de Sucumbíos, quien se encarga del caso, ratificó la sentencia en segunda instancia.

Sin embargo, hace unos días, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington consideró que Ecuador debe pagar unos 96 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el veredicto obedece a lo prescripto por un tribunal de arbitraje de La Haya, con sede en Holanda, que determinó que el tratado comercial firmado en 1997 por ambos países protege las inversiones de la petrolera estadounidense en territorio ecuatoriano.       

A mediados del 2013, el presidente ecuatoriano Rafael Correa inició la campaña La Mano Negra de Chevron, que busca demostrar el daño ambiental provocado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. 

Entre las pruebas de la contaminación provocadas por las malas prácticas de Texaco, se encuentran los perjuicios a la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana, al exponerlos cotidianamente a sustancias tóxicas.

Por ejemplo, el agua tóxica que sale de la extracción del petróleo es una de las principales sustancias causantes del cáncer, mientras el gas que se esparce al quemar el petróleo afectó al aire.

Además, la economía de los pobladores sufrió, pues se contaminaron las fuentes de sus principales actividades productivas, la pesca y la caza. Un hecho que provocó el desplazamiento de nacionalidades indígenas que habían vivido en la zona históricamente como los Tetetes y Sansahuari, precisó Andes.
A pesar de todas las evidencias que apuntan a la culpabilidad de la empresa, Chevron ha ejercido presión para desestimar el caso en su juicio, considerado por muchos como uno de los más relevantes procesos dentro de los derechos humanos y ambientales.