El tiempo apremia. Se aproxima el 14 de enero, día de la investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el Ministerio Público (MP), el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, considerados parte del Pacto de Corruptos, continúan sus maniobras, ahora para quitarle la inmunidad y procesarlo para eliminarlo de la escena política.
Guatemala, (del náhuatl Cuauhtemallan, ¨lugar de muchos árboles) tiene una población de 18 607 184 habitantes –según el censo de 2022-, con un 70% de ellos en miseria absoluta, y más de 4 000 000 emigrados en su mayoría a Estados Unidos (EE.UU.).
Analistas recuerdan que el botín nacional fue repartido durante décadas por grupos mafiosos enquistados en la institucionalidad, (no presentables pero funcionales) mientras los factores del poder real en el país (alto empresariado y embajada de EE.UU.) les otorgaban su beneplácito.
Esas poderosas fuerzas consideraban que los resultados de las últimas elecciones les brindarían una continuidad protectora para asegurarles sus beneficios capitalistas. Sin embargo, el barco hizo aguas cuando de manera sorpresiva el candidato del Movimiento Semilla, el académico, profesor y catedrático Arévalo, diputado nacional, ganó los comicios con amplio margen a su rival, la exprimera dama derechista Sandra Torres.
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Desde entonces, el Pacto de Corruptos –una asociación estructural porque tiene leyes que les permiten la corrupción y la inmunidad y el control del Estado- utiliza su poderío para perseguir a Arévalo y su partido, y a sus más cercanos colaboradores, entre ellos la vicepresidenta electa, la científica Karin Herrera.
Esa red de poderes económicos, judiciales y políticos incluye funcionarios gubernamentales, militares, jueces y fiscales, empresarios y estructuras criminales que colonizan el sistema institucional en Guatemala desde hace, por lo menos, una década, siempre en favor de sus intereses.
En su última maniobra contra los líderes electos, la fiscal general de la República, Consuelo Porras, (cabeza visible del Pacto junto a otros magistrados) acusó al mandatario electo de supuestos daños al patrimonio local en la Universidad San Carlos, donde ejerce como profesor, y exigió el retiro de su inmunidad parlamentaria para que sea juzgado junto a otras 25 personas.
Al presentar el caso el pasado día 16, la Fiscalía argumentó que tanto Arévalo como otros profesores –incluso Herrera- estuvieron en el campus universitario tomado por la fuerza por decenas de estudiantes que rechazaban las elecciones efectuadas en esa casa de estudios superiores.
En su declaración precisó que ¨el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita¨.
El profesor Arévalo –que sufre una continua persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP), considerado un golpe de estado técnico- aseguró este martes ante el Congreso Nacional (donde también opera el Pacto) que son falsas las acusaciones que buscan remover su inmunidad, en tanto comenzó ese mismo día, y por la misma causa, el juicio contra la excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco, y otros 25 detenidos entre estudiantes y docentes.
En su intervención ante los parlamentarios, el futuro mandatario defendió su inocencia y la de miembros de su partido Semilla, ajenos a los sucesos ocurridos en la Universidad. Si prevaleciera la acusación en su contra y fuera llevado a juicio entonces sería suspendida la toma de posesión y habría que celebrar nuevas elecciones, en las cuales no tendría derecho a participar.
¨Nadie debe ser perseguido por sus opiniones políticas. La verdad y la justicia prevalecerán¨, indicó en sus canales de comunicación este político que abrazó durante su campaña la bandera de la anticorrupción y la promesa de un cambio en la vida de los guatemaltecos más vulnerables.
El académico de 64 años precisó que ¨No dejaremos que pisoteen la semilla de la esperanza¨, manifestada en el balotaje efectuado el pasado 20 de agosto, fecha que marcó los movimientos del Pacto de Corruptos para evitar por medios ilegales su llegada al poder el próximo año.
NO CESAN LAS PROTESTAS POPULARES
Desde que comenzó el complot judicial contra el triunfo de Arévalo –que este denunció como un golpe de Estado anticipado- las calles de Guatemala están colmadas de personas que exigen la renuncia de Porras y otros magistrados involucrados en un proceso calificado espurio por observadores.
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En la actualidad hay 42 miembros del sistema judicial guatemalteco exiliados en distintos países debido a su oposición al Pacto de Corruptos, mientras cada día bajo la jefatura de Porras siguen siendo hostigados políticos que denuncian al mandatario saliente Alejandro Giammattei y otros personeros de su régimen.
En el ámbito de las libertades, la represión ejercida en estos últimos años arroja cifras cada día más graves. Durante los dos últimos años se documentaron 2 057 atentados contra activistas de la justicia social y 211 contra operadores de su aplicación, indicó este mes la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).
Ante la evidente persecución y coacción del MP, miles de guatemaltecos llevan casi 50 días en las calles de los 22 departamentos del país, y muy en especial en Ciudad de Guatemala, la capital, para exigir la salida de Porras y otros implicados en el intento de golpe de Estado contra la futura administración.
Desde antes del balotaje de agosto, el 12 de julio último el MP por medio del fiscal Rafael Curruchichi suspendió la personalidad jurídica de Semilla, autorizado por el juez Fredy Raúl Orellana, violando la ley y desconociendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), único ente encargado de un proceso de esa índole, si fuera necesario. El partido está ahora inhabilitado.
Sin embargo, el TSE anunció a Torres y a Arévalo como ganadores de primera vuelta y el seguimiento al balotaje.
Un día después, el MP ingresó ilegalmente a la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal y extrajo papelería relacionada con el partido Semilla. Sin embargo, todas los sabotajes han resultado un fracaso hasta ahora, mientras cada día crece la defensa del futuro presidente.
La elección de Arévalo fue vista como un quiebre de más de 70 años de dominio político y empresarial en Guatemala. Su plataforma, basada en la transparencia, justicia social e inclusión, resonó en los ciudadanos deseosos de un cambio profundo. La presencia de más de 45 observadores internacionales subrayó la legitimidad y fortaleció la confianza de la ciudadanía.
Este martes, ante la última maniobra de Porras, varias caravanas de vehículos
procedentes del oeste del país centroamericano culminaron su recorrido en el centro de la Ciudad de Guatemala, donde se unieron a organizaciones indígenas y otros sectores movilizados desde principios de octubre pasado.
Las protestas son convocadas por comunidades indígenas y secundada por la gremial de transportistas del departamento de Sololá, de donde proceden los vehículos, tras el nuevo movimiento del MP contra la voluntad popular.
Organizaciones de pueblos ancestrales y sociales repudiaron este miércoles el ¨golpe de Estado¨ del MP contra Arévalo, tras la solicitud de retiro de su inmunidad.
En conferencia de prensa, los líderes de las manifestaciones calificaron de ¨autoritario¨ a Giammattei y lo acusaron de reprimir la voluntad de la ciudadanía.
¨Toda la información conocida públicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de callar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado¨, argumenta un texto firmado por la entidad Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew.
El presidente de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, Luis Pacheco, pidió al MP que no cree figuras delictivas inexistentes, menos en un momento inoportuno, precisó, ante el cambio de gobierno en enero próximo.
¨A partir de nuestro llamado a las manifestaciones el pasado 2 de octubre se incorporaron miles y miles de personas de distintas comunidades, argumentó Pacheco, ¨y logramos momentáneamente parar el golpe e ir construyendo articulación y unidad ¨.
Es evidente en todos los territorios y departamentos, precisó, la capacidad y poder que se logró para defender la decisión popular expresada en las urnas. Advirtió que ahora el centro de las decisiones se trasladó al Congreso, con la aprobación del presupuesto nacional de 2024 y leyes contra el pueblo.
Los representantes de los pueblos indígenas aseguraron que los diputados cómplices del actual régimen quieren seguir con la corrupción y los beneficios para ellos, tomando disposiciones importantes en los últimos 10 días, antes de que termine su periodo ordinario.
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